Extremadura y Valencia exigen una financiación autonómica que garantice la estabilidad de los servicios públicos
- El pasado mes de febrero el Gobierno aprobó la creación del comité de expertos que tendrá que elaborar una propuesta sobre la reforma del modelo de financiación
Los Gobiernos de la Junta de Extremadura y de la Generalitat Valenciana han presentado una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómico para 2017 con el objetivo de mejorar las grandes partidas en Sanidad, Educación y Políticas Sociales, que conforman el estado del bienestar.
Se trata de una una declaración bilateral que pide resolver el problema de insuficiencia estructural para financiar el gasto en servicios públicos y acometer una armonización fiscal.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, y el conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, han sellado en Mérida este acuerdo en el momento en que la reforma se encuentra en la fase de informe por la Comisión de Expertos.
Comparten la idea de que no debe abordarse como un debate entre territorios. Según Blanco-Morales en “las Comunidades Autónomas es más lo que nos une que lo que nos separa”. “Se ha acabado la historia de los codazos”, ha añadido al mismo tiempo Soler.
Para los Ejecutivos de Extremadura y la Comunidad Valenciana resolver el problema de insuficiencia estructural que garantice el estado de bienestar de las comunidades debe ser “el primer y principal objetivo del nuevo sistema de financiación”.
“Corregir las deficiencias del modelo”
El conseller valenciano considera que esta reforma supone “una gran oportunidad histórica” de corregir las deficiencias del actual modelo y dotar de recursos suficientes a la financiación de los servicios públicos de los que son responsables las comunidades (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), así como mantener la calidad de éstos “sea cual sea la coyuntura fiscal”.
Además, según la declaración, debido a la insuficiencia de ingresos, y pese a reducir el gasto, las comunidades han incrementado sustancialmente su endeudamiento entre 2009 y 2014, mientras que si se hubiesen provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en estos servicios, el endeudamiento hubiera sido “156.000 millones de euros inferior al actual”.
Por ello, para Extremadura y la Comunidad Valenciana, resolver este problema de insuficiencia estructural debe ser “el primer y principal objetivo del nuevo sistema de financiación”, así como abordar el problema derivado de los déficit presupuestarios por la infrafinanciación autonómica y que se han traducido en “un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de las comunidades de régimen común”.
“Las CCAA dedican 16.000 millones de euros más”
Según ha detallado la consejera extremeña el gasto real por habitante de las comunidades “se ha visto forzado a retroceder un 15 % entre 2015 y 2017” y, pese a ello, las comunidades dedican “16.000 millones de euros más” a prestar los servicios públicos esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía del actual modelo para financiarlos.
En la declaración se incide también en la equiparación en recursos a las distintas regiones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir un nivel equivalente de servicios públicos, con independencia de donde residan. Soler ha recalcado, además, que el nivel de gasto de los servicios públicos “debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico”, para lo que se debe construir una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y crear un fondo de reserva (como sucede con las pensiones).
Otro de los puntos clave de esta declaración es la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las CCAA, y de éstas entre sí; y piden que se acometa un proceso de armonización fiscal, ya que la ausencia de ésta provoca “una desigual e injusta distribución de la carga tributaria”.
Esta reforma debe, según Soler, establecer “una reflexión en paralelo” de la distribución de los recursos “en función de cómo ha quedado el reparto de las competencias entre las tres administraciones públicas”: general, autonómica y local. Se reclama un esfuerzo equitativo y proporcional en la reducción del gasto público de las distintas administraciones, pues ha sido “muy desigual”.
