La brecha salarial en la Administración del Estado es superior a la de la Junta o ayuntamientos

La brecha salarial de género en la Administración General del Estado en Extremadura alcanza el 54 % frente al 37 % estatal, según un estudio realizado por FeSP-UGT, que solicita que se negocien e implementen Planes de Igualdad en todas las administraciones públicas de la comunidad, que partan de un diagnóstico exhaustivo de la realidad de la plantilla.

En Extremadura, la brecha salarial en el conjunto de las administraciones públicas se sitúa en el 12 % (la media nacional es del 14 %) y de los 88.726 empleados públicos de las tres Administraciones (Estado, Administración Autonómica y sus entes autónomos y Administraciones Locales: Ayuntamientos y las dos Diputaciones), 49.286 (55,54 %) son mujeres y 39.440 (44,46 %) hombres.

La diferencia salarial se explica en que las retribuciones variables (gratificaciones extraordinarias que se perciben por la realización de determinados servicios, guardias, disponibilidad, trabajo en fin de semana o festivos, horas extraordinarias o/y horarios especiales) son “percibidas mayoritariamente por los hombres, ya que los puestos de trabajo en los que mayoritariamente se ocupan llevan asociados estos complementos”.

En concreto, la Administración General del Estado (AGE) en Extremadura cuenta con 13.049 trabajadores, de los cuales 10.049 (77 %) son hombres y 2.998 (23 %) mujeres, según el Boletín Estadístico Anual del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BESAP) que realiza el Registro Central de Personal (Ministerio de Política Territorial y Función Pública).

La Administración autonómica extremeña cuenta con 49.489 trabajadores, de los cuales 16.945 (34 %) son hombres y 32.544 (66 %) mujeres.

Y la Administración local en Extremadura cuenta con 26.189 trabajadores, de ellos 12.446 (47,5 %) hombres y 13.743 (52,5 %) mujeres.

Desde UGT han indicado que a pesar de la objetividad en el acceso a la Función Pública, de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, los datos evidencian que “el ámbito del empleo público no es ajeno a los estereotipos y roles de género que impregnan nuestro sistema social y, en consecuencia, en las diferentes posiciones ocupadas por las mujeres y los hombres”.

En el sector sanitario, las mujeres son mayoría en profesiones como la Enfermería, Técnicas (Cuidados Auxiliares de Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica...) o especialidades médicas como la Pediatría, Tocología o Logopedia.

En Justicia, en tareas administrativas y de auxilio judicial, en la carrera judicial y fiscal, y como no puede ser de otra manera, en el ejercicio de la abogacía, recoge en un comunicado de prensa.

Además, son mayoría en el sector de la atención social, en el desempeño de profesiones como Cuidadoras, Trabajadora Social, Educadoras Sociales y de Familia, Psicólogas o Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Es revelador también que en el sector educativo las mujeres representen cerca de 90 % del profesorado en las etapas educativas iniciales, como Infantil y Primaria, y su presencia disminuya paulatinamente desde el tramo de la Secundaria hasta la Universidad.

En todas las administraciones la presencia femenina es mayoritaria en las tareas de gestión administrativa y atención a la ciudadanía, y en las administraciones públicas, las contrataciones temporales y a tiempo parcial recaen sobre las mujeres, en los diferentes regímenes de vinculación.

“La falta de seguridad laboral, el empleo intermitente, la renuncia involuntaria al progreso profesional, la reducción en los ingresos sitúa a muchas empleadas públicas una situación de precariedad”, ha subrayado el sindicato.

Ha valorado el documento (BESAP) por los datos que revela pero echa en falta que aporte “datos desagregados por sexo referidos a los niveles salariales, referidos a los procesos de promoción profesional en la administración, al empleo del tiempo en materia de formación continua o el ejercicio de la corresponsabilidad y conciliación familiar y personal”.

Datos que, a su juicio, se pueden obtener con los diagnósticos previos a la elaboración de los Planes de Igualdad y ha recordado que en algunas de las administraciones de la región aún no cuentan con los mismos, a pesar de estar obligadas por la normativa vigente en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Ha recordado que, por ejemplo, en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, se reconoce que “esta situación de desigualdad, visible en la brecha salarial que no ha sido reducida en los últimos años, exige una actuación urgente y necesaria por parte del Estado, puesto que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus derechos”.