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Ecologistas quiere sentar en el banquillo a los 34 diputados del PSOE de Extremadura por la ley para legalizar Valdecañas

Aunque hay presentado un recurso en el Tribunal Constitucional, la sentencia del Supremo no se paraliza y sigue adelante

La asociación conservacionista Ecologistas en Acción de Extremadura quiere ver sentados en el banquillo de los acusados a los 34 diputados socialistas de la Asamblea de Extremadura, de la recién acabada legislatura, por votar a favor de la conocida como “Ley Zepa” (Zonas de Especial Protección para Aves), el pasado mes de marzo. Esta ley reconoce como tales 55 espacios que estaban recogidos en la Red Natura 2000, pero no catalogados como Zepa, entre ellos, el que ocupa el resort de lujo Marina Isla de Valdecañas, sobre el que pesa una sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a demoler la totalidad del mismo.

 Ecologistas en Acción considera que, con esa ley, se pretendía lanzar el mensaje de que, con anterioridad, Valdecañas no era una zona Zepa y, por lo tanto, no sería ilegal su resort, en el que tienen propiedades familias muy conocidas del país, entre ellas, personajes de la prensa rosa, artistas, políticos, e incluso parientes de la familia real.

185 villas de lujo, hotel, campo de golf y puerto deportivo

 El complejo, que se encuentra en el embalse de Valdecañas, entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, ambos de la provincia de Cáceres, cuenta con 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, otro hotel sin terminar, un campo de golf, y un puerto deportivo, que dan trabajo a la totalidad de los vecinos del pueblo.

 La demolición de las construcciones supondría un coste de 33 millones, a lo que habría que sumar las indemnizaciones a los propietarios, cercanas a los 111 millones de euros. Este hecho, que ha sido utilizado como argumento por la promotora, por la comunidad de propietarios, y por la Junta de Extremadura para justificar la imposibilidad de ejecutar la sentencia, no le ha valido al Tribunal Supremo, que el pasado 18 de mayo, en una providencia, volvió de decir que el complejo debía demolerse y que la Junta de Extremadura tenía un plazo de 8 meses para decidir de qué modo procederá a hacerlo. La demolición afectará a la totalidad de las edificaciones, y no sólo a las que están a medio construir como sugería el Tribunal Superior de Justicia extremeño.

 A pesar de que el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que recibió ese mazazo judicial plena campaña electoral, ha asegurado en varias ocasiones que Valdecañas no se demolerá puesto que cuenta con una ley (Ley Zepa) que le protege, ayer mismo el Diario Oficial de Extremadura publicaba el acuerdo por el que se designa a la Comisión Interdepartamental que se creó mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2020, como órgano encargado de hacer el seguimiento permanente e impulsar todas las actuaciones administrativas tendentes a la ejecución de la demolición.

Ecologistas en Acción: Vara ha hecho el ridículo, duda de la validez de la nueva ley

 Ante la contradicción de que, por un lado, el presidente de la Junta afirme categóricamente que Valdecañas no se derriba, y que, por otra, se haya designado ya, por parte, del ejecutivo regional a la comisión que coordinará el plan de demolición, el abogado de la asociación conservacionista, Ángel García Calle, ha señalado en declaraciones a elDiario.es Extremadura, que “está claro que duda de la validez de la nueva ley, de que no las tiene todas consigo”.

 De hecho, asegura García, después de que el Tribunal Supremo rechazara en la última providencia el recurso de casación presentado por los propietarios y los promotores y la Junta, ésta última podía haber planteado la inejecutabilidad de la sentencia en base a la existencia de la nueva ley y, sin embargo, no lo ha hecho, ha designado al órgano que debe coordinar la demolición“.

 “Para mí, Fernández Vara ha quedado en evidencia, por no decir en ridículo. Está claro que sus servicios jurídicos le han hecho recapacitar para que ponga en marcha la ejecución de la sentencia porque dudan de que esa ley pueda ser aplicable, está claro que esa ley no puede evitar el cumplimiento de una sentencia judicial, a no ser que quieran reincidir en la prevaricación que ya se ha cometido con la aprobación de la misma”.

 Quince años de demandas y recursos que pueden terminar con los 34 diputados socialistas sentados en el banquillo de acusados, si la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) admite finalmente a trámite la querella presentada por los ecologistas en abril de este año, en el Juzgado número 1 de Mérida, que tiene que inhibirse de la causa y dar traslado al Tribunal Superior por ser competente al tratarse los diputados de personas aforadas.

 Podrían ser condenados a entre 8 y 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, y a entre 6 meses a 2 años y multa de 3 a 12 meses por el de desobediencia a la autoridad judicial en funcionarios públicos. Este martes, según ha podido saber este diario, en la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJEX aún no habían recibido traslado ni sabían nada de la querella.

El Gobierno ve insólita la querella contra los diputados

El portavoz del Gobierno extremeño, Juan Antonio González, ha considerado “insólito” que Ecologistas en Acción se haya querellado contra los diputados. “El mundo cada vez se está volviendo más loco”, al tiempo que ha señalado que si hay que actuar se debe hacer contra las leyes con las que se está disconforme pero no contra las personas que las aprueban, “que no son ni más ni menos que los representantes de la soberanía del pueblo extremeño”

En este sentido, ha considerado que hay herramientas suficientes para intentar revocar las leyes en los tribunales en lugar de ir “contra aquellas personas que hacen las leyes”.

Aunque tanto Junta, como promotores y propietarios están pendientes del recurso presentado en el Tribunal Constitucional, éste no paraliza la ejecución de la sentencia del Supremo, cuyo plazo de 8 meses para elaborar el plan, desde que se dictara la providencia el pasado 18 de mayo, sigue corriendo.

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