Cinco federaciones de Podemos se rebelan contra Iglesias por el nuevo reglamento disciplinario
Las federaciones de Podemos de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han rebelado contra las “maniobras” de la dirección del partido que lidera Pablo Iglesias para apartar a Olga Jiménez de la presidencia del Comité de Garantías.
A título personal, otros 45 dirigentes autonómicos y locales, algunos de Extremadura, pertenecientes a los distintos comités de garantías del partido, se han sumado a las quejas de las cinco federaciones citadas y se han adherido al contenido “íntegro” del comunicado de Olga Jiménez.
En la región se ha mostrado disconforme un componente del comité de garantías autonómico, pero fuentes de Podemos Extremadura afirman que hay más personas y que ya se manifestarán en los próximos días.
El comité de garantías nacional acordó proponer la nulidad de los nuevos reglamentos, que establecen un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna, por no figurar en los documentos que se aprobaron entre todos en Vistalegre II.
A raíz de esa resolución, tres miembros del comité, Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano, discreparon y denunciaron a Olga Jiménez por “excederse en sus funciones”, por lo que la dirección de Podemos optó por abrir un expediente disciplinario a la presidenta del órgano.
Jiménez y parte del Comité dictaminaron que los nuevos estatutos contemplaban modificaciones no votadas en el último congreso del partido, conocido como Vistalegre II, y que por ello estas deberían ser ratificadas por las bases.
En concreto, la resolución del órgano rechazaba la nueva composición del mismo Comité propuesto por la dirección, que contemplaba pasar de cinco miembros titulares y cinco suplentes a diez miembros cuyo voto valga lo mismo, por no estar contemplado en el documento organizativo DesBorda elegido en Vistalegre II.
Régimen disciplinario
La resolución del tribunal también cuestiona, por la misma razón, el nuevo régimen disciplinario previsto por los estatutos, que prevén, en caso de difusión de “noticias falsas”, inhabilitaciones para el desempeño de cargos en el partido o de representación pública por un periodo de entre seis meses y dos años.
Tras los últimos episodios internos, las cinco federaciones citadas se han alineado con Jiménez y el resto de miembros del tribunal que dictaminaron la nulidad de los nuevos estatutos.
Así, la federación madrileña ha apoyado en un comunicado “la total autonomía e imparcialidad” del Comité de Garantías y ha exigido “el deber de inhibición” de los tres miembros denunciantes.
Podem Cataluña critica por su parte la “arbitrariedad” con la que la Ejecutiva “ha interpretado los documentos aprobados” en el último congreso, “eliminando la autonomía del Comité de Garantías”, mientras que las otras tres federaciones nombradas se expresan en términos similares.
Fuentes del partido contrarias a la dirección de Pablo Iglesias han criticado “el golpe a la democracia interna” que supone “la persecución” de la presidenta del Comité de Garantías “por coordinar un órgano bajo los principios del derecho”, ante lo que concluyen: “La Ejecutiva debe rectificar”.
Por su parte, un documento difundido por la Secretaría de Organización recuerda que en “Podemos no hay aforados” y que “jamás un Consejo de Coordinación ha dejado de tramitar una solicitud de investigación de ninguna Comisión de Garantías Democráticas”, por lo que este caso no será una excepción.
El Comité de Garantías, formado por diez miembros, es “el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos de los inscritos en Podemos y el cumplimiento de los principios fundamentales y normas de funcionamiento de la organización”, según recoge el reglamento de este partido.
Junto a las cinco federaciones, los dirigentes que se han sumado a las quejas a título personal proceden de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, País Vasco, Extremadura y Galicia.
