El futuro reglamento de vivienda protegida en Madrid deja cientos de afectados al pedir 10 años de padrón: “Puse 60.000 euros y nos echan”

“Si esto se aprueba, nos tendremos que ir”. La incertidumbre se apoderó de Adrián, y de otros 350 vecinos de nuevos desarrollos urbanos de Madrid ahora agrupados en un chat de Telegram, cuando conocieron el contenido de un proyecto de decreto que ultima el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según el borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Protegida, los pisos con protección en la región pasarán a requerir un empadronamiento en la Comunidad durante al menos 10 años.

Así lo detalla la nueva reglamentación de los hogares con protección pública regional en la letra c) de su apartado 34. La modificación afecta tanto a la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) como a la Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL), incluso aquellas de titularidad privada en las que la administración autonómica solo limita el precio máximo. Hasta ahora no existía ninguna exigencia al respecto en materia de padrón, mientras que en el caso de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) era de cinco años. “El requisito de acreditar diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid será exigible para quienes aspiren a una vivienda protegida en régimen de compra o uso propio, incluyendo cooperativas o comunidades de bienes, y se aplicará únicamente a uno de los miembros de la unidad de convivencia”, explican a Somos Madrid desde la Consejería de Vivienda.

Los casos más dramáticos, esos 350 afectados de los que hablaba Adrián, son esas personas que han adquirido VPPB o VPPL a través de cooperativas gestionadas por promotoras privadas. Estos cientos de compradores han llegado a depositar ya importantes cantidades de dinero para que la inmobiliaria compre y edifique los terrenos. Cuando la nueva legislación entre en vigor, quienes lo hayan hecho sin cumplir los nuevos parámetros y sin que el procedimiento haya alcanzado el trámite de calificación provisional (que da luz verde a las obras) verán no solo cómo pierden la oportunidad de hacerse con su casa soñada. Además, deberán esperar a la entrada de nuevos cooperativistas para recuperar lo invertido. Un proceso que, según dice Adrián, “puede durar hasta cinco años”: “Tendríamos que encontrar a tantas personas como salgan para sustituirnos. Hay mucha demanda, pero sería una crisis muy grande para los gestores de estas cooperativas. Los gestores creen que no va a salir adelante la nueva ley, pero si ocurre nos tendremos que ir”.

A sus 31 años, Adrián comparte piso y había visto en una VPPB de Los Berrocales la posibilidad de comprar un piso al que mudarse con su pareja. El precio no es precisamente un regalo, pero sí algo más asequible que el de mercado: 350.000 euros por los 500.000 de la vivienda libre en ese mismo entorno. “No hay titularidad o ayuda directa de la Comunidad, simplemente el valor del metro cuadrado está topado”, recalca. Para la reserva de su vivienda asignada, debe depositar unos 100.000 euros antes de la citada calificación provisional. 70.000 este mismo año, de los cuales ya ha aportado una parte importante.

Es un golpe emocional. Ya hemos llegado a ver los planos de la que creíamos que iba a ser nuestra casa. Te haces una idea de cómo va a ser vivir en ella

Natural de Segovia, llegó a Madrid hace 12 años para estudiar su carrera universitaria. Sin embargo, no se empadronó hasta 2019, cuando encontró un trabajo fijo. Cuenta que cuando concluya el proceso de adjudicación, alrededor de 2028, le faltarán “unos pocos meses” para cumplir con este requisito. “Es un golpe emocional. Ya hemos llegado a ver los planos de la que creíamos que iba a ser nuestra casa. Te haces una idea de cómo va a ser vivir en ella”, relata.

Esa frustración sentimental es la que han sentido todos los afectados. Adrián cifra en 350 personas solo las que están en el chat de Telegram que agrupa a las personas en su situación de Los Berrocales, El Cañaveral y Los Cerros. A ello hay que sumar a las de otras promociones y a quienes no utilizan esta aplicación de mensajería. “Tiene que haber muchísimas más”, alerta.

La Comunidad avanza ahora nuevos ajustes: “No se exigirá a quienes hubiera desembolsado cantidades”

Ante esa respuesta de quienes ya se veían como futuros vecinos, la Consejería de Vivivienda comunica a este periódico algunos cambios respecto del proyecto de nuevo reglamento publicado originalmente: “No se exigirá el requisito de empadronamiento a las personas que, a su entrada en vigor, hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o hayan entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco a quienes formen parte de cooperativas de vivienda que ya hubieran desembolsado cantidades para la compra de suelo o de la propia vivienda”.

