El Parlamento extremeño aprueba penalizar en los contratos públicos a los bancos con pocas sucursales

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad instar a la Junta a valorar la implantación de las entidades financieras en el territorio, a la hora de resolver los concursos públicos referidos a operaciones financieras, y al Gobierno de España a tomar medidas para minimizar lo máximo posible el ERE de Liberbank-Unicaja Banco, y limitar el sueldo de sus directivos. 

Ha sido una propuesta de impulso presentada en el pleno de este jueves por Unidas por Extremadura (UPE), que ha sido enmendada por el Grupo Socialista al considerar que una de las cuestiones que planteaba la coalición -retirar las cuentas y operaciones libradas por la Administración con Unicaja- es “técnicamente imposible”. 

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en reclamar a la Junta que lleve a cabo las acciones de negociación y mediación necesarias para apoyar a los trabajadores del sector bancaria extremeño y a los clientes, y para evitar despidos y cierres de sucursales bancarias. 

También a tener en cuenta en los concursos públicos, referidos a operaciones financieras, la valoración de la implantación territorial y el compromiso de las entidades de garantizar que la mayoría de los municipios de la región tengan servicios bancarios. 

Han emplazado además al Gobierno de España a tomar las medidas pertinentes para evitar o minimizar “lo máximo posible” el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado tras la fusión de Unicaja y Liberbank y a exigir a las entidades financieras corresponsabilidad a la hora de afrontar su proceso de reestructuración, limitando el sueldo de los directivos y la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera. 

En defensa de la iniciativa, la diputada de UPE Lorena Rodríguez ha advertido de que, antes de anunciarse este ERE, Extremadura ya contaba con 140 municipios en exclusión financiera, sin ninguna oficina bancaria, lo que perjudicaba a 60.000 extremeños, el 96 % de ellos en municipios cacereños. 

A ello ha sumado que ahora Unicaja Banco plantea cerrar 62 oficinas en la provincia de Cáceres y 16 en la de Badajoz, además de 153 despidos, pese a que Unicaja registró hasta noviembre un beneficio de 1.395 millones, doce veces más que en 2020, y Liberbank, en el primer trimestre de este año, antes de la fusión, de 23 millones. 

Frente a ello ha pedido el apoyo de la Cámara a los trabajadores en situación de ERE y al Ejecutivo regional que impulse la interlocución necesaria para evitar el cierre de sucursales bancarias. 

El diputado socialista Jorge Amado ha afirmado que su grupo comparte el fondo y la preocupación de la iniciativa de Unidas, aunque ha considerado que en algunos puntos puede ser “contraproducente e incluso inviable” dado que las funciones de supervisión de materia financiera en las entidades bancarias dependen del Banco de España y en materia de empleo del Gobierno de España. 

No obstante, ha pedido a ambas instituciones que realicen “todo lo que haga falta” para minimizar al máximo el ERE presentado por Unicaja y para garantizar el acceso a servicios bancarios a toda la población con independencia de su lugar de residencia. 

“Tenemos que ir desde el consenso” en estas demandas, ha señalado el parlamentario, aludiendo a las consideraciones que en este sentido también se ha recogido en la propuesta de ley frente al reto demográfico presentada por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, algo en lo que ha incidido asimismo el diputado de Cs Joaquín Vicente Prieto. 

También ha apelado a la unión de los partidos el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, pero ha instado además al Gobierno extremeño “a pelear” y “presionar” para limitar al máximo los despidos y el cierre de oficinas porque “los que vamos a pagar el pato vamos a ser los extremeños, especialmente los cacereños”.