María Victoria Domínguez (C's) recurrirá el auto judicial que “no aporta nada nuevo”
- Por el caso de la presunta prevaricación administrativa por construcciones ilegales en Plasencia
La exconcejala de Plasencia y actual diputada y portavoz de Cs en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha anunciado sobre al auto del TSJ de Extremadura que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre ante presuntos delitos continuados de prevaricación u omisión del deber de perseguir delitos, que lo recurrirá.
Explica que respeta todas las resoluciones judiciales y que esta es una “interlocutoria del procedimiento”, es decir, que únicamente lo impulsa y que en ella “no hay nada nuevo a lo que ya había”.
Sus letrados estudian lo más conveniente para ella y que no se sabe si se abrirá un juicio oral, a lo que ha añadido que no se plantea dimitir como diputada regional si éste se abriera porque que queda mucho procedimiento por tramitar y que, en todo caso, sería “un hecho que no ha sucedido”.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había emitido un auto por el que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre ella por presuntos delitos continuados de prevaricación o de omisión del deber de perseguir delitos.
Estas diligencias previas, a través del trámite del procedimiento abreviado, afectan a Domínguez, que fue concejala de Urbanismo en la capital del Jerte entre 2007 y 2010 También a los exediles Mónica García y Francisco Barbancho, y a la que exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco.
Las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.
El auto
En los razonamiento jurídicos plasmado en el auto, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-Extremadura expone que, a la vista de la instrucción, “es evidente que los hechos investigados ponen de manifiesto la existencia de múltiples construcciones de viviendas en terreno no urbanizable -Sierra de Santa Bárbara- y sin licencia administrativa”.
Por dicha circunstancia, añade, “podría haberse producido el delito de prevaricación administrativa o la omisión del deber de perseguir delitos”. En cuanto a la prevaricación urbanística omisiva, el magistrado se pregunta “cómo es que el Ayuntamiento” de Plasencia “no ha cumplido con su obligación” de restaurar la legalidad urbanística ante las denuncias de la propia Policía Local “por la construcción y obras sin licencia”.
También cuestiona “por qué, pese a expedientes administrativos que ordenan la suspensión de las obras”, y dado que las obras “no fueron nunca legalizadas por no ser posible al ser las mismas contrarias a la legalidad urbanística, no se ha llevado a cabo ninguna demolición”. Por ello, deduce que “la pasividad del Ayuntamiento ha permitido la consolidación de las edificaciones ilegales”.
“La omisión equivaldría a la autorización de las obras y podría dar lugar a un delito de prevaricación omisiva”, añade. A su juicio, la no actuación de los concejales y alcalde supuso “apartarse de los parámetros de la legalidad, convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico”.
Investigaciones judiciales
Los hechos en los que se funda la denuncia son consecuencia del resultado de las investigaciones judiciales llevadas a cabo sobre delitos contra la ordenación del territorio. “Delitos ya prescritos”, según se recoge y que ponen de manifiesto la ausencia de control de dichas construcciones,“o la laxitud en las inspecciones sobre los actos constructivos” durante un tiempo prolongado (2006-2011), lo que ha supuesto la consolidación jurídica de las irregularidades urbanísticas perpetradas por los particulares.
En opinión del magistrado, el paraje de Sierra de Santa Bárbara “ha sido objeto desde hace mucho tiempo de un constante proceso de construcción ilegal masivo”, con edificaciones que “no se ajustan a la legalidad ni pueden ser autorizadas, careciendo de licencia municipal”.
De hecho, apunta posibles infracciones con respecto al antiguo Plan General de Ordenación Urbana de Plasencia (1997) pero también sobre el vigente (2015). “Del examen de los múltiples expedientes de disciplina urbanística incoados por el ayuntamiento, se evidencia que los investigados nunca sancionaron a nadie ni ordenaron la demolición de ninguna de las múltiples edificaciones ilegales”, refleja el auto.