Mientras la Comunidad de Madrid traslada ahora estos ajustes que calmarían las aguas, los afectados han comenzado a organizar su respuesta en Telegram: contactos con grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, escritos al Defensor del Pueblo, una petición de Change.org o correos a la Consejería. Esta última acción podría parecer inútil, pero lo cierto es que las dudas sobre la medida están presentes incluso en el seno de la administración autonómica. Entre los informes que deben emitir las secretarías generales técnicas de las Consejerías ante un proyecto de decreto, el de Economía, Hacienda y Empleo muestra sus dudas al respecto de exigir 10 años de padrón: “Dada la finalidad del Proyecto de Decreto y los diferentes supuestos contemplados, podría resultar excesivo”. Cuestiona asimismo que “no se exceptúan explícitamente de su cumplimiento los alojamientos temporales de estudiantes, ni siquiera cuando se trate de estudiantes participantes en programas de movilidad e intercambio nacional e internacional”.

Ante esta inseguridad jurídica, Adrián pide “que se quite el requisito o que haya al menos un período de transición para quienes estamos en cooperativas”. O como mínimo “que bajen los años que solicitan, consideramos que es mucho”. Preguntado acerca de los motivos por los que el equipo de Ayuso ha planteado esta medida, indica que “en el grupo de Telegram se debate mucho”: “Hay quien dice que es un filtro por la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez o simplemente una política agresiva contra la inmigración. Pero lo cierto es que también afecta a mucha gente de España, en un momento de crisis de la vivienda muy grande en Madrid”.

“Que nos cambien las reglas a la mitad es tremendo”

Los Cerros es el desarrollo urbano más recóndito de todos los que están construyéndose en el este de Madrid, colindando ya con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares. Hasta allí tenía pensado mudarse con su hijo adolescente Elena, que llegó a Madrid hace seis años procedente de Salamanca por motivos laborales. Tuvo que vender su casa “a un precio irrisorio comparado con los que hay aquí” y mudarse a la capital. “Vivimos de alquiler y necesito ya una casa. Esta VPPL me cuesta 380.000 euros a través de una cooperativa y es lo único a lo que puedo acceder, no sin sacrificios”. Su indignación es palpable en las declaraciones a este periódico: “Puse 60.000 euros y ahora estamos viendo cómo nos echan”.

“Que nos cambien las reglas a mitad es tremendo”, protesta. “Tenemos ahí un dinero retenido con la incertidumbre de si el proceso sigue adelante y sin poder mirar otras cosas porque sin esa cantidad no nos llega para comprar nada”, explica Elena. “Te cambia todos tus planes de futuro. Ahora lo único que nos queda es irnos a un pueblo lejano, porque con esta medida no vamos a poder permitirnos nada cerca, pero mi hijo tiene su vida hecha ya en Madrid”.

Te cambia todos tus planes de futuro. Ahora lo único que nos queda es irnos a un pueblo lejano, porque con esta medida no vamos a poder permitirnos nada cerca, pero mi hijo tiene su vida hecha ya en Madrid

La afectada confiesa que podría entender las nuevas restricciones en “viviendas sociales”, pero no lo comprende en “pisos que valen ya una pasta aunque sean de protección y sobre los que la Comunidad ni siquiera tiene la titularidad del suelo”. Pero su queja va más allá de una cuestión técnica: “Nos obligan a irnos porque querrán que Madrid sea de los madrileños, cuando lo bueno de esta ciudad es que acoge a todo el mundo”.

Desde la Consejería de Vivienda apuntan que “la redacción del texto se someterá a información pública y continúa en elaboración, adaptándose a los distintos informes internos que se han recibido, con el objetivo de definir adecuadamente las medidas que finalmente serán incluidas en la normativa”. También queda pendiente el trámite de audiencia, que “permitirá a cualquier persona formular alegaciones y trasladar sus propuestas”. A partir de su análisis y valoración, avanzan, “se redactará el texto definitivo que será sometido a los correspondientes informes de legalidad de la Abogacía de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Jurídico Asesora, para posteriormente elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva”.

Aunque la exigencia mínima de los damnificados es evitar la aplicación del nuevo requisito a las adjudicaciones que ya están en marcha eliminarlo, defienden que “lo ideal es eliminarlo”. Elena lo justifica porque “puedes cumplirlo ahora y luego no en la revisión, mientras que quitarlo daría mayor seguridad”.

A falta de esos últimos trámites, la incertidumbre se ha apoderado ya de Adrián, Elena y muchos más perjudicados por este criterio restrictivo. Este diario ha hablado con otras personas que prefieren no dar su nombre, cuyas historias son las de quienes hacen Madrid: extremeños llegados a la capital para estudiar una carrera que ya nunca volvieron a su tierra después de conseguir un trabajo, vecinos de la ciudad que llevan en ella una década pero no se han empadronado por necesidades médicas en sus localidades de origen y trabajadores que veían estas promociones de precio limitado una oportunidad para abandonar por fin la rueda de unos alquileres prohibitivos. Las gentes que dan sentido a Madrid, pero que con esta norma se quedan sin sitio en ella.