La nueva Ley de Cooperativas quiere hacer más competitivo el sector frente a las grandes empresas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperativas, con el propósito de adaptarse a los nuevos tiempos y hacer más competitivo al sector frente a las grandes empresas privadas.
El objetivo es aportar al tejido cooperativista extremeño la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en un mercado global, ha explicado el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en rueda de prensa. Ha destacado el peso que tienen las cooperativas en la economía, especialmente en los sectores agroindustrial y agroalimentario.
Es un texto que nace fruto del consenso, y que quiere actualizar la ley de 1998. Para ello se ha partido del borrador elaborado en la anterior legislatura por el gobierno del PP de Monago. A lo que se suman las aportaciones de los cooperativistas de la comunidad, para evitar que sufra cambios a causa de los diferentes ciclos políticos.
La Ley
La reforma de ley quiere potenciar los elementos mutualistas y participativos, junto con la profesionalización de los órganos de administración. Es una apuesta por el cooperativismo, la flexibilización de procedimientos y agilización de trámites, con el objetivo de tener cooperativas adaptadas a los nuevos tiempos. El texto será remito ahora a la Asamblea, para su debate parlamentario.
Mantiene los caracteres diferenciadores de las sociedades cooperativas, es decir, los socios tienen la doble condición de que aportan capital social y realizan actividad cooperativizada. El texto establece una definición clara de la actividad cooperativizada y regula la web cooperativa que sirve para comunicarse oficialmente con los socios por medios electrónicos.
Se establece la posibilidad de que las distintas secciones tengan patrimonio separado y contabilidad independiente si los estatutos así lo determinan. Esas secciones, a su vez, pueden realizar una determinación y distribución del resultado diferente.
Se regulan también los diferentes tipos de socios, calificando como figura principal la del socio común (el que realiza actividad cooperativizada y tiene derecho a participar en la gestión), se suprime la figura del socio honorífico y se establece la de socio inactivo, y se introduce también la figura del socio colaborador.
Por otra parte, se establece el voto plural salvo que los estatutos opten por el voto unitario. En las cooperativas de trabajo asociado se establece como criterio general el voto unitario. Además se admiten como modalidad dentro del órgano de administración, en cooperativas con diez o menos socios, la figura del administrador único o varios administradores que pueden actuar de forma mancomunada, y se establece la posibilidad de contar con consejeros no socios.
Navarro ha señalado también que se introduce la posibilidad de contar con consejeros delegados o comisiones ejecutivas como órganos de delegación permanente del Consejo Rector de las sociedades cooperativas.
El consejero ha puesto especial énfasis en que todo el texto del proyecto de ley está impregnado por el concepto de flexibilidad, es decir, la posibilidad de que se pueda optar, sin renunciar al espíritu cooperativo, por las alternativas que mejor se adapten a las necesidadesde de cada sociedad.
Ayudas AEPSA
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado también la convocatoria de ayudas a las entidades locales para las obras en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), dotadas con 5,4 millones de euros de fondos propios y que se prevé beneficien a 35.500 trabajadores.
La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, explica que la previsión es conceder ayudas a “unos 485 expedientes, pertenecientes a 366 entidades locales”, con unos “35.500 beneficiarios” de este programa.
Tras su aprobación la convocatoria, en régimen de concesión directa, será publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) a partir de lo cual las entidades locales podrán solicitar estas ayudas y se procederá a su resolución en “el mes de junio”.
El objetivo de estas ayudas, que son “un complemento” de las ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal del Gobierno de España, es “mejorar la situación sociolaboral de los trabajadores eventuales agrarios”.
Se trata de unas ayudas que vienen dándose en la región desde el año 2000, y que sirven para contribuir a fijar la población en el medio rural, lo que es un “objetivo transversal” de la acción del gobierno.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades locales que, a su vez, hayan sido destinatarias en el ejercicio de 2017 de las ayudas para la contratación de trabajadores que otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dentro del AEPSA.
Evaluación de impacto ambiental
En otro orden de asuntos, se ha aprobado un decreto que modifica la estructura orgánica básica de la Administración autonómica y la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para lograr “una mayor concentración y coordinación procedimental”. Así, la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio asume las competencias sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos de generación, transporte y distribución de energía, hasta ahora dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente.
Esta modificación se enmarca en la apuesta de la Junta por un nuevo modelo energético basado en el impulso de las energías renovables, de gran potencial en la comunidad, y dentro de la estrategia de Economía Verde y Circular.
