La educación que queremos también depende de quienes la sostienen

Hablar del futuro de la educación pública extremeña exige hablar también de las condiciones en las que trabajan las trabajadoras y los trabajadores del sector. No podemos aspirar a una enseñanza de calidad, inclusiva y capaz de compensar las desigualdades sociales y territoriales sin garantizar unas condiciones laborales dignas a quienes tienen la responsabilidad de hacerla posible cada día.

En Extremadura, esta reflexión resulta especialmente necesaria. Nuestra extensa red de centros rurales, la dispersión geográfica, las dificultades para estabilizar determinadas plantillas y la creciente complejidad de la tarea educativa requieren respuestas específicas. Sin embargo, demasiadas veces las mejoras laborales en el sector educativo se presentan como reivindicaciones corporativas, desvinculadas de las necesidades del alumnado. Nada más lejos de la realidad, cuidar a quienes enseñan es también cuidar el derecho a aprender.

Una de las cuestiones que debemos abordar es el envejecimiento de las plantillas. La enseñanza es una profesión sometida a un importante desgaste físico, psicológico y emocional. Por eso, desde CCOO defendemos recuperar el derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto del profesorado, con las garantías necesarias para evitar penalizaciones económicas. Una reivindicación que debe formar parte de nuestra agenda sindical.

La Junta de Extremadura tiene capacidad para negociar mejoras concretas. Nuestra comunidad ya reconoce una reducción de dos horas semanales de docencia directa para el profesorado a partir de los 55 años, sin pérdida salarial. Desde CCOO proponemos ampliar este derecho hasta las tres horas a partir de los 55 años y las cinco desde los 60, garantizando su aplicación efectiva a todos los colectivos docentes, incluidos quienes desempeñan responsabilidades directivas, y dotando a los centros de los recursos humanos necesarios para que estas medidas no supongan una sobrecarga para el resto del profesorado.

También es imprescindible avanzar en el reconocimiento profesional. La integración del profesorado del subgrupo A2 en el A1, acompañada de la correspondiente mejora retributiva y de los niveles de complemento de destino, permitiría superar una división administrativa que no refleja adecuadamente la responsabilidad educativa de los distintos cuerpos docentes.

La recuperación salarial constituye otra prioridad inaplazable. El encarecimiento de la vida y la pérdida acumulada de poder adquisitivo obligan a negociar incrementos retributivos reales, con una mejora lineal del componente autonómico que alcance a todos los trabajadores del sector educativo extremeño. La homologación salarial debería haber servido para corregir desigualdades, no para consolidar nuevas diferencias entre colectivos.

Pero dignificar la profesión exige también reconocer tareas esenciales que permanecen insuficientemente valoradas. La tutoría implica coordinación con las familias, seguimiento individualizado del alumnado, atención a situaciones personales complejas y una responsabilidad creciente en la convivencia escolar. Reclamamos tiempo específico para desarrollarla y un reconocimiento económico adecuado e inmediato, no un nuevo aplazamiento que haga realidad esta medida en tres años.

Del mismo modo, las actividades complementarias y extraescolares necesitan una regulación que garantice la voluntariedad cuando corresponda, la compensación del tiempo trabajado, la cobertura de responsabilidades y unas condiciones organizativas seguras. La implicación del profesorado no puede descansar indefinidamente sobre su disponibilidad personal.

Estas reivindicaciones deben acompañarse de una reducción de la burocracia, plantillas suficientes, mayor estabilidad laboral y recursos adecuados para atender a la diversidad. Especialmente en los centros rurales, donde sostener una oferta educativa de calidad constituye también una herramienta fundamental contra la despoblación.

No estamos planteando privilegios, sino condiciones para ejercer dignamente una profesión esencial. Algunas las venimos peleando en la Mesa Sectorial con el Ministerio de Educación los que tenemos representatividad en ese ámbito, otras en la Mesa Sectorial con la Consejería de Educación. La clave está en conseguir que existan compromisos concretos, financiación suficiente y calendarios verificables, sin eso lo único que hay son brindis al sol.

La educación pública no mejora únicamente con declaraciones de intenciones. Mejora cuando se invierte en sus centros, se atienden las necesidades del alumnado y se reconoce el trabajo de sus profesionales.

Porque la educación que Extremadura merece también depende de las condiciones laborales de quienes la sostienen.