La investigación sobre la adjudicación de las ambulancias será pública y resuelta en 90 días
La comisión para investigar el cambio en el contratista del transporte sanitario será pública y sus conclusiones habrán de estar en un plazo de tres meses, según han decidido este viernes en la misma dentro de la Asamblea de Extremadura; las sesiones serán abiertas, a diferencia por ejemplo de cómo fue la comisión sobre la absorción de las cajas de ahorro extremeñas por otras entidades.
Se ha aprobado por unanimidad el plan de trabajo y el calendario de actividades a llevar a cabo para aclarar el proceso de adjudicación de la gestión de este servicio a la empresa sevillana Ambulancias Tenorio.
Según ha explicado el presidente de la comisión, el socialista Francisco Macías, el plazo para la conclusión de los trabajos será de tres meses, aunque con carácter excepcional podría ser ampliado si fuera necesario a petición de los grupos parlamentarios.
Asimismo se ha acordado que el plazo para que los grupos presentes sus propuestas con las personas que quieren que comparezcan, así como la documentación que se pida a la Junta será de 14 días, por lo que finaliza el 26 de enero.
Se ha puesto para ello un plazo alejado de la aprobación de los presupuestos, que es el 16 de enero, por el trabajo de los diputados en estos momentos.
Esta comisión celebrará una nueva sesión en 31 de enero, en la que los grupos ya debatirán sobre las comparecencias solicitadas, el régimen de convocatorias de sesiones, calendario de comparecencias y ordenación de los debates.
Durante el desarrollo de los trabajos se podrán pedir nuevas comparecencias, con un máximo de tres por grupo, que abrirá un nuevo turno una vez agotadas las primeras.
En cuanto a la documentación, se podrá solicitar hasta el último día de las sesiones programadas, y Macías ha trasladado el compromiso de la Junta de Extremadura de hacer llegar con rapidez la que sea de su competencia.
Todos los representantes de los grupos parlamentarios están de acuerdo con el plazo de tres meses para la conclusión de los trabajos y con la necesidad de que estos no se extiendan demasiado,
Tanto la portavoz socialista, Ascensión Godoy, como el del PP, José María Saponi, apoyan el que las sesiones de la comisión, incluso las comparecencias, sean públicas en aras a que la ciudadanía pueda conocer el proceso de adjudicación de este servicio.
No obstante, esta cuestión será votada en la próxima reunión de la comisión prevista para el 31 de enero.
Denuncia por el 902
Por otra parte Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos por “incumplir la ley” al poner un número de tarificación especial con prefijo 902 en su página web para la atención a los usuarios ante cualquier asunto que tienen que comunicar.
Según ha recordado Facua en una nota, la empresa tiene contratos de concesión con las administraciones sanitarias de varias comunidades autónomas para prestar sus servicios. Su sede central está en Sevilla y cuenta con delegaciones en Cádiz, Madrid, Murcia, Alicante, Melilla, Islas Canarias, Ibiza, Menorca y Formentera.
Facua en ese sentido ha remitido una batería de denuncias contra Ambulancias Tenorio ante las autoridades autonómicas de protección al consumidor andaluzas, madrileñas, murcianas, valencianas, canarias y baleares.
La asociación ha sabido por su delegación territorial en Extremadura de esta infracción por parte de la compañía, donde también presta el servicio de ambulancias desde hace unos meses
Facua alerta de que, con esta práctica, los usuarios “están soportando costes adicionales al verse abocados a recurrir a la línea 902 ante cualquier cuestión que tienen que formular a Ambulancias Tenorio”. Igualmente, ha explicado que los consumidores “tienen derecho a reclamar a la empresa el importe que les suponga cada llamada a ese teléfono”.
La asociación de consumidores ha recordado que el artículo 21.2 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, “hace referencia a una 'tarifa básica' que impide que los consumidores soporten un coste superior al habitual de una llamada a un teléfono fijo o móvil estándar al comunicarse con la empresa en cuestión”.
Asimismo, Facua ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-568/15 “concluye que el concepto de 'tarifa básica' que exige la Directiva 2011/83/UE para los servicios telefónicos de atención de las empresas a los consumidores no puede permitir ningún prefijo ni ningún número que exceda 'del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar'”.
Facua por ello ha pedido a los órganos de Consumo de las comunidades autónomas afectadas que insten a Ambulancias Tenorio a que “elimine el número con prefijo 902 que tiene como servicio de atención a los consumidores”.
Además, ha solicitado que inicien expedientes sancionadores contra la empresa “por incumplimiento de la ley, al ocasionar que los usuarios paguen dinero adicional por un servicio que debe ser suministrado única y exclusivamente a través de una numeración de tarificación básica”.
La asociación ha presentado alrededor de un centenar de denuncias por irregularidades similares contra empresas y compañías de otros sectores como telecomunicaciones, aseguradoras, aerolíneas, grandes superficies comerciales, energéticas, Renfe --que sustituyó sus 902 en julio de 2017--, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y su filial Correo Express, así como banca y servicios financieros“.
Ha recordado que hasta la fecha han trascendido dos expedientes sancionadores a las compañías aéreas Ryanair y Air Berlin por parte de la autoridad de Consumo de las islas Baleares tras las denuncias interpuestas por Facua.
Tenorio
Un portavoz de Tenorio en Extremadura ha declinado pronunciarse de momento sobre esa queja, hasta conocerla a fondo y contrastarla con los abogados de la empresa
