Sierra de Gata pide un cambio en la política forestal en el sexto aniversario del incendio que arrasó su paisaje

Varios colectivos de la comarca cacereña de Sierra de Gata han pedido un cambio en la gestión de los montes públicos que evite los grandes incendios forestales y contribuya a afianzar la población en el ámbito rural. Esta reclamación coincide con el aniversario del incendio que en 2015 calcinó unas 8.000 hectáreas, el 6% de su paisaje.

Las asociaciones Arba Extremadura, Campo Vivo, Castañar de Hoyos, Empresarios Rivera de Gata, Mosaico, Reforest-Acción, Sierra de Gata Sostenible y Vettonia han destacado que esta comarca ha sufrido en las últimas décadas incendios devastadores “que no han servido para modificar una política forestal tradicionalmente basada en la madera como único recurso”.

En este sentido, han defendido que las plantaciones madereras pueden ser una importante fuente de ingresos en la economía local, “pero para ello deben formar parte de un territorio diverso que permita el desarrollo de actividades forestales, agrícolas y ganaderas que sirven de cortafuegos a la vez que generan empleo”.

En relación a esto, han pedido la “urgente” aprobación de una ley de flexibilidad alimentaria en la región, que facilite la venta de los pequeños productores y, como consecuencia, asegure una economía local que facilite el asentamiento de personas en la Sierra de Gata. Asimismo, han destacado que hasta la fecha, los montes propiedad de los Ayuntamientos “son gestionados por la Administración regional sin posibilidad de participación de la sociedad local, que está muy interesada en una diversificación de la economía y la creación de pequeñas empresas transformadoras y comercializadoras”.

Las asociaciones han lamentado que esta “voluntad” de los habitantes y sus Ayuntamientos “se ve permanentemente limitada por la normativa que regula el uso de los montes públicos que ocupan la mayor parte de la superficie forestal”. Además, han criticado que el desarrollo de las iniciativas locales sufre restricciones y retrasos administrativos “en gran parte por la falta de colaboración y empatía de los técnicos de la administración responsables”.

Por otra parte, han detallado que las zonas incendiadas sufren periodos de 30 años en los que no es posible realizar cambios de cultivo “que son muy necesarios en zonas estratégicas para detener los incendios, lo cual provoca nuevas acumulaciones de combustible para futuras catástrofes”.

A este respecto, han recordado que hace cinco años comenzó “aparentemente” un giro en la política forestal basada en el impulso de actividades agrarias capaces de diversificar el paisaje y la economía, única forma de combatir de verdad los grandes incendios que cada verano mantienen en vilo a los pueblos. “Recibimos con satisfacción esta propuesta en su día y agradecemos la ejecución de infraestructuras de prevención de incendios, pero además se necesita transformar el territorio con un gran número de áreas productivas que actúen como cortafuegos aprovechados por los vecinos”, han aseverado.

Por todo ello, han pedido un “verdadero cambio” en la gestión de los montes públicos basado en las propuestas de los Ayuntamientos y con los técnicos de la administración como verdaderos agentes facilitadores al servicio de la población. También la cesión de terrenos de los montes municipales para ser utilizados por los vecinos y empresas en actividades agroganaderas que cuenten con un proyecto técnico viable y para la instalación de pequeñas áreas agroindustriales que favorezcan el emprendimiento.

Por último, han demandado la agilización de la tramitación administrativa de permisos para acelerar los cambios de uso y los cambios de especie forestal en el marco legal vigente.