Una propuesta de ley incluye 48 nuevos casos de silencio administrativo positivo
El PSOE ha registrado una propuesta de ley en la Asamblea de Extremadura que incluye 48 nuevos procedimientos en los que se reconoce el silencio administrativo positivo.
Se trata de la propuesta de Ley para una Administración más Ágil en Extremadura, que ha presentado en una rueda de prensa el portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García.
A su juicio, es “una de las leyes más importantes de la legislatura”, largamente demandada por la ciudadanía y que responde a los compromisos adquiridos por Guillermo Fernández Vara en la Agenda del Cambio y en su programa de Gobierno.
El objetivo es eliminar burocracia y dar una respuesta administrativa más ágil a ciudadanos y empresas, sobre todo, para que Extremadura tenga una “ventaja competitiva” en este sentido a la hora de atraer inversión y estas facilidades sean una “seña de identidad”.
En este sentido, ha explicado que esta propuesta de ley no surge de manera “aislada”, sino que culmina un proceso que completan otras normas, como la Ley de Coordinación Intersectorial y la de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), ya aprobadas, o la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo Sostenible (LOTUS), que está en fase de tramitación parlamentaria.
Esta nueva norma aspira a reducir los tiempos de respuesta por parte de la Administración y el número de operaciones y trámites burocráticos.
A la mitad
García ha apuntado que reduce a la mitad algunos de los plazos en materia medioambiental.
Entre los procedimientos que tendrán el silencio positivo si prospera la ley está la certificación de eficiencia energética de los edificios, reclamaciones y consultas en materia de seguridad industrial y minas, y el reconocimiento de la condición de agricultor a título principal.
La expedición o renovación del título de familia numerosa, la autorización de apertura de oficinas de farmacia, el registro de convenios urbanísticos y la expedición de certificados de extremeños retornados son otros casos.
El diputado socialista ha señalado que el silencio administrativo positivo tiene como límite la legislación básica estatal y las directrices de la Unión Europea.
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