800 trabajadores del transporte sanitario han sido subrogados, “pero protestan por cuarenta”
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha declarado que hay una negociación abierta con los directivos de las cooperativas que integraban el Consorcio Extremeño de transporte sanitario para que la ahora adjudicataria del servicio -Ambulancias Tenorio- pueda asumirlos.
Vergeles ha realizado estas declaraciones en su visita al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena para conocer las mejoras realizadas en los últimos meses.
Aunque el pliego de condiciones “no decía que hubiera que subrogar a directivos”, la Junta de Extremadura “le ha hecho ver a la empresa” que quienes operaban hasta ahora el servicio “eran cooperativas y tenían socios”.
“Ahora, se ha llevado a cabo una negociación con estos y también están pudiendo subrogarse, por lo que estamos soslayando el problema”, ha agregado Vergeles, quien ha incidido en que la Junta estará vigilante con la empresa.
“Que sepan todos los trabajadores que este concurso, frente al anterior, ofrece mayores posibilidades y hemos incluido cláusulas sociales que nos permiten vigilar de forma más estrecha a la empresa”.
Con un volumen de más de 800 trabajadores ya subrogados, con una negociación “aceptable, solamente un sindicato ha denunciado que eran 40 los trabajadores no subrogados”.
“Por ellos, seguiremos trabajando para que el servicio cumpla con una atención de calidad para los pacientes y que no cercene las condiciones laborales de los trabajadores que se subrogan legalmente”, añade.
No obstante, “si el sindicato quiere poner una denuncia ante Dirección General de Trabajo -ha agregado- nosotros acataremos la decisión de esta, pero que las condiciones han estado seguidas por la Junta de Extremadura y los sindicatos”.
Prácticas “mafiosas”
En efecto el Sindicato Independiente de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector (SITAEdS) ha criticado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, haya “mentido” a los trabajadores y “consienta” las prácticas “mafiosas” de Ambulancias Tenorio, que no ha subrogado a “40 personas”.
En rueda de prensa, el secretario general del sindicato, Antonio Castillo, ha lamentado que tanto Vara como el consejero de Sanidad, José María Vergeles, hayan incumplido sus promesas de que “nadie iba a ir a la calle y nadie perdería ningún derecho reconocido” con la adjudicación del servicio a la empresa andaluza.
Además, ha censurado que Vara “no haya querido” reunirse con ellos hasta la fecha, a pesar de haberlo pedido “por activa y por pasiva”, y de tener 30.000 firmas recogidas.
El pasado miércoles 18 de octubre el sindicato presentó ante la Inspección de Trabajo una denuncia para que, “con carácter urgente y la máxima celeridad”, se actúe en la protección de los derechos de los trabajadores, y esta semana pedirán una reunión con los grupos de PP, Podemos y Cs para solicitarse su ayuda en este proceso.
Un proceso “lleno desde el inicio de irregularidades y presuntas ilegalidades”, algunas ya denunciadas, como el precio de licitación por debajo de los costes.
SITAEdS ha reclamado también que la “Junta, CCOO, UGT y Ambulancias Tenorio respeten la legalidad vigente en materia de contratos, el Estatuto de Trabajadores y el convenio colectivo”.
El abogado representante de los trabajadores del sindicato, Eduardo Guardado, ha explicado que el artículo 18 del convenio colectivo exige la subrogación de todos los trabajadores a la adjudicataria “respetando los derechos adquiridos por los mismos”.
Pero nada de esto se ha cumplido pues, según Castillo, calculan que no han sido subrogados en torno a 40 trabajadores de los 812 que recoge el pliego del concurso del Servicio Extremeño de Salud (SES) y que la empresa tenía que asumir.
Castillo ha asegurado que UGT notificó a los trabajadores que a partir del 16 de octubre “podían pasar a recoger carta de subrogación en el Centro de Mérida y recomendaba poner solo recibí firma y la fecha, en ese momento se repartirán los uniformes”.
En esa carta, como consta en la documentación dada a los medios, “la empresa te hace firmar la renuncia expresa a cualquier tipo de reclamación laboral por derechos económicos y sociales” reconocidos con la anterior adjudicataria y la autorización para “modificarte las condiciones laborales (bajada de salarios, cambios de turno, movilidad geográfica...) a su libre criterio”, ha añadido Guardado.
Antonio Castillo ha explicado que muchos trabajadores han firmado esta carta “por miedo a perder su puesto de trabajo, pues aunque sea precario, tienen que pagar una hipoteca y mantener a sus familias”.
En este centro, algunos trabajadores pasaron a una sala, de cuyo interior existen “grabaciones” que muestran “situaciones más propias de otro tiempo, más propias de una mafia que de una empresa”, la cual sometía a los trabajadores a “una especie de tercer grado”.
A otros les decían “no está usted subrogado, ya le llamaremos” y otros se han negado a firmar la carta, como el secretario de organización del sindicato, José Carlos Rubio, presente en la rueda de prensa y objeto de esa “coacción”.
También han intervenido María José Fontan y María del Mar Rafael que se personaron en las instalaciones de Mérida pero a las que dijeron que no estaban subrogadas sin darles “ningún motivo”.
Ambas formarían parte de una “lista negra” de la empresa, que también prevé según este sindicato trasladar a 90 administrativos a un centro único en Mérida bajo la amenaza de que ell que no quiera, baja voluntaria“.
El letrado ha asegurado que la situación ya es “gravísima” y ha advertido de que la intención de la empresa es “reducir la plantilla” y “modificar las condiciones laborales”.
