La macrocausa por los cursos de formación en Extremadura llega a su fin tras siete años de instrucción

La instrucción de la macrocausa judicial que se inició en 2015 contra la patronal extremeña y sindicatos por un presunto fraude en las subvenciones recibidas para cursos de formación, que podría ascender a tres millones de euros, ultima los detalles siete años después. Se espera que entre este mes de septiembre y octubre finalice la instrucción de las cuatro piezas que se encuentran en el Juzgado número 1 de Badajoz, y que entre noviembre y diciembre lo haga la pieza que se está instruyendo en el Juzgado número 4 de Mérida.

Será clave para cerrar esa tramitación la comparecencia en sede judicial, y tomarles declaración, del ex director del servicio extremeño de empleo (Sexpe), Miguel Lozano, quien en nombre del Gobierno autonómico de José Antonio Monago presentó denuncia en los juzgados, y de un representante de la Fundación Tripartita estatal, entidad que coordinaba y tutelaba los cursos de formación.

Lo hacía la Fundación mediante un convenio con la Junta de Extremadura, en representación de la patronal y los sindicatos, y en colaboración también con el Servicio Estatal de Empleo, que suministraba la mayoría de los fondos económicos.

Se espera que esta toma de declaraciones se lleven a cabo a finales de este mes.

Investigando desde 2015

La Fiscalía Anticorrupción y los fiscales especializados en delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Badajoz iniciaron la investigación en 2015 a raíz de la denuncia presentada por la Junta de Extremadura cuando estaba gobernada por el PP de José Antonio Monago, tras detectar presuntas irregularidades en la justificación de las subvenciones.

La supervisión y el control de justificación económica de los cursos, por parte de patronal y sindicatos, correspondía a la Fundación Tripartita según el convenio firmado con la Junta extremeña, pero el Ejecutivo de Monago decidió encargar por su cuenta un informe a una auditoría privada que, en cinco folios, determinaba la existencia de presunto fraude; un informe que costó 25.000 euros y un documento que sirvió de base para la denuncia judicial.

Sin embargo, cuando el PSOE regresó al Gobierno autonómico ese mismo 2015, rechazó seguir personado en la causa y los 'populares' decidieron, por “motivos económicos”, personarse como acusación particular solo en la pieza en la que aparece como investigado el sindicato CCOO para, al menos, poder hacer un seguimiento del avance de la tramitación judicial, según fuentes del partido.

Comisiones fue de las entidades más críticas y combativas con la gestión de Monago al frente de la Junta.

 En julio de 2020, el PP pidió explicaciones a la Junta por retirarse de la causa, y la comparecencia de la consejera de Educación y Empleo en la Asamblea de Extremadura, pero no obtuvieron respuesta.

Si finalmente los tribunales consideran que hay responsabilidad penal por un presunto delito de fraude en la ejecución de los cursos, podrían acabar condenados parte de la entonces cúpula de la patronal extremeña, como la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEx), las Federación de Empresarios de Cáceres y Plasencia (FEC) y (FEP), los sindicatos CCOO y UGT, además de trabajadores de estos colectivos y de las fundaciones ligadas a ellos.

Siete años de instrucción en los juzgados

La demora, aunque parece más que excesiva, siete años desde que empezó su investigación el Ministerio Fiscal y la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,  está justificada, según fuentes judiciales, por la ingente cantidad de pruebas periciales solicitadas por los colectivos y personas investigadas, que ha hecho que el expediente haya pasado de tener cientos de hojas, a miles.

De hecho, la demanda es llevada por dos juzgados, el número 1 de instrucción de Badajoz, que lleva dos piezas, una de ellas separadas en tres, y el 4 de primera instancia e instrucción de Mérida, que lleva otra pieza, lo que hace un total de cinco.

En concreto, en el juzgado número 4 Mérida, se lleva la causa contra CCOO y Forem Extremadura (fundación del sindicato que ejecutaba los programas), además de 5 personas física. Todas ellas han prestado ya declaración en calidad de investigados y no se ha sobreseído la causa sobre ninguno de ellos, hasta el momento.

En cuanto al juzgado número 1 de Badajoz lleva una pieza contra UGT e IFES Extremadura, además de 6 personas físicas, y otra contra las patronales regional y pacense CREEx y COEBA, y cinco personas más; una tercera contra la CREEx la FEC, Fomento y Empresa de Calidad y 4 personas físicas, y una quinta pieza contra la CREEx, de nuevo, la FEP y 5 personas, más.

En total, por la parte patronal, los dirigentes de CREEX, COEBA, FEC y FEP, y trabajadores de estas entidades; UGT y CCOO, y también personal de estos sindicatos, así como de las fundaciones filiales mencionadas.

El Juzgado número 1 de Badajoz pidió el pasado mes de julio una prórroga para finalizar la instrucción del procedimiento que se instruye allí, que se dio por un año, como dicta la ley, pero “ello no significa que se tenga que agotar el año”. Todo lo contrario, se está a la espera de las declaraciones del ex director del Sexpe y la Fundación Tripartita para terminar con la instrucción, ya que toda la documental, tanto de particulares como de la administración ya está aportada.

La pena de prisión a la que se enfrentan los investigados, de ser condenados, podría ser de uno a cinco años de prisión, ya que según el artículo 308 del Código Penal los fraudes en subvenciones de las administraciones públicas superiores a 120.000 euros podrían ser sancionados con esa pena.

Además, serían condenados a no poder acceder a subvenciones públicas durante un tiempo de 3 a 6 años, y al pago de una multa.

Sin embargo un informe-resolución del Gobierno regional del año pasado concluía, en un documento de 30 folios, que las acciones formativas estaban bien justificadas, tal y como planteó desde el principio la Fundación Tripartita, y criticaba al Servicio de Empleo de la era Monago por haber montado un sistema paralelo de control, más costoso e inseguro jurídicamente, que además pretendía aplicar a los cursos ya ejecutados unos mecanismos administrativos nuevos de justificación de forma retroactiva, por tanto muy difíciles ya de cumplir por parte de patronal y sindicatos.

Ahora tendrán que ser los jueces quienes digan si, finalmente, se sientan en el banquillo o se archiva la causa, después de siete años de instrucción.

La Junta se apartó al considerar que no hubo perjuicio

Preguntada la Junta de Extremadura por este diario sobre por qué decidió en 2020 retirar su personación de la causa, ha señalado que se acordó tras conocer “una resolución del SEXPE, en la que se analizaron las justificaciones de dichas subvenciones, y en la que se constataba que no se había provocado ningún perjuicio a la hacienda pública”.

El Gobierno regional, ha manifestado su “máximo respeto a la acción y a los tiempos de la justicia”, y ahora, por lo tanto, queda a la espera de saber si los dos procesos que están instruyéndose continúan para juicio o si bien se archivan las diligencias previas.

“Cabe reseñar que, en este proceso, la Junta de Extremadura ha colaborado en todo momento con la instrucción del caso y ha trasladado la información solicitada sobre los trámites administrativos a la instrucción y a la Fiscalía del caso”, afirman desde el ejecutivo extremeño.