Campamento Dignidad, trece años después: la batalla por la vivienda y por poder hacer algo tan básico como ir al baño

El Campamento Dignidad nació en Extremadura en plena resaca de la crisis económica y financiera de 2008. Trece años después, las tiendas de campaña ya no ocupan las calles como entonces, pero algunas de las preguntas que dieron origen al movimiento siguen abiertas: qué ocurre cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando una prestación no llega, cuando una persona sin hogar no puede empadronarse o cuando incluso cubrir una necesidad fisiológica se convierte en un problema. La actualidad ha devuelto al colectivo a uno de los escenarios donde comenzó una de sus principales batallas: la vivienda.

En Badajoz, Campamento Dignidad trabaja hoy para que se regularice la situación de diez familias que recuperaron viviendas vacías en el barrio de Suerte de Saavedra, antiguos inmuebles vinculados a la Guardia Civil que quedaron abandonados tras el traslado de los agentes. La Junta de Extremadura plantea actuar sobre esos inmuebles, pretende recuperar y rehabilitar parte de las viviendas, mientras las familias reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo. Para el movimiento, el conflicto representa la continuidad de una reivindicación que atraviesa más de una década de actividad: que las viviendas vacías se utilicen para garantizar el derecho a un techo. “Estamos intentando que se legalice la situación de diez familias que recuperaron su vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra”, explica Juan Viera, uno de sus portavoces históricos.

El origen del conflicto se encuentra en un conjunto de 90 viviendas que quedaron vacías tras la salida de la Guardia Civil del barrio. Primero quedaron bajo la titularidad del Ministerio del Interior y, con el paso del tiempo, la Junta de Extremadura asumió su gestión. En ese intervalo, cuando los inmuebles llevaban años abandonados, diez familias entraron a vivir en diez de esas casas. Viera recuerda aquel momento como el inicio de una reivindicación que no ha cesado: viviendas públicas sin uso frente a familias sin alternativa. Desde entonces, Campamento Dignidad ha defendido que esos inmuebles pasaran definitivamente a manos de la Administración autonómica y que se reconociera la situación de quienes ya los habitaban. “Empezamos la batalla para que, en primer lugar, las viviendas del Ministerio pasasen a la Junta de Extremadura y después que la Junta de Extremadura legalizara la situación de las familias”, resume.

Destino de los inmuebles

El movimiento cuestiona ahora el destino de parte de los inmuebles. Según Viera, la Junta ha habilitado 40 viviendas y las ha entregado a Cáritas para su gestión, mientras el colectivo reclama participar en las decisiones sobre la adjudicación. “La Junta de Extremadura ha habilitado y preparado 40 y no sabemos por qué se las ha entregado a Cáritas. Cáritas hará lo que le parezca con ellas. Nosotros estamos pidiendo participar en la decisión, en la concesión de esas viviendas”, afirma. La Junta ha planteado actuar sobre las viviendas pendientes y reservar diez para una actuación posterior, según la reconstrucción del colectivo. Las familias ocupantes reclaman que su situación sea tenida en cuenta antes de cualquier salida. Campamento Dignidad ha anunciado nuevas movilizaciones: “Tenemos el día 15 una movilización en Badajoz y seguiremos con ello para que se asignen por parte de la Junta de Extremadura las viviendas a estas familias”, avanza Viera.

El conflicto actual tiene una particularidad: la Administración autonómica también pretende que los inmuebles formen parte de la solución al problema de la vivienda, pero el desacuerdo está en quién debe acceder a ellos y qué debe ocurrir con quienes ya viven allí. Para Campamento Dignidad, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de Extremadura. Desde sus primeros meses, el colectivo denuncia la contradicción entre promociones vacías y familias sin alternativa residencial. Durante los años más duros de la crisis señaló viviendas inacabadas, inmuebles de entidades financieras y promociones públicas sin uso. En Mérida, uno de los focos fue la urbanización Los Álamos; en Badajoz, Suerte de Saavedra se convirtió en uno de los escenarios más prolongados. Su posición se ha mantenido: aumentar el parque público, utilizar las viviendas vacías y garantizar que ningún desalojo deje a una familia sin alternativa. Viera considera que el problema continúa agravándose. “La cuestión de la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en Extremadura y estamos haciendo todo lo que podemos”, sostiene.

La reivindicación enlaza con la evolución del mercado inmobiliario: la dificultad no afecta solo a personas sin ingresos, sino también a trabajadores con salarios insuficientes para afrontar los precios del alquiler. Campamento Dignidad ya advertía que el problema extremeño no era únicamente el precio, sino la insuficiencia del parque disponible para quienes no pueden competir en el mercado privado.

Sinhogarismo

La agenda del movimiento se ha ampliado desde aquellos primeros años. Uno de los nuevos frentes es el de las personas sin hogar. “En Mérida, en Cáceres y en las grandes localidades hay muchas personas sin hogar que viven en la calle, en los portales, debajo de las obras”, relata Viera. Pero el problema no termina con la falta de un techo: las personas que viven en la calle encuentran dificultades para acceder a espacios básicos de la vida cotidiana, entre ellos algo tan elemental como utilizar un aseo. “Cuando tienen necesidad fisiológica, en algunos restaurantes no les dejan entrar porque están estigmatizados por una circunstancia o por otra y en la calle, la Policía los multa. Entonces, ¿dónde van?”, plantea. De ahí surge una de las reivindicaciones más llamativas del movimiento: la instalación de aseos públicos gratuitos y accesibles. La demanda parte de una cuestión de dignidad, pero también de salud pública, convivencia e igualdad en el uso del espacio urbano. El colectivo considera que no basta con reclamar ciudades turísticas, accesibles y cuidadas si quienes viven en ellas en las condiciones más extremas no tienen siquiera un lugar donde cubrir sus necesidades fisiológicas. “Y no es solo por ellos, sino también por la cuestión turística. Tanto que hablan del turismo, pues que se preocupen por este tema”, señala Viera.

La reivindicación coloca en el debate una dimensión poco visible del sinhogarismo: no se trata solo de dónde duerme una persona, sino de cómo puede desarrollar las actividades más básicas de la vida cotidiana cuando no dispone de un espacio privado.

La escena que describe Viera —una persona sin hogar buscando un lugar donde simplemente poder orinar o asearse, recibiendo negativas en los bares y multas en la calle— revela hasta qué punto la ciudad puede volverse hostil cuando no se dispone de un espacio propio. La necesidad fisiológica, que en cualquier hogar se resuelve sin pensarlo, se convierte en un recorrido humillante y, a veces, sancionable. No es solo un problema de higiene o de salud pública: es la constatación de que la vida urbana está diseñada para quienes pueden pagar por cada gesto cotidiano. Campamento Dignidad insiste en que esta vulneración silenciosa de derechos básicos muestra la crudeza del sinhogarismo en su forma más íntima, allí donde la dignidad se juega en lo más elemental: poder ir al baño sin ser expulsado, señalado o castigado.

Empadronamiento

Otro frente abierto es el del empadronamiento. El colectivo acompaña a personas vulnerables ante los servicios sociales y denuncia especialmente las dificultades de quienes viven en la calle para figurar en el padrón municipal. “Estamos batallando para que se empadrone a la gente”, explica Viera. La inscripción padronal acredita la residencia y es esencial para acceder a prestaciones, servicios y derechos. El colectivo denuncia que algunas personas sin hogar permanecen sin empadronar. “Por ley es una obligación de los municipios, pero así y todo muchos municipios se oponen a empadronar a gente que vive en la calle”, sostiene. Campamento Dignidad mantiene este conflicto especialmente con el Ayuntamiento de Mérida. La consecuencia, según Viera, es una cadena de exclusión: “Si no tiene empadronamiento, pues no hay nada”.

Acompañamiento

El acompañamiento constituye una de las señas de identidad del movimiento desde su nacimiento. No se limita a convocar concentraciones: acompaña a familias ante los servicios sociales, participa en negociaciones y ayuda a personas vulnerables a realizar trámites. “Estamos acompañando a muchas familias a los servicios sociales, sobre todo de Mérida”, explica Viera. Ese papel no siempre resulta cómodo para las administraciones. El portavoz asegura que el colectivo ha encontrado dificultades para acompañar a familias en los servicios sociales municipales. “Tenemos problemas en los servicios sociales municipales cuando acompañamos a familias porque no nos dejan”, afirma. La presencia de una organización junto a una persona usuaria cambia la relación con la Administración: ya no acude sola, sino acompañada por un colectivo que conoce sus derechos y reclama explicaciones. Es una práctica heredada de los movimientos sociales surgidos durante la crisis hipotecaria y que Campamento Dignidad ha convertido en parte estable de su actividad.

Histórico

El movimiento nació el 20 de febrero de 2013 en Mérida. Personas desempleadas y demandantes de prestaciones sociales se concentraron ante las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo y decidieron instalar allí un campamento para reclamar trabajo, protección social y una renta básica. La experiencia conectaba con el 15M y con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. La acampada se extendió a Plasencia, Almendralejo y Badajoz. Las tiendas se convirtieron en una imagen de la crisis social extremeña. Pero el movimiento no se limitó a permanecer en la calle: construyó una red de apoyo mutuo que combinaba protesta, acompañamiento y organización comunitaria. Su idea central era que las personas afectadas por la pobreza no fueran consideradas únicamente receptoras de ayudas, sino sujetos activos de las reivindicaciones.

La primera gran batalla política fue la renta básica. La Asamblea de Extremadura aprobó en mayo de 2013 la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción, que reconocía un derecho subjetivo vinculado a requisitos económicos y a un Proyecto Individualizado de Inserción. La fecha requiere una precisión: la ley fue aprobada el 21 de mayo y publicada en el DOE el 23. El modelo estaba lejos de la renta básica defendida por el movimiento, que reclamaba una prestación universal, individual, incondicional y suficiente. La Administración articuló una renta mínima condicionada. Ahí apareció uno de los debates centrales: si la protección frente a la pobreza debe plantearse como una prestación asistencial sometida a condiciones o como un derecho económico universal.

Continúa el debate

La aprobación de la ley no puso fin a las movilizaciones. Campamento Dignidad denunció retrasos, obstáculos burocráticos y falta de recursos. La crítica se dirigió tanto al Gobierno del PP de José Antonio Monago como al Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El problema iba más allá del dinero disponible: se trataba de si una persona en situación de pobreza podía realmente ejercer el derecho reconocido. Las protestas se sucedieron y el movimiento reclamó más recursos para garantizar el pago de las prestaciones. La regulación ha cambiado desde entonces: la Renta Básica Extremeña de Inserción fue sustituida por otros modelos y hoy existe la Renta Extremeña Garantizada. Pero el debate sobre suficiencia, requisitos, burocracia y capacidad real de las prestaciones para sacar a una persona de la pobreza permanece.

La vivienda se incorporó pronto a la agenda. Campamento Dignidad acompañó a familias amenazadas por desahucios y señaló viviendas vacías. En Mérida puso el foco en promociones sin terminar; en Badajoz, en Suerte de Saavedra. El repertorio de acción fue directo: concentraciones, acampadas, ocupaciones reivindicativas, acompañamientos, encierros y protestas ante responsables políticos. El objetivo era desplazar al espacio público conflictos que habitualmente permanecían encerrados en expedientes administrativos o procedimientos judiciales. El movimiento asumió así una de las características fundamentales de los movimientos surgidos tras el 15M: transformar un problema individual en un conflicto colectivo.

También recurrió a los escraches. En 2013, varios integrantes protagonizaron acciones de señalamiento ante responsables políticos durante la tramitación de la renta básica. Uno de los episodios judicializados fue el escrache ante el domicilio del dirigente del PP Carlos Floriano. Los seis integrantes juzgados fueron absueltos. La estrategia generó una intensa controversia sobre los límites entre la protesta política y las conductas sancionables. El movimiento defendía la legitimidad de señalar a responsables políticos cuando consideraba que las instituciones no respondían a situaciones de emergencia social.

El episodio judicial más conocido fue la entrada de activistas en el Centro Territorial de TVE en Mérida el 11 de febrero de 2014 durante la emisión del informativo regional. Pretendían reivindicar los retrasos en la renta básica. La acción interrumpió la emisión y acabó en los tribunales. Las primeras diligencias hablaron de 19 detenidos, aunque el procedimiento que llegó al TSJEx quedó referido a 18 activistas. Nueve aceptaron una conformidad con una multa de 540 euros; los otros nueve rechazaron el acuerdo. Entre ellos estaba Eugenio Romero, posteriormente diputado de Podemos. El TSJEx condenó a los nueve a multas de 900 euros por desórdenes públicos. El Supremo confirmó la condena. La causa se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del colectivo y en un ejemplo de la tensión entre la acción directa y la respuesta penal del Estado.

Nuevos retos

La actividad actual demuestra que Campamento Dignidad no se ha quedado anclado en 2013. La inflación, el encarecimiento de la vivienda, el sinhogarismo, la precariedad laboral, el acceso a los servicios públicos y la burocratización de las prestaciones han ampliado su agenda. En 2022, Viera denunciaba que la legislación de vivienda no abordaba suficientemente el problema extremeño y reclamaba utilizar viviendas vacías de entidades bancarias y organismos públicos para alquiler social. En 2023 volvió a situar la pobreza, las prestaciones sociales y la vivienda en el centro de las protestas. Y en 2026 el conflicto de Suerte de Saavedra demuestra que la vivienda sigue siendo una de sus principales líneas de actuación. RTVE recogía este mes la posición del colectivo en defensa de las familias y su petición de que no se produzcan expulsiones sin alternativa habitacional.

Existe además una dimensión asistencial que convive con la protesta. Viera recuerda la colaboración histórica con Cruz Roja y el reparto de alimentos que llegó a alcanzar cerca de 100.000 kilos anuales. El apoyo material constituye otra parte de la red construida por el movimiento. Pero para sus integrantes la ayuda directa no sustituye la reivindicación política: ambas se complementan. Se atiende una necesidad concreta mientras se denuncia la estructura que la provoca. Ese modelo —apoyo mutuo, acompañamiento y movilización— constituye una de las principales herencias del Campamento Dignidad.

Más de trece años después de aquella primera acampada, Campamento Dignidad sigue ocupando un espacio particular en la política social extremeña. No es una institución pública. No es una ONG asistencial convencional. Tampoco funciona exclusivamente como plataforma de protesta. Es una combinación de acompañamiento, denuncia, movilización, negociación y acción directa. Su historia permite observar la transformación de las demandas sociales en Extremadura: en 2013, el principal reclamo era una renta básica; después llegaron los desahucios y la vivienda; ahora se suman el sinhogarismo, el empadronamiento, el acceso a los servicios sociales, los aseos públicos, la atención administrativa y la defensa del parque público. La pregunta de fondo apenas ha cambiado: ¿qué ocurre cuando un derecho existe sobre el papel pero una persona no puede ejercerlo en la práctica?

En Suerte de Saavedra, diez familias esperan una solución mientras la Administración prepara viviendas públicas. En las calles de Mérida y Cáceres, personas sin hogar necesitan un lugar donde dormir, pero también un lugar donde hacer algo tan básico como utilizar un aseo. Y en los servicios sociales, Campamento Dignidad sigue acompañando a personas que intentan abrir la puerta de un sistema del que, en demasiadas ocasiones, se sienten expulsadas. “Nosotros nacimos en la batalla y siempre estamos ahí, en la batalla por las cuestiones sociales”, resume Viera. Trece años después, aquella batalla ya no tiene una sola tienda de campaña ni una única reivindicación: tiene diez familias esperando una vivienda, personas sin hogar buscando un baño, ciudadanos intentando empadronarse y una organización que sigue intentando convertir esas situaciones individuales en una cuestión colectiva. La acampada terminó, pero el conflicto social que la hizo posible, para Campamento Dignidad, todavía no.