Extremadura actuará de oficio ante posibles riesgos de mutilación genital en niñas
Extremadura actuará de oficio ante los casos de niñas residentes en la comunidad autónoma, pero pertenecientes a países o etnias donde se practique la ablación, para evitar que puedan ser sometidas a esta práctica cuando viajen a sus comunidades de origen.
Extremadura se convierte, tras Aragón, Navarra y Cataluña en la cuarta comunidad autónoma que cuenta con un instrumento para luchar contra la mutilación genital que siguen sufriendo niñas pertenecientes a países o etnias donde aún se practica.
La directora general del IMEx, Elisa Barrientos; la de Política Social, Infancia y Familia, Carmen Núñez; y la presidenta de ADHEX, Flor Fondón, han presentado el protocolo para la prevención e intervención en mutilación genital femenina de Extremadura. Ha sido con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero ante esta práctica tan nociva para las mujeres y que viola los derechos humanos.
Según ha explicado Carmen Núñez, en Extremadura hay detectadas 651 personas inmigrantes, niñas, mujeres y hombres, que pueden considerarse población de riesgo ya que pueden sufrir o empujar a esta práctica.
Flor Fondón ha explicado que la mutilación genital femenina, que pueden padecer en el mundo hasta dos millones de niñas, es una costumbre ancestral ligada a ritos de purificación que se extiende sobre todo por países del centro de África y algunos de Asia.
Tras precisar que no está ligada a la religión musulmana y que la globalización la ha extendido a cualquier país del mundo, apunta que lo habitual, en el caso de niñas cuyas familias han emigrado a países más desarrollados, es que sean mutiladas cuando regresan a sus comunidades de origen en los periodos de vacaciones.
Nuevo protocolo
Para prevenir estos casos Extremadura ha puesto en marcha este protocolo que permite actuar de oficio a cualquier profesional de la educación, de la salud o de los servicios sociales.
Cuando se detecte un posible caso de riesgo, se derivará una notificación a Atención Primaria para que se cite a la familia, a la que se le instará a firmar un compromiso preventivo para disuadirlas de que sometan a sus hijas a esta práctica y se establecerá un seguimiento.
Si la familia se niega a firmar esa hoja de compromiso previo intervendrían los servicios de Protección de Menores y la Fiscalía, ya que “índice de riesgo sería muy superior”. Por ello, en este caso, ante la posibilidad de que se pueda cometer un delito de violencia contra menores, se podrían “interponer medidas de urgencia para evitar ese viaje, incluso para asumir la guarda si fuera necesario”.
Formación de los profesionales
El protocolo conlleva también la formación de los profesionales, para que puedan detectar posibles casos antes y después de la ablación, la sensibilización de las familias que pueden verse afectadas sin caer en la “criminalización” y acciones formativas con cooperantes que puedan trabajar en los territorios donde se suele practicar la mutilación genital femenina.
La directora general del IMEX ha instado al Gobierno central a que apruebe un protocolo similar de ámbito nacional, ya que este tipo de población inmigrante suele moverse por todo el territorio, así como una Ley contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Igualmente, se ha pedido que se incluya en el catálogo de servicios sanitarios a nivel nacional la cirugía reconstructiva para poder tratar a las niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital.
