El Parlamento regional pide un plan contra el fraude fiscal, cifrado en 1.700 millones de euros
Las cuatro fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Extremadura han coincidido en reclamar un plan de choque contra el fraude fiscal, que se estima en 1.700 millones de euros como mínimo en la Comunidad. Una comisión de diputados autonómicos, después de 15 meses de trabajo, escuchando a expertos y consultando documentación, ha aprobado esta mañana por unanimidad unas conclusiones que incluyen, además del plan de choque, la solicitud de una nueva norma fiscal propia de la región que recoja medidas eficaces.
El dato principal que ha manejado la comisión parlamentaria es la estimación de que la economía sumergida en la región asciende a 5.000 millones de euros, un 30,8% del PIB regional, que ronda los 16.200 millones de euros.
Los 5.000 que no se declaran podrían proporcionar a la Hacienda nacional y autonómica un rendimiento de 1.700 millones de euros en impuestos, calcula el principal sindicato de técnicos de hacienda, Gestha, cuyo presidente Carlos Cruzado ha pasado por la comisión de la Asamblea.
Las conclusiones de la comisión son seis puntos, que arrancan del deseo de los diputados de PP, PSOE, IU y regionalistas de Prex-Crex de que haya en la sociedad extremeña un gran pacto contra la evasión fiscal.
Seguir lo que hace Hacienda
Contemplaría ese pacto la nueva norma fiscal propia, y el plan de choque conjunto del Gobierno central y la Junta por medio de la Agencia Tributaria; seguimiento desde las comisiones parlamentarias de hacienda y presupuesto, del trabajo contra el fraude fiscal y laboral que realice la Administración autonómica; promover la ética fiscal a través de campañas de concienciación y colaboración ciudadana; endurecer las sanciones y reforzar las medidas para el cobro efectivo de la deuda y daño producidos, y destinar más recursos, tanto económicos como humanos, a evitar la evasión de impuestos.
