Ratios a la carta o la liquidación de la educación pública

Indignación generalizada mezclada con una impotencia difícil de gestionar, son los síntomas que están provocando a infinidad de docentes, en mi caso, por lo menos, así ha sido, la agresión que está sufriendo la educación pública por los recortes brutales de plantilla que la inspección educativa ha propuesto, látigo en mano, aplicando los criterios técnicos estrictos establecidos por la Consejería de Educación y Empleo, que llevará a cientos de profesores a perder su plaza (los que más lo van a sufrir serán los interinos); pero no contentos con esta erosión de lo público, tampoco el 2% prometido de subida salarial se llevará a cabo y los docentes seguiremos acumulando pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos diez años supera el 20%.

Y toda esta infamante acción, planificada con nocturnidad y alevosía, adquiere el dramatismo más atroz cuando la educación privada sigue con sus subvenciones, con sus conciertos y con sus ratios a la carta, dado que las ratios que no se permiten en la educación pública, sí se permiten en la concertada para que esta no sufra recortes y se mantenga a flote.

Quizá algún residuo ideológico les quede todavía a quien nos gobierna en alguna profunda oquedad a la que los tecnócratas encarnecidos no hayan tenido acceso todavía. Si así fuera, si a nuestros gobernantes les quedara algo de la ideología que llevan por bandera, deberían parar estos recortes injustificados y dañinos que socavan la educación pública y manda a la calle a un gran número de docentes.

Arguyen que no tienen dinero, pero mantienen contrataciones a dedo de asesores en las empresas públicas, o mantienen los conciertos con los centros privados que cuestan más de 82 millones de euros al año (sin contar con otras ayudas de programas diversos que reciben), cuando los conciertos ya nos son necesarios porque la red pública puede asumir las necesidades de escolarización de todas las localidades extremeñas.

Reduciendo gastos innecesarios podrían equilibrar los presupuestos para hacer frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes: no recortar plazas en la educación pública, asumir el pago del 2% comprometido, implantar la carrera profesional, mantener la reducción horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no universitario y un largo etcétera.

Por muchos años que pasen, si comenten esta tropelía, nunca llegarán a despojarse por completo de la ignominia que cometieron en tiempos de la pandemia, quedará grabado para siempre en la memoria de cientos de docentes que se quedarán sin plaza y de otros muchos que tendrán que trabajar con ratios abultadas.

Allá por 1985 la red pública no podía asumir la demanda de escolarización, por esa razón se empezaron a concertar unidades con los centros privados. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara; pero una vez que la red pública se ampliara (el artículo 27 de la Constitución refleja la necesidad de construir centros educativos) los conciertos dejarían de ser necesarios; sin embargo, los conciertos han seguido creciendo y en Madrid o Barcelona, por ejemplo, ya superan a lo público.

Los defensores de la educación concertada se aferran al argumento demagógico, o argumento de subsistencia, de que la concertación responde al respeto que hay que tener al principio constitucional de libertad de enseñanza. En España existe efectivamente, según señala la constitución, la libertad de enseñanza; pero dicha libertad debe ejercerse entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada.