La Junta rechaza pagar el abono transporte en Madrid a los estudiantes de Extremadura

La Junta de Extremadura ha descartado, por motivos de “igualdad de trato”, asumir el coste derivado de la no aplicación de la bonificación del abono joven de transporte en la Comunidad de Madrid a los estudiantes extremeños que no se encuentran empadronados en dicho territorio, una medida cuyo coste ha cifrado en unos dos millones de euros anuales.

El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, ha respondido de esta forma a la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto en la Comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, donde ha sido cuestionado sobre las actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo regional para garantizar que los jóvenes extremeños en Madrid accedan a esta bonificación sin necesidad de empadronarse.

Maza ha recordado que en Extremadura, al igual que en otros territorios, los viajeros también deben acreditar la residencia habitual mediante el certificado de empadronamiento para acceder a la gratuidad del billete de transporte público por carretera en los trayectos con origen y destino en la región. Según ha detallado, este servicio ha sido utilizado en 2025 por más de 158.000 extremeños que han realizado 1.735.000 viajes subvencionados gracias a una aportación autonómica de ocho millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 66% en el número de usuarios desde 2023.

A su juicio, el debate no radica en cuestionar si los jóvenes merecen respaldo institucional, sino en determinar qué administración debe sufragar su movilidad en otras comunidades autónomas. “No debemos confundir sensibilidad con la obligación de financiar cualquier gasto”, ha apuntado Maza, defendiendo que los estudiantes desplazados ya pueden utilizar la red madrileña con tarifas reducidas para no empadronados.

Bajo los principios de “igualdad de trato, respeto a las competencias y responsabilidad en la gestión de recursos públicos”, el director general ha justificado la negativa a establecer compensaciones específicas. “¿Por qué deberíamos ayudar a un estudiante desplazado en Madrid y no a otro que ha tenido que trasladarse a Sevilla o Salamanca?”, ha cuestionado para evitar “agravios comparativos”. Respecto a los convenios específicos de Madrid con otras regiones, como Castilla-La Mancha, Maza ha señalado que responden a particularidades territoriales de integración en la red de cercanías, por lo que “no todas las situaciones son equivalentes”.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto, ha abogado por ofrecer facilidades a los jóvenes que se ven obligados a marchar fuera de la comunidad ante la ausencia de la oferta formativa deseada en el territorio extremeño. Soto ha cifrado en un 192% más el sobrecoste que asumen los estudiantes extremeños por no disponer del abono joven madrileño, bonificado hasta los 26 años para empadronados por diez euros mensuales, frente a los 29,20 euros que pagan por 40 viajes al mes los universitarios no empadronados.