Jóvenes que pagan más y se mueven menos porque el Gobierno de Ayuso exige padrón para el abono: “Si lo sé, elijo otra uni”

Cuando a mediados de junio Roberto celebraba los buenos resultados en su prueba de selectividad, todavía a cientos de kilómetros de la Facultad de Sociología y Políticas de la Universidad Complutense en Somosaguas, no era consciente de que la Comunidad de Madrid ultimaba una medida que le iba a complicar la nueva etapa a punto de comenzar.

Este estudiante de Relaciones Internacionales, andaluz de apenas 17 años, se ha encontrado con un inesperado contratiempo económico en sus cuentas (y en la de sus padres): no puede acceder al abono joven ni a ningún título de transporte personal, salvo que se empadrone en una ciudad a la que acaba de llegar. Una medida anunciada antes del verano por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que afecta a miles de personas migrantes, tanto nacionales como de otros países. Entre ellos, miles estudiantes que ahora empiezan a llegar a la región.

“La verdad es que es un poco lío. No sé muy bien lo que estoy perdiendo porque todavía no me ubico ni en cómo funciona el propio Metro, pero grupos de WhatsApp han comentado que ahora vamos a tener que pagar bastante más por el transporte. También que antes te podías mover lo que quisieras y eso de los viajes infinitos se nos va a acabar”, cuenta Roberto en conversación con Somos Madrid.

Mayor gasto cuanto más lejos viva o estudie el alumnado

Según los cálculos de este medio, los menores de 26 años no registrados como habitantes de la región o municipios de provincias limítrofes con acuerdos verán cómo su dispendio en Metro, buses y Cercanías se multiplica por hasta seis veces con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid. Esta cifra solo tiene en cuenta los trayectos por clases, sin considerar otras actividades académicas, personales o socioculturales.

La situación empeora y se encarece para quienes deban contemplar desplazamientos a otras zonas tarifarias porque estudien o vivan fuera de Madrid capital (zona A1). También para quienes recurran a la intermodalidad por la necesidad de tomar más de un medio de transporte para cubrir los viajes (por ejemplo Cercanías + bus interurbano).

Susana, que empieza Comunicación Audiovisual en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, lamenta esta nueva coyuntura: “Si lo sé, elijo otra uni”. En su caso, ha conocido el efecto de esta modificación normativa hace pocos días, con un ya inminente inicio de las clases. Entre las alternativas por las que habría optado piensa sobre todo en el campus de Vicálvaro del mismo centro o en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense, ambos situados en la ciudad de Madrid (zona A1) y donde, por tanto, el incremento del gasto no sería tan acusado. “Fuera de la Comunidad de Madrid no creo que hubiese ido. Me apetecía mucho venirme y tengo familia aquí”, comenta esta alumna extremeña.

Los actuales 10 euros al mes (90 para un curso de nueve meses), se convertirían en 29,20 euros al mes (262,80 al año) para un estudiante que se desplace cinco días por semana al campus y regrese a casa otras cinco veces. Si alguien debe alternar autobús y Metro para ir a clase, lo que le ocurre a Roberto en el campus de Somosaguas (al que hay que llegar en bus desde Moncloa), en el contexto anterior destinaría la misma cifra a transporte, ya que la cantidad era independiente al número de viajes. Ahora, gastan dos viajes a la ida y otros dos a la vuelta, cuatro al día. Con ello, jóvenes como Roberto que el curso pasado cubrían sus idas y venidas a la universidad por 90 euros al curso pasarán a abonar 525,60 euros (casi seis veces más).

Para más inri, muchos bonos de 10 viajes no funcionan para otros medios de transporte. Por ejemplo, el de Metro no suele operar en Cercanías o buses interurbanos. Tampoco al revés. Esto explica por qué en la mayoría de grandes sistemas metropolitanos del país (Barcelona, Bilbao, València o Sevilla) la acogida a los títulos personales de transporte está abierta toda la población, con independencia del padrón, que sí exigen algunos municipios de una menor entidad con una red no tan interconectada.

El escenario puede empeorar aún más si se retiran las bonificaciones al transporte, que rebajan un 50% el bono joven y un 40% el de diez viajes. Esta última es a priori la alternativa más utilizada por los no empadronados ante el veto de Ayuso y a la que han recurrido la mayoría de jóvenes con las que ha conversado este diario.

Si acabaran estas ayudas, cuya continuidad es incierta cada año, el gasto para quien mantenga el bono joven pasará a 20 euros mensuales y 180 por curso. Con los abonos de diez viajes, incluidos en la tarjeta Multi (que no es unipersonal), el dispendio será de hasta 48,80 euros al mes y 439,20 por curso. Y si es necesario hacer varios transbordos, el coste se eleva hasta los 878,40 euros (multiplicándolo prácticamente por cinco).

La alternativa es empadronarse en una ciudad que todavía desconocen, donde en palabras de Roberto aún no se sitúa. Él, por el momento, lo descarta: “A lo mejor lo pienso si veo que es mucho dinero, lo tendría que mirar con mis padres. Al final tengo el médico en casa y creo que para la beca también influye dónde estás empadronado”, comenta.

Susana no quiere ni pensarlo: “No sé, ya hemos tenido bastante trámite con la matriculación y con el cambio de expediente. De primeras me tengo que situar en mi clase, con los horarios y en Madrid”. Borrarse del padrón en la localidad de origen es todavía más comprometido para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla porque perderían descuentos de hasta el 75% en vuelos desde y hacia sus puntos de origen.

Un problema para los jóvenes... y para sus familias

Por suerte para Susana ella se queda en un piso familiar, pero Roberto debe afrontar este nuevo dispendio mientras afronta un alquiler “por las nubes”, en torno a 500 euros mensuales por una habitación en Argüelles. “Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido nos va a complicar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada”, dice.

De hecho, a nivel particular le inquieta más la pérdida de libertad para desplazarse: “Es una bajona tener una tarjeta que se paga por número de viajes. Ya no es solo gastarte más, sino saber que si un día te apetece salir a lo mejor por ese gasto extra te lo piensas”. Susana lamenta que ahora será “más complicado” dedicar algún finde a “escapadas con amigos para conocer Alcalá de Henares o Aranjuez, que son sitios que me apetece mucho conocer”.

Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido les va compliar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada

Pero no todos los jóvenes afectados son recién llegados y estudiantes. Es cierto que quienes adquirieron un título personal antes del cambio normativo pueden disfrutar de él hasta que necesiten uno nuevo por extravío o caducidad (que se produce a los diez años de la expedición), pero la inquietud está ahí. Pablo, informático de 25 años natural de Soria, dispone de una tarjeta virtual en su teléfono móvil (otra reciente movilidad de la red). El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha asegurado a este medio que el paso al digital no interrumpe el proceso de caducidad, por lo que en pocos años deberá decidirse tirar con títulos de 10 viajes o sumarse al padrón: “A ver qué pasa, es probable que tenga que empadronarme, aunque no tenía pensado hacer nada más allá de sentirme viejo cuando pierda el bono joven”.

La Consejería no aclara si alcanzará acuerdos con otras autonomías

Ante la polémica suscitada por la medida, Ayuso anunció que su Ejecutivo trabajaría en “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios, pero estos no se han concretado en el inicio del curso y de momento los estudiantes de todo el país sufrirán la novedad. Este periódico ha trasladado a la Consejería de Transportes si hay novedades al respecto de esos compromisos o copagos autonómicos, sin recibir hasta el momento ninguna respuesta. La líder autonómica insistió en que los cambios no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio”, en concreto zonas de Castilla-La Mancha como Guadalajara o Toledo y de Castilla y León como El Espinar.

La dirigente defendió la iniciativa con este argumento: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Sostiene la presidenta regional que “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, lo cual “hay que pagar”. Ante las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, llevó los reproches más allá: “¿Por qué se puede ir un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros, pero no se pagan las nóminas de los empleados de metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros que están todos los días partiéndose la espalda para hacer ampliaciones del mejor suburbano del mundo?”, preguntó.

La Comunidad de Madrid publicó el cambio el pasado 12 de junio en las normas del CRTM, sin previo aviso y con aplicación inmediata tres días después (un intervalo en el que el portal de nuevas citas para adquirir la tarjeta se mantuvo fuera de servicio). A preguntas de los medios sobre el origen de esta modificación, desde la Consejería de Transportes se remitieron a la ley que regula el propio CRTM y que indica literalmente que “solo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.

Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2012, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicarse, ni por la propia Aguirre ni por el resto de presidentas y presidentes autonómicos que la sucedieron. Ayuso decidió aplicarla en medio de una fuerte controversia y en pleno debate sobre la “prioridad nacional” o el “arraigo”, un término este último con el que su Ejecutivo también ha aumentado los periodos de empadronamiento exigidos en adjudicaciones de viviendas públicas.