Promueven en Extremadura una ley de Mínimos Vitales que garantice el suministro de luz y agua
Volvieron los fríos, y llegarán las heladas, sin que en Extremadura se haya abordado el problema de la pobreza energética, la incapacidad de las familias para poder tener una temperatura adecuada en casa durante el invierno. Según datos contrastados se trata de 27.000 hogares, 91.000 personas, las que han empezado a pasar frío por falta de dinero.
Desde la comarca de los Barros un pequeño y voluntarioso colectivo, la Asociación para la Defensa de lo Público, ha empezado una campaña para reclamar, a la sombra del modelo andaluz, una Ley de Servicios Mínimos Vitales, que garantice a las familias en máximos apuros, y entre ellas forzosamente a la que sólo reciben una paga social como la renta básica, un suministro gratuito de electricidad y agua para tener la calidad de vida humanamente exigible, según explica su presidente Juan Viera.
Días atrás la asociación celebró una asamblea con vecinos de Villafranca de los Barros, localidad donde hace unas semanas se les cortó el agua a 100 domicilios. Los que han solicitado el reenganche del suministro se están viendo obligados a pagar 80 euros sólo por eso, cuando el actual reglamento municipal contempla que desde julio esa tasa quedó en 38, por lo que están pidiendo a la empresa, Acciona, que devuelva la diferencia.
Pero con motivo del problema, la Asociación para la Defensa de lo Público reclama que en los plenos municipales de la región, y en la Asamblea de Extremadura, se debata una ley o decreto sobre estos suministros básicos de luz y agua, sobre los que desde hace cinco años la Unión Europea recomienda que los gobiernos nacionales respectivos tomen medidas.
Hace un año se aprobó en el Parlamento autonómico por unanimidad –con el asentimiento por tanto del PP, partido gobernante—una propuesta de IU para que la Junta aprobara un decreto de respuesta rápida para atender esos problemas de las familias más necesitadas. Salió poco después un decreto de protección social urgente.
100 litros y 5 kW/h
Semanas después el PSOE presentó una propuesta más concreta para que la Junta arbitrara alguna medida al objeto de que en toda casa necesitada no faltaran de forma gratuita 100 litros de agua y 5 kilowatios/hora por persona y día; contó con los votos socialistas y de los regionalistas de PREx-CREx, pero con el rechazo del PP, y la abstención de IU que alegó que primero había que ver en qué quedaba la solicitud anterior del decreto de respuesta rápida.
Aquella segunda medida propuesta por el PSOE estaba evaluada en 12 millones de euros, una cantidad asumible según ese partido, ya que sólo con el nuevo canon sobre el agua establecido en Extremadura en 2012, se recaudan 28 millones de euros al año.
Este problema de los servicios básicos de luz y agua sí está siendo abordado específicamente en otras comunidades como Cataluña, o Andalucía, donde se prepara, al margen de las ayudas económicas para quien justifique necesidad, un nuevo reglamento de la Ley de Aguas, y la petición al Congreso de Diputados para que a escala nacional se legisle en el apartado de la electricidad.
Sin embargo semanas atrás el PP del Congreso rechazó una propuesta defendida por la diputada extremeña Pilar Lucio en ese sentido, para que no se corte la luz a las familias vulnerables por impago durante los meses de invierno; incrementar el bono social de la luz que en Extremadura han dejado de percibir 5.000 personas según ella, y garantizar una tarifa social de luz, gas y butano como derecho.
