Ni las eléctricas son invencibles, ni siempre gana la banca

Los grandes, especialmente la banca y las eléctricas, siempre ganan. En la consciencia colectiva se asume con resignación este mandamiento inquebrantable.  Pero a veces, sólo a veces, el verbo con acento extremeño de los dioses, en forma de sentencia del Tribunal Constitucional, les recuerda a los poderosos que son mortales. A veces desde el Olimpo juegan a la ruleta fiscal  y hacen saltar la banca. Incluso a veces, los muy osados y divertidos, obligan a las eléctricas a pagar un millar de millones de euros. Parafraseando a Churchill, premio Nobel de literatura a la par que primer ministro británico en sus ratos libres, “nunca tantos rascaron tanto el bolsillo a tan pocos.”

Este relato, de pura realidad jurídica y política, empezó allá por 1997 estando Aznar en la  Moncloa y cuando en  Extremadura Rodríguez Ibarra había perdido la mayoría absoluta.

Había que negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y a nadie le sorprendió que no hubiera acuerdo entre Aznar e Ibarra. También, a petición del Gobierno de España, la UE reprogramó escandalosamente a la baja los Fondos Europeos para Extremadura. De modo que la situación económica de Extremadura, por aquellas fechas, podría definirse con brevedad y precisión con dos palabras: “Estrangulamiento financiero”.

En esa situación de adversidad, el entonces responsable de la Hacienda regional,  pergeñó una salida de coraje. Gravar a los más ricos con nuevos impuestos singulares. Los ricos elegidos, no al azar, fueron la banca, las inmobiliarias y las eléctricas. Así vieron la luz el Impuesto sobre los Depósitos de las entidades de Crédito (IDEC), el impuesto de solares sin edificar  (ISSE) y el de instalaciones que incidan en el medioambiente (IIMA). Característica común de este paquete tributario es que legalmente nunca fuera posible trasladarlos al bolsillo de los ciudadanos extremeños.  Además de justicia social, estos impuestos compartían un fin público no meramente recaudatorio. Se pretendía desmotivar fiscalmente las actuaciones de esos grandes contribuyentes en materia de especulación urbanística, incidencia en el medio ambiente y la captación de pasivo crediticio autóctono sin redundar.

Los tres nuevos tributos, como era de esperar, no despertaron entusiasmo entre los sujetos pasivos, que resultaron muy activos  en su oposición judicial a las liquidaciones debidas. Como de munición financiera y megavatios jurídicosno estaban escasos dichos litigantes, asistimos  a un conflicto jurídico que en sus sucesivas fases ha perdurado durante 20 años, y que acaba se resolver por tercera y definitiva vez el Constitucional en su Sentencia de 31 de octubre pasado.

El impuesto de solares sin edificar y el impuesto a la banca, tras años de batallas jurídicas terminaron siendo una realidad legal, amparada por el Constitucional. Ganaba Extremadura y por primera vez no ganaba la banca.

Sin embargo, la madre de todas las batallas legales llegó de manos de las compañías eléctricas, y sus aliados gubernamentales, que no aceptaban de modo alguno ese nuevo impuesto extremeño.

Cual ataque preventivo, hubo de forma inmediata un Recurso de Inconstitucionalidad del Gobierno de Aznar frente a la ley extremeña que lo creaba. Predecible. Tampoco era inesperada la petición automática de suspensión de la aplicación del tributo. No había cuartel. Como quiera que el TC levanto la suspensión, el impuesto empezó a recaudarse con la hostilidad recurrente de las compañías contribuyentes.

Con la llegada del gobierno de Rodríguez Zapatero, talante incluido, en el 2005 se constituyó una comisión bilateral de resolución del conflicto constitucional.  Se negoció y se llegó a un armisticio. Mientras tanto las compañías contribuyentes lograron mediante una cuestión de constitucionalidad llegar al Tribunal Constitucional dando lugar a una sentencia  que declaró inconstitucional el impuesto del medioambiente según su redacción inicial,redacción original que por otra parte ya había sido previamente modificada por entonces tal y como  se pactó con el Estado. 

Hubo más debates, acuerdos, desacuerdos, pleitos, sentencias a favor, sentencias en contra… hasta que hace pocas semanas, el 31 de octubre el Tribunal Constitucional zanjó el asunto dando luz verde a ese impuesto, tomando razón constitucional de la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y además, y eso es también relevante para Extremadura, lo hacía reproduciendo el criterio antes asumido y sentenciado respecto al impuesto extremeño sobre los depósitos a las entidades de crédito, consolidando constitucionalmente un espacio fiscal autonómico más amplio.

En la contienda constitucional de la fiscalidad ambiental, la Comunidad Autónoma cuantitativamente se jugaba su ruina financiera. Baste comparar el montante de lo reclamado por las eléctricas, que sumando intereses legales no estaría lejos de mil millones de euros,  y la pareja cifra presupuestada por la Comunidad Autónoma para toda la asistencia sanitaria especializada. En cambio para las eléctricas, medido por el Ibex 35, la resolución constitucional apenas ha tenido incidencia. A diferencia de lo que ocurrió con las entidades financieras respecto a la huidiza  jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el sujeto pasivo de los impuestos hipotecarios, las cotizaciones de las principales eléctricas no han acusado el golpe, ni siquiera como mero rasguño, en su valoración bursátil.

Dada la importancia de la producción de energía en su conjunto en el Producto Interior Bruto de Extremadura, que según la web de la Central Nuclear de Almaraz su generación nuclear es la de mayor aportación al sistema eléctrico nacional, supone una irresponsabilidad social palmaria que tal actividad productiva no contribuya fiscalmente de manera directa al sostenimiento de los servicios públicos medioambientales del territorio en el que opera. Quien rompe paga, quien contamina paga. Son axiomas de justicia social, casi de derecho natural.

Como la  victoria aguarda a los que no se rinden, la providencia ha permitido que aquel directivo tributario extremeño, que en 1997 alumbrara un innovador paquete tributario del que el Ejecutivo y Legislativo regional hicieron bandera de justicia social, haya sido el letrado de la Junta de Extremadura que haya formulado con éxito, dos décadas después, la última y definitiva defensa de la fiscalidad ambiental extremeña ante el Tribunal Constitucional. La diosa Fortuna ha completado su rueda de forma tan caprichosa y singular que pareciera una personificación alegórica de la economía verde y circular.

*Jurista extremeño.  En la actualidad es el letrado General de la Junta de Extremadura.