Políticos y actos católicos: cuando la religión y el Estado laico se confunden

El presidente de la Junta, el máximo responsable del Parlamento y la alcaldesa de Cáceres, portando la imagen de la Virgen de la Montaña / GobEx

Un año más han se han unido a los desfiles procesionales. En semana santa, en las romerías o en las fiestas de los barrios.

Los políticos se dejan ver sin disimulo en las procesiones católicas. Forman parte del imaginario colectivo, encabezan el desfile, se entremezclan en el cortejo. Una imagen que crea malestar entre los colectivos laicos. Insisten en que este tipo de gestos no respetan la libertad de creencia religiosa en un estado aconfesional.

Mila Carrero, de Extremadura y Cáceres Laica, defiende la libertad de conciencia por encima de todo. Pero para ella el problema reside en que las personas sí tienen creencias, pero las instituciones públicas no, como refleja expresamente la Constitución.

La última de las situaciones en las que la relación entre religión y el Estado laico no quedaba clara de todo fue en la festividad de la Virgen de la Montaña de Cáceres. Las agendas de los representantes públicos incluían el acompañamiento de la virgen, no como ciudadanos, sino como presidente del Gobierno de Extremadura, presidente del Parlamento y alcaldesa de Cáceres.

Extremadura Laica critica que aunque la fe católica sea mayoritaria en Extremadura, los dirigentes públicos, cuando ejercen su función, tienen que velar por el derecho a la igualdad, según argumenta.

Denuncia así el acto que ha abanderado un año el más el Ayuntamiento de Cáceres, que ha hecho entrega del bastón de mando a una imagen tallada en madera, y a recibirla institucionalmente con honores. Las asociaciones piensan que un acontecimiento de esta magnitud “perjudica gravemente la dignidad de la democracia y la convivencia entre culturas”.

“Entendemos que esos fastos municipales, que identifican de manera inequívoca gobierno y fe católica suponen una ofensa para la democracia, cuya verdadera esencia no consiste en el gobierno de la mayoría, si no en la posibilidad legal que tiene cada persona, viva y en uso de sus derechos civiles, a elegir a sus gobernantes y a ser elegido como tal”.

Las asociaciones apuntan a un agravio comparativo para aquellos comunidades que practican otras culturas y religiones y que conviven e interaccionan actualmente en la ciudad, “ya que menoscaba la confianza que puedan tener en las instituciones, al sentirse discriminados a un plano inferior”.

“Es por eso que reivindicamos que se acabe con esa práctica que no corresponde para nada a la vida y cultura que la sociedad reclama actualmente y que tratamos de construir, y todo ello sin perjuicio de que la fe católica celebre con júbilo y algarabía la llegada de su imagen”.

Otra de los debates que entra en conflicto para ellos es la connivencia que puede crearse a la hora de legislar en cuestiones sensibles, como el aborto o las relaciones sexuales, si la cercanía entre políticos e iglesia es tan íntima.

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