En marcha un nuevo decreto que agiliza la burocracia y elimina trámites ‘innecesarios’ en la Ley del Suelo

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, un decreto ley que permite anticipar la aplicación de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).

La idea es reducir la burocracia y agilizar la implantación de actividad económica en los municipios de la región, tras la grave crisis global provocada por la pandemia de coronavirus.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha informado en rueda de prensa de que con este decreto se quiere adecuar las normas urbanísticas y de ordenación del territorio para “la dinamización del tejido económico y social” de la comunidad autónoma.

Apunta a los efectos económicos de la epidemia, como señalan los expertos, puede provocar “la mayor caída del PIB en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial”.

La ley

García Bernal ha señalado que la LOTUS, una ley participada y consensuada, fue aprobada en diciembre de 2018.

Apunta que la situación actual, debido a la COVID-19, hace necesario, como recoge el decreto ley aprobado este viernes, “anticipar la aplicación directa de muchos preceptos, dotándolo de la consiguiente seguridad jurídica y de unas reglas claras que permitan su adecuada puesta en práctica e interpretación”.

Se agiliza la burocracia

Así, se flexibiliza y agiliza la burocracia, se dota de “silencio positivo a determinadas licencias” y se establece “claramente el régimen de aquellos usos que no necesiten calificación”, ha explicado la consejera, quien ha destacado también la “descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades con oficinas de gestión urbanista para que puedan elaborar, dictar y aprobar las calificaciones en el medio rural”.

“A partir de ahora serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan esos permisos, lo que reducirá considerablemente los plazos”, sin tener que modificar los planes generales municipales, como hasta ahora, lo que puede reducir los tiempos de un año a cuatro meses, según ha precisado a preguntas de los periodistas Begoña García Bernal.

Ha subrayad que “aquello que no esté expresamente prohibido en los planes generales municipales será autorizable” y se contemplan otras medidas como el silencio positivo para la licencia de primera ocupación para vivienda o el establecimiento de un régimen transitorio flexible para los municipios de más de 10.000 habitantes  que “tenían planes municipales modernos pero que todavía no estaban adaptados a la LOTUS”.

Administraciones locales

Igualmente, según la consejera, se facilita que los ayuntamientos puedan regularizar los asentamientos en suelo rústico, lo que “va a ayudar mucho” con el decreto ley a ayuntamientos como el de Badajoz o Plasencia, ya que podrán hacer directamente planes especiales para ello, según ha explicado García Bernal.

Todas estas medidas, a su juicio, van a facilitar la llegada de iniciativas empresariales relacionadas con el turismo rural, la industria agroalimentaria, las actividades culturales, educativas y de investigación, la implantación de proyectos de energía renovable, de residenciales autónomos, ya que “todos ellos son usos que son compatibles y pueden ser permitidos en nuestro medio rural”, donde “sirven para fijar población en el territorio”.

Eliminar trámites ‘innecesarios’

Ha insistido en la necesidad de esta modificación, que busca “eliminar trámites burocráticos innecesarios” y que “dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral esta pandemia”.

Se trata de actuar, por tanto, “como palanca del desarrollo y generación de riqueza y atracción del talento”, sin olvidar la sostenibilidad, por lo que “se facilitarán y se acortarán al máximo los plazos”, para que al final de la desescalada se incida en “la salud de la economía, favoreciendo la agilidad y la inversión empresarial en un momento de necesidad y de urgencia”.

Del decreto ley aprobado este viernes tienen conocimiento tanto el resto de grupos parlamentarios y a los agentes económicos y sociales, como las diputaciones provinciales y la FEMPEX, según la consejera, quien ha recordado que muchas de estas medidas responden a “antiguas y viejas reivindicaciones de los ayuntamientos”.