Asociaciones critican que Ayuso exija diez años de empadronamiento para optar a vivienda pública: “Es prioridad nacional”

Isabel Díaz Ayuso fue contundente después de que el polémico concepto de “prioridad nacional” salpicase los pactos entre PP y Vox en territorios como Extremadura o Aragón. Dijo que “esos requisitos no son legales”. Pero el nuevo reglamento de vivienda aprobado por su propio Gobierno de la Comunidad de Madrid exige un empadronamiento mínimo de diez años para la compra de casas protegidas, un requisito que según distintas organizaciones, ya implica una “discriminación indirecta” a las personas migrantes y, por tanto, podría suponer en la práctica una suerte de “prioridad nacional”.

El aumento de las exigencias mínimas para acceder a ayudas de este tipo no solo se da en la Comunidad de Madrid, aunque con las medidas más recientes, es una de las autonomías más duras en cuanto al mínimo de años de empadronamiento. También ocurre en Canarias, que recientemente ha pasado de siete años a doce. Ahora, diferentes organizaciones sociales han acudido a los tribunales a denunciar lo que consideran una “discriminación indirecta” especialmente a las personas migrantes. El Observatorio DESCA es una de estas asociaciones que ahora apunta a Madrid. “Esta demanda es un aviso a navegantes” para quien vaya por el mismo camino. “Esta propaganda barata y ultra no puede salir gratis al gobierno”, apuntan en declaraciones a elDiario.es.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este tema.

Desde el Observatorio DESCA trabajan junto a diferentes entidades para evitar lo que consideran una “discriminación indirecta”, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. “Creemos que en cualquier sitio que se apruebe una medida parecida se tiene que impugnar”, dicen a elDiario.es.

“Es un tipo de medida que parece neutra en apariencia” pero que “discrimina más a las personas migrantes” en realidad. Las personas migrantes tienen más dificultades para empadronarse en una comunidad. “La propia trayectoria de la persona migrante impide tener un recorrido en el mismo municipio”, pero es que además “muchas de estas personas tienen una trayectoria discriminada debido al racismo inmobiliario”. “Las mismas comunidades que no actúan contra este racismo son las que además las excluyen del único mecanismo por el que pueden acceder a una vivienda estable”, indican desde la asociación en referencia a las dificultades que experimentan muchas personas migrantes para acceder al mercado de la vivienda, especialmente a un alquiler.

Una de las organizaciones que trabaja con el Observatorio DESCA es el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El abogado Javier Rubio explica en declaraciones a elDiario.es que se prevé que el nuevo reglamento general de VPO que el Gobierno de Ayuso está elaborando también incluya estos requisitos: “Junto con otras organizaciones sociales venimos haciendo seguimiento a los sistemas de acceso a la vivienda, cada vez más inaccesibles, y en su momento habrá que valorar una posible impugnación de estas medidas en varios frentes”, precisa.

“Esto ya es la prioridad nacional, que viene de otros países como Francia o Italia”, donde ya se han encontrado con problemas en los tribunales. Sin ir más lejos, este pasado mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que exigir diez años de arraigo para acceder a ayudas sociales es una “discriminación indirecta” que afecta “principalmente a los no nacionales” y que, por tanto, estaría “prohibida, en principio” por el “Derecho de la Unión”.

¿Eso significa que es discriminatorio aplicar cualquier requisito de residencia mínimo? En principio, no tiene por qué. “En Catalunya, la ley establece que los municipios pueden decidir no imponer mínimo, pero como máximo pueden ser tres años. Tiene sentido porque para acceder al arraigo son tres años, eso ya muestra una voluntad. Uno puede establecer límites razonables, pero no excluyentes. La vivienda pública sirve para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, concluyen desde la organización. A nivel nacional, explica el abogado Javier Rubio, la regulación de la Ley de Vivienda o el Plan Estatal cuentan con “requisitos económicos o sociales pero no establecen ningún requisito de antigüedad”.

Una propuesta inspirada en los pactos autonómicos

Aunque el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida en trámite ya contemplaba este requisito de pedir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos diez años tanto en la vivienda protegida pública como en la privada, en mayo se aprobó una proposición no de ley presentada por Vox en la Asamblea de Vallecas inspirada directamente en el concepto de “prioridad nacional”. A través del texto, se exige a la Comunidad de Madrid que reclame al Gobierno central que promueva el acceso a estas ayudas bajo este término, no solo en materia de vivienda, sino también con otros subsidios sociales. Una PNL presentada por el partido de extrema derecha y que finalmente el PP modificó y aprobó, a pesar de haber rechazado durante meses la “prioridad nacional”.

El documento contempla como fin “promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. También plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

En concreto, mencionan el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social, que también buscan que esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” pero “adecuado a la legalidad vigente”. Además del mínimo de años, se recoge asimismo el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Y consideran que “se debe excluir a aquellos” condenados por okupar viviendas “en los últimos cinco años” además de instar al Gobierno a poner fin al proceso de regularización de migrantes.

Por su parte, Vox celebró lo que consideran como un “giro” del PP: “La Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a Vox, una iniciativa para avanzar en la aplicación del principio de prioridad nacional”, comunicaron. Incluso a nivel nacional celebran aplicar esta medida a toda España: “Exigir diez años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral”, dijo el diputado Carlos H. Quero.

Este mismo jueves, la Asamblea de Vallecas ha aprobado la nueva ley de medidas urgentes para la vivienda por la que pretenden ampliar la oferta de vivienda asequible y “acelerar los plazos de construcción”. Según datos de la Comunidad de Madrid, en la actualidad la región cuenta con 14.000 viviendas protegidas, en total 4.875 se han entregado ya en nueve municipios, y hay otras 3.495 en construcción. Uno de los puntos que la oposición lleva tiempo pidiendo en este sentido es que estas viviendas no pierdan su calificación de protegidas: desde 2019, 9.871 viviendas han pasado al mercado libre, según publicaba Cadena Ser tras una petición en Transparencia.

Ayudas a la natalidad

Este mismo miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, explicó la relación de la región con el polémico concepto. Lo hizo después de que PP y Vox cerrasen en Castilla y León un pacto que incluía la “prioridad nacional”. Preguntado por si le gustaba el término, García Martín habló precisamente del requisito del arraigo y puso como ejemplo las ayudas a la natalidad.

Cuando Ayuso anunció estas ayudas a la natalidad en 2021, la polémica estalló porque en un principio se exigió que llevaran diez años empadronadas en Madrid. Un requisito que tuvieron que rebajar hasta los cinco años que se piden actualmente. “Esto no es un concepto nuevo”, dijo el portavoz este miércoles, que enmarcó el requisito en la “normalidad”.