Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El Gobierno da por imposible pactar la acogida de menores migrantes con el PP
Borrell: “Israel es dependiente de EEUU y otros, sin ellos no podría hacer lo que hace”
Opinión - Salvar el Mediterráneo y a sus gentes. Por Neus Tomàs

Los 18 activistas del campamento encausados por entrar en TVE, al banquillo: “Moralmente somos inocentes”

Miembros del Campamento Dignidad en el momento en que invaden el plató de TVE Extremadura.

Jesús Conde

Este miércoles será la última vez que firmen en los juzgados. Lo han hecho un total de 60 veces, los días 1 y 15 de cada mes. Seguían en libertad condicional desde que el 11 de febrero de 2014 irrumpieron en los informativos territoriales de TVE con una pancarta bajo el lema ‘En Extremadura renta básica’.

Nerviosos, pero aliviados al mismo tiempo porque “al fin” podrán descansar. Ese es el sentimiento de buena parte de los 18 activistas de los Campamentos Dignidad que este jueves se sientan en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acusados de un delito de coacciones y desórdenes públicos.

Lo que iba a empezar siendo un juicio rápido se ha demorado dos años y medio para sorpresa de los activistas. Y ha acabado en el alto tribunal debido a que uno de los encausados –Eugenio Romero—es hoy diputado autonómico de Podemos.

Los campamentos reclaman la absolución de todas las personas imputadas porque entienden que fue un acto de protesta ante la situación de miseria creciente y el impago de la renta básica de inserción por parte del Gobierno de José Antonio Monago. Dicen que era una llamada de atención ante la situación de miles de familias.

Afirma Manuel Cañada, portavoz de los campamentos y uno de los encausados, que esto “no es el juicio de la tele, sino el juicio de la pobreza”. Apunta que este jueves se vive en Cáceres un ‘pulso’ entre quienes quieren convertirlo en un proceso por irrumpir en el informativo frente quienes lo entienden como una reclamación de derechos que “no se estaban cumpliendo”: “nosotros no nos metimos como alborotadores, sino como denunciantes de las injusticias”.

Denunciantes según Cañada porque en cinco años se pasó de 700 a 1.600 expedientes de desahucios abiertos en las viviendas públicas de la Junta, “y porque en aquél momento se pagaban 200 rentas básicas”. Parafrasea aquí el activista a Gandhi para afirmar que “en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad del hombre, ninguna tiranía puede dominarle”.

Manuel lleva estos días en la mochila los cuadernos con las notas que por aquellos entonces hacía. Y entre tantas palabras enseña los casos de tres mujeres: “Unas historias entre otras tantas marcadas por la miseria. Porque a estas mujeres les habían cortado el agua, estaban sin ingresos, con niños a su cargo e incluso en uno de los casos víctima de abusos. Y estas mujeres no cobraban la renta básica”.

Eran momentos que define como de “extrema necesidad”. Y allí ocurrió “lo mejor y lo peor”. “Mientas que empeoraban las condiciones con un proceso de empobrecimiento brutal que se asume y que se vive con naturalidad socialmente, aparece un movimiento de gente que antes nunca había soñado en organizarse para reivindicar sus derechos, y hace comunidad. Una comunidad de lucha. Una comunidad de quienes no tienen comunidad”.

“Esto es un juicio político”

Una de los mensajes que lanza alto y claro Cañada es que esto es un juicio político que se celebra a las puertas de unas elecciones generales. Lamenta que se haya desestimado las intervenciones del entonces consejero de Vivienda Víctor del Moral y de Monago. “Porque la injusticia tiene nombres y apellidos, y hay responsables directos de los desahucios sobre viviendas sociales que se estaban ejecutando”. Culpa también al gobierno del PP de los retrasos en el cobro de renta básica entre familias ‘desamparadas’.

“Defendíamos la justicia, la justica con mayúsculas para las clases empobrecidas a las que se les denegaban sus derechos. Es una paradoja que ahora nos enjuicie el sistema judicial a nosotros”. En contraposición traslada que injusticia “es mantener en la miseria a miles de familias extremeñas”.

Por todo ello reclaman la absolución: “desestimamos que cometiéramos coacciones porque somos un movimiento social pacífico. Eso si un movimiento que cree en la desobediencia civil. Fue una acción simbólica y pacífica.

“Y denunciamos una coacción sorda, la la violencia que se ejerce sobre quienes menos tienen la miseria. De esos desempleados que no llegan a final de mes y que terminan recurriendo a los ansiolíticos, de quienes han terminado suicidando porque los iban a desahuciar”.

Y un claro ejemplo --dice-- es el caso de Jose, uno de los encausados que terminó muriendo cuatro meses más tarde porque tenía que costearse un elevado porcentaje de los tratamientos médicos que tenía y que solo podía pagar uno de ellos porque no tenía más recursos. “Es el resumen del sentido del juicio, la falta de ingresos y la situación de extrema necesidad de miles de familias”.

Etiquetas
stats