La dinámica perversa y el doble lenguaje de la LOMCE

La crisis que rodea a la educación es tan desoladora como cualquiera de las que tenemos planteadas hoy día. La necesidad de acción y de transformación es tan urgente como ocuparnos de los desahucios, de la renta básica o del medioambiente en decadencia. Pero hay una cuestión diferencial y definitiva: Nuestros niños y niñas crecen muy rápido y nos necesitan ¡ya!

La LOMCE propone que el alumnado se adapte al sistema educativo, un modelo donde la escuela se convierte en una carrera de obstáculos que, en forma de evaluaciones externas, exámenes y controles continuos, producen mayor presión académica (nuestros niños hcen más deberes que nunca), que hace que tengamos que llevarlos a clases extraescolares para que estén al nivel esperado porque los contenidos académicos son cada vez más elevados y, todo eso, lo pagan nuestros niños y jóvenes con jornadas de “estudio” de ocho horas.

Esta es la perversa dinámica educativa a las que nos han llevado las decisiones políticas de los últimos años. Una dinámica que está produciendo efectos tan negativos como la expulsión sistemática de un treinta por ciento del alumnado del sistema sin ninguna titulación ni preparación para afrontar su vida adulta y en la que la máxima expresión del caos normativo responde a un nombre: Ley de mejora de la calidad educativa.

Esta ley no es el fruto de un madurado proceso de discusión, ni siquiera propone una nueva estructura del sistema, no modifica sustancialmente la organización de los centros, pero deja a merced del mercado las futuras generaciones.

Es el producto de la modificación de cuatro leyes orgánicas con lo que el propio proceso de implantación está generando un desconcierto de proporciones considerables. El modelo de persona que queremos y, por ende, el modelo de sociedad en el que queremos vivir tiene que reflejarse en el modelo educativo. Y el modelo industrial se ha agotado.

Sólo sería comprensible esta reforma si se aprovechara la coyuntura de crisis con el objetivo de transformar la escuela y ponerla al servicio de la formación de la ciudadanía y no al servicio de la productividad. La ley persigue la creación de trabajadores autómatas en lugar de ciudadanos críticos; por este motivo destierra de sus contenidos la Filosofía en todas sus ramas, la Educación Artística y la Música.

Además, esta ley, al ser una imposición, introduce medidas que no tienen una aceptación mayoritaria para plantear políticas educativas estables a medio plazo. Si no hay un diagnóstico y una explicación mínimamente compartida, no podemos dar respuestas adecuadas a los problemas de fondo.

Nos encontramos ante una situación lamentable que sólo está planteando un sinfín de conflictos con las familias, que tendrán que comprar nuevos libros de texto que quizá -casi con total seguridad- solo serán útiles para un año (por lo que proponemos que la Consejería de Educación autorice a los centros a seguir utilizando los textos que hay en el banco de libros en calidad de préstamo); con los estudiantes, que rechazan la LOMCE por expulsar del sistema a los más necesitados, por proponer un modelo mercantilista, segregador y competitivo; con el profesorado, que está harto de incertidumbres y de los responsables políticos que recortan y desarrollan actuaciones sin criterios técnicos. Todos estos colectivos rechazan una ley que se olvida de las personas, el tesoro más grande del sistema educativo.

Acompañando a la implantación de la LOMCE se ha desarrollado toda una estrategia para debilitar nuestro sistema educativo público. La política de recortes, que se viene produciendo con la excusa de la crisis ha supuesto una fuerte reducción de la inversión (925 millones en los primeros tres años de gobierno del PP), con la supresión de decenas de miles de puestos docentes (un total de 1.347 en los últimos cinco años).

Con ello, se ha aumentado la ratio de alumnado por aula y se han suprimido programas de atención a la diversidad. Los recortes afectan sobre todo a la atención del alumnado más desfavorecido; y este hecho, unido al aumento de la pobreza y la desigualdad social, se visualiza también en las aulas donde las diferencias sociales se acrecientan.

Los efectos de la supresión de las ayudas de comedor y en transporte escolar, de becas en educación no obligatoria, de apoyos para refuerzo escolar, materiales educativos, actividades complementarias… van siempre en detrimento de la población más vulnerable y, con ello, se incrementan las desigualdades, aumenta la selección desde la E. Primaria hasta el Bachillerato, se paraliza la investigación, se encarecen los costes de la enseñanza, se obliga a abandonar el país a jóvenes en cuya formación se habían invertido recursos muy preciados y ahora ven truncadas sus esperanzas, se vulneran derechos y se hace que las familias con menos recursos sean las verdaderamente perjudicadas. Y eso no lo podemos consentir ni un minuto más.

Desde Podemos Extremadura hemos lanzado distintas iniciativas a nivel institucional (a través de la Asamblea de Extremadura), a nivel político (con reuniones con la Consejería de Educación) y a nivel social (firmando un Manifiesto junto a la FREAPA, los sindicatos y las asociaciones y organizaciones educativas de nuestra región) y proponemos que se desarrollen todas las medidas jurídicas, educativas y sociales que paralicen la implantación prevista según la propia LOMCE.

Consideramos que estamos en una situación grave, compleja y confusa, en la que se adoptan posiciones como si fueran inevitables e insustituibles, de forma que se está realizando en verdad un programa conservador, sin tiempo ni espacios para la discusión acerca de modelos alternativos de educación que requieren ser considerados en la sociedad actual. Pero hay alternativa: en otras comunidades autónomas como Aragón, Andalucía, incluso Madrid, se han adoptado medidas para paralizar la implantación de la LOMCE y nos consta que hay otras que han abierto el procedimiento para solicitarlo.

Desde Podemos Extremadura queremos promover un modelo de sociedad basado en los derechos sociales en el que vamos a adaptar el sistema educativo al alumnado. Para ello, no debemos esperar a la reunión Sectorial de Educación como propone el Partido Socialista, ya que en el mejor de los casos se producirá en agosto, con lo que no se podrá hacer nada ya. Por el contrario se pueden desarrollar medidas en el ámbito de las competencias autonómicas para minimizar este desaguisado y tratar de minimizar sus daños.

Estas medidas ya han sido presentadas y consensuadas con otros agentes sociales y políticos, por lo que podrían aplicarse de inmediato, sin ningún coste añadido pero con enormes repercusiones positivas tanto a nivel educativo, como social, porque el éxito escolar es nuestro éxito como sociedad, y nuestra herramienta para hacer efectivo un derecho fundamental: la igualdad de oportunidades.