El SEPAD defiende que se tomaron todas las medidas de seguridad en las residencias y hoy sólo hay 17 afectadas

El director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granado, ha defendido que en las residencias de mayores y centros de discapacidad “se han ido dando todos los pasos preventivos” necesarios, desde antes de que hubiera casos y se decretase el estado de alarma.

Granado ha comparecido en la Comisión de Sanidad de la Asamblea para informar, a preguntas del PP, sobre las medidas de protección con las que han contado las residencias, así como los CAMP de Plasencia y de Don Benito durante el estado de alarma por COVID-19.

Para el director gerente del SEPAD, las medidas adoptadas han hecho que esta situación sin precedentes, para la que “no existía manual de instrucciones”, “no fuese más grave”.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, ha mencionado los procesos de asesoramiento y seguimiento de protocolos establecidos en la normativa y plan de contingencia; se han repartido test para prevenir y detectar posibles infecciones entre trabajadores y residentes; y se ha distribuido material de higiene y de protección (mascarillas, guantes, batas, gafas, buzos, monos...).

Refuerzo de las plantillas

También se han reforzado las plantillas y se han desinfectado varias veces los centros.

Además, se han suspendido las actividades culturales y de ocio, y se han distribuido tabletas y teléfonos para establecer comunicación con los familiares, tras la prohibición de las visitas.

Ha detallado que de las 241 residencias públicas, tan solo 47 se han visto afectadas, de las que a día de hoy 30 ya están libres, entre ellas las de Arroyo de la Luz y Santiago de Alcántara.

En la de El Cuartillo, donde han fallecido “75 personas” por coronavirus y “nueve por otras causas”, quedan pendientes de la PCR 16 personas, de las que se espera que para la semana que viene queden libres de COVID, y a día de hoy hay “163 personas dadas de alta”.

Del conjunto de las 14.600 personas que hay en los centros residenciales, ha habido 1.500 casos positivos y hasta la fecha más de 1.000 personas han sido dadas de alta. De los 400 trabajadores positivos, 360 ya se han curado.

En las residencias se han contratado casi 600 trabajadores; se han realizado más de 7.000 test a los profesionales y residentes; y respecto al material, se han repartido 233.000 mascarillas quirúrgicas, 34.000 de FPP2, 880.000 guantes 3.600 gorros, 22.000 batas y 5.500 monos y buzos, entre otros.

Sobre los CAMP de Plasencia y Don Benito, según Granado, “se ha conseguido que no fallezca nadie”, en el primero que no exista ninguna persona trabajadora ni residente que haya sufrido la enfermedad, mientras que en el de Don Benito se han registrado cuatro casos positivos, dos de personal del centro y dos de usuarios, que fueron aislados y a día de hoy curados, por lo que ambos están libres de Covid.

Críticas del PP

Por su parte, la diputada del PP Consuelo Rodríguez, quien ha trasladado las “reclamaciones” que le han llegado en relación a estos centros, ha recriminado a la Junta que estuviese como “pollo sin cabeza”, sin facilitar los medios necesarios por dejar la compra de material “a expensas del Gobierno” central, materiales que han llegado “tarde y mal”.

“Lo que ha pasado en los CAMP ha sido un verdadero milagro y lo que ha ocurrido en las residencias es una auténtica desgracia ”, ha aseverado la parlamentaria, quien ha lamentado los “errores, falta de previsión y mala gestión” por parte del SEPAD.

Ha mencionado los “429 fallecidos” en residencias durante la pandemia de las 507 muertes en la región por coronavirus y el hecho de que Extremadura sea la región “con mayor tasa de letalidad en los centros residenciales”, cuya situación ya investiga la Fiscalía.

Renta garantizada

En otro orden de asuntos, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín ha preguntado por las medidas excepcionales de la Junta para los extremeños que no hayan podido presentar nuevas solicitudes de tramitación para la aprobación de la renta extremeña garantizada durante el estado de alarma.

Según Andrada, “no se ha pagado la renta básica” y estas ayudas llegan “tarde y mal”, entre otras razones, porque no se ha podido atender la “masificación” de peticiones que han llegado, por lo que ha reclamado el refuerzo de los equipos sociales para dar solución a la difícil situación que atraviesan muchas familias extremeñas.

La directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, ha negado la acusación de Cs y ha apostillado que “a 30 de abril están pagadas todas, 1.700”, más las nuevas solicitudes que siguen su curso, y son conscientes de que habrá “un aumento de la demanda”, aunque también hay que ver cómo se complementan con el nuevo ingreso mínimo vital.

Ha indicado que “no se han retenido” solicitudes, lo que se ha hecho es comprobar si los solicitantes estaban recibiendo ayudas de otras programas en marcha, para “poder llegar a todas las familias”.

Núñez ha recordado que con la pandemia se estableció la renovación automática para las personas que cobraban la renta básica y las nuevas solicitudes se podían realizar de forma telemática o por teléfono, flexibilizando al máximo la documentación y requisitos, como “eximir del cumplimiento del programa de inserción”.

Una medida que, ha dicho, se mantendrá “hasta un mes después, como mínimo, desde que termine el estado de alarma”.