Extremadura recurre ante el Supremo la reválida de Primaria que impone la LOMCE
Extremadura se suma a la inicativa de comunidades como la Valencia, que ya han inciado el recurso contra el decreto del PP. La Junta ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que solicita la derogación del Real Decreto 1058/2015, de 23 de octubre, de las pruebas de evaluación final de Educación Primaria, conocidas como “reválida” de sexto de Primaria. Se trata de la evaluación final de Primara, que establece la Ley Orgánica para la Mejora la Calidad Educativa (LOMCE).
El Consejo de Gobierno de la Junta ha tenido acceso a un informe de su presidente, Guillermo Fernández Vara, sobre la autorización otorgada a la Abogacía General del Ejecutivo extremeño para interponer este recurso contra las citadas pruebas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La presentación de este recurso se produce después de que la Junta no haya recibido contestación por parte del Ministerio de Educación al requerimiento formal en el que la Consejería de Educación extremeña solicitaba la derogación de dicha norma, según se indica en la reseña del Consejo. La titular de Educación, Esther Gutiérrez, ya manifestó públicamente el desacuerdo del Gobierno extremeño con ese Real Decreto por “no haber sido consensuado” con todas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
El Ejecutivo regional tampoco comparte la “obligación” de que sean evaluadores externos los que realicen dichas pruebas, un planteamiento que, por parte del Estado, “infravalora la profesionalidad de los docentes extremeños”.
Un “trastorno” para los centros educativos
La Junta rechaza también el decreto por imponer a las comunidades autónomas la responsabilidad de aplicar las pruebas al alumnado, con el consecuente “trastorno” para los centros educativos, así como el “gasto económico extra” para las arcas públicas de la región.
A esto se suman las “serias dudas” que el Gobierno extremeño tiene sobre el valor y la utilidad de las citadas pruebas, ya que considera que “un solo ejercicio no aporta información sobre todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes”. Además, entiende que la norma “obliga a los jóvenes a someterse muy pronto a la tensión y la ansiedad que supone una prueba externa”.
