La Junta mejorará la calidad de la contratación pública restando peso al precio y evitando las “bajas temerarias”

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes para mejorar la calidad en la contratación pública, entre las que se incluye restar peso al precio y evitar las llamadas “bajas temerarias” en las licitaciones y contrataciones públicas.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que las empresas que optan a contratar con la administración autonómica se quejaban de la subida de los precios de los materiales, lo que afectaba a sus contratos.

Según Juan Antonio González, con este decreto, que afectará a las contrataciones y licitaciones que se hagan a partir de ahora, se quiere que se tengan en cuenta “otras variantes”, con lo que podrán concurrir más empresas y con mayor margen.

Para el portavoz regional, si el objetivo en 2022 es la creación de empleo, “es necesario cuidar de las empresas” y desde el punto de vista legislativo crear la condiciones para que exista un mercado atractivo para que la obra pública salga adelante, “porque de esa manera ganamos todos”.

El decreto tiene por objeto mejorar la calidad y eficiencia de la contratación pública en determinados ámbitos estratégicos para contribuir al impulso de la recuperación, la inversión y el crecimiento sostenible e innovador, según lo aprobado por el Consejo.

Entre las medidas que incluye este nuevo decreto ley se incluye la ponderación del precio, de modo que se posibilita la utilización de fórmulas de valoración de las ofertas económicas que, poniendo en valor la relación entre la calidad y su coste, eviten “la presentación de ofertas mediocres” a causa de la minoración de los precios o que no se ejecuten conforme a contrato debido a su falta de viabilidad económica.

También habrá una reducción progresiva de la valoración de las ofertas a partir de un determinado nivel de baja o la no concesión de puntos adicionales a las ofertas inferiores a una determinada cifra.

Esto reduce las diferencias en las puntuaciones que obtienen las empresas en las proposiciones económicas y, por ende, concede mayor protagonismo a las puntuaciones relativas a cuestiones técnicas, de calidad, organizativas, etcétera.

González ha explicado que además, se acotan de un modo más riguroso los márgenes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar las bajas desproporcionadas que pongan en riesgo los bienes o servicios contratados y eviten una ejecución inadecuada del contrato.

Asimismo, se introduce una regulación más detallada para la aplicación de los criterios de calidad y se establece un marco de actuación específico para la contratación de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

También se contemplan medidas para equilibrar la viabilidad económica de la contratación de obra pública, con la obligatoriedad de incluir una cláusula de revisión de precios en todos los contratos que se liciten por procedimiento abierto y la no penalización en los supuestos en los que se produzcan retrasos en los plazos, motivados por la falta de suministros a consecuencia de desabastecimientos imprevistos no imputables al contratista.