A Coruña tendría que indemnizar a la Autoridad Portuaria si veta la privatización de los muelles

Dos días tardó la Autoridad Portuaria de A Coruña en remitirle al Ayuntamiento la copia del protocolo firmado el miércoles por Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y el propio Puerto de la ciudad para el diseño del futuro de los terrenos del borde litoral. El acuerdo se negoció sin invitar a ninguna otra administración o actor social, comenzando por el propio Gobierno municipal y se firmó en un acto con más pompa que contenido del que en ese momento no trascendió gran cosa a los medios de comunicación. El alcalde, Xulio Ferreiro, resumió aquella ceremonia como una foto más: “Pasamos de la foto de finales del pasado año a la foto de esta primavera. Una foto a puerta cerrada y a la que no fue invitado el Ayuntamiento”.

Este viernes por la tarde por fin la Autoridad Portuaria accedió a enviar el documento al Ayuntamiento, que lo hizo público a través de su web. En esencia, el protocolo subraya la vigencia del convenio firmado en 2004 para la financiación del Puerto Exterior y que pasa por la privatización de la mayor parte de los terrenos portuarios interiores, que quedarán sin actividad. Cambian las condiciones, eso sí, para los muelles de Batería y Calvo Sotelo, más próximos al centro pero de mucha menor extensión, pero se confirman los planes para vender el espacio de San Diego (el 80% de la superficie total) para llevar a cabo allí una gigantesca operación inmobiliaria que incluye la construcción de cuatro mil viviendas en edificios de hasta nueve alturas.

El núcleo del protocolo gira alrededor de disposiciones que buscan garantizar la consecución de 30 millones de euros antes del año 2020, momento en que la Autoridad Portuaria deberá hacer frente a la devolución de una parte importante de los créditos concedidos hace una década por el Estado para las obras del Puerto Exterior. Así, el acuerdo garantiza el control de la Xunta sobre los terrenos de Batería y Calvo Sotelo (el 51% de los derechos sobre los mismo), pero obligando a un pago de varios millones de euros. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo citó el miércoles la cantidad de 20 millones que, sin embargo, no figura en el protocolo en ninguna parte.

El texto prevé la venta del Hotel Finisterre y señala que La Solana seguirá siendo propiedad pública, en manos de la Autoridad Portuaria, pero impide su compra por el Ayuntamiento o su cesión para pasar a ser de titularidad municipal. Sobre los terrenos de San Diego, el documento es muy poco concreