Exigen anular la instrucción que permite a los interventores señalar el voto de personas con discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Extremadura ha exigido a la Junta Electoral Central que anule la instrucción que permite a determinados agentes electorales, como interventores o apoderados, cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad.

Según algunas informaciones la Junta Electoral Central permitiría a interventores y apoderados de los partidos apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria. De este modo se le tomará la documentación  y quedará registrado. 

Tras la polémica suscitada la Junta Electoral matizó el texto de la instrucción y eliminó la alusión directa a las personas con discapacidad. De este modo indica que se podrá hacer constar la sospecha ante cualquier voto que consideren que no ha sido ejercido de forma “consciente, libre y voluntaria”.

“La rectificación se ha hecho parcialmente y nos parece insuficiente”, ha señalado Plena Inclusión España, que considera muy sospechoso que esta indicación se haga precisamente en estos comicios, en los que votarán por primera vez las personas con discapacidad.

Derecho al voto para 3.000 personas en Extremadura

Más de 3.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Extremadura podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de mayo de 2019. 

Lo harán después de que el Congreso haya modificado la ley para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al sufragio, una medida que afecta a unas 100.000 personas a nivel estatal. 

“Un enfoque sesgado y prejuiciado”

Desde el Cermi entienden que la instrucción, elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, “restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones”. 

A su juicio contiene un “enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad”, ya que las señala y las somete a “un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera”. 

En el mismo sentido Plena inclusión España, la confederación que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, denuncia que se trata de una directriz ‘discriminatoria’ que vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, “puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las personas con discapacidad en la decisión de votar, pero no del resto de los votantes”.