El Supremo confirma la condena de dos años y medio de cárcel para el exalcalde de Madroñera
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a dos años y medio de prisión, y a 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público al exalcalde de IU de Madroñera Melecio Solís por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación.
Los hechos juzgados están relacionados con la concesión de 18 licencias para construir viviendas residenciales o naves en terreno no urbanizable, entre julio de 1999 hasta mayo de 2007.
La sentencia, emitida por la Sala de lo Penal, también ha confirmado una pena de un año y nueve meses de prisión, y de nueve de inhabilitación por el mismo delito para la entonces teniente de alcalde, María Isabel Costa, por su intervención en varios expedientes.
La sentencia
De acuerdo con los hechos recogidos en la sentencia recurrida, en todos los casos, lo construido no sólo estaba en suelo no urbanizable sino que, además, se había realizado una obra que no se correspondía con lo solicitado, que era la construcción de una habitación para aperos de labranza, almacén, caseta para uso agrícola, nave de uso ganadero, caseta de almacén o gallinero.
Para la Sala, “no existe el vacío probatorio denunciado por el exalcalde en su recurso, pues existió prueba clara de la realización de una obra con el apoyo de una licencia concedida para un fin distinto” y se obviaron “todos los controles existentes sobre la legalidad urbanística” para realizar obras en un suelo no urbanizable de especial protección agrícola.
El promotor no comunicó el inicio de las obras y el Ayuntamiento no realizó control alguno, y se limitó “a dar la autorización -en los 18 expedientes- que como pretexto se solicitaba, y que ocultaba en la mayoría de los casos una vivienda residencial o un almacén que excedía del volumen para el que había sido solicitado”.
“En realidad, se actuaba en clave de total opacidad, conscientemente asumida y querida por el recurrente, por lo que no puede eximirse de su responsabilidad”, subraya la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez.
De la prueba se deduce, según el fallo, que el entonces alcalde sabía que estaba concediendo licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, e incluso que sugería a algunos de los interesados que solicitaran licencia de obras porque sería concedida.
