El ERE de la mina de wolframio se cierra con 49 despidos tras acordar las indemnizaciones

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de la mina de La Parrilla, situada entre Santa Amalia (Badajoz) y Almoharín (Cáceres), considerada la mayor reserva de Europa de wolframio, afectará definitivamente a 49 trabajadores y la empresa se hará cargo de la totalidad de las indemnizaciones.

Según ha informado este martes a la agencia Efe el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO, Jesús Martín, la empresa ya ha entregado la carta de despido a los trabajadores y les ha hecho la transferencia.

La propuesta inicial de la empresa británica W Resources Plc era paga una parte de la compensación y el resto, hasta llegar a los 20 días de salario por año trabajado, por medio de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Esto lo que no fue aceptado la parte social, que planteó el abono de los 20 días de salario por año trabajado en el mismo momento de recibir la carta de despido, lo que finalmente se ha conseguido, según Martín.

La representación de los trabajadores siempre ha considerado que la empresa tenía dinero para afrontar la totalidad de la compensación y acudir al Fogasa supondría una demora de entre seis meses y un año para poder cobrar, además de la burocracia que conlleva.

Martín ha aclarado que el problema nunca ha estado en el número de trabajadores afectados.

Además, la empresa se ha comprometido a volver a llamar a los despedidos una vez que obtenga los permisos medioambientales necesario para retomar la actividad.

La Junta de Extremadura impuso dos multas a la compañía, de 5.000 y 60.002 euros, respectivamente, por no contar con autorización ambiental y por el incumplimiento de disposiciones reglamentarias en materia de seguridad minera, detectados por la Dirección general de Industria, Energía y Minas en 2020.

La empresa británica construyó y puso en funcionamiento una balsa de lodos para el proceso de tratamiento de minerales extraídos sin el permiso de la Junta, según informó el año pasado el Ejecutivo regional.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) trasladó a la Administración regional en septiembre de 2021 un requerimiento efectuado a la empresa por el vertido de aguas ácidas en el que exigía a la empresa que tomara medidas para evitar la contaminación con aguas residuales del dominio público hidráulico.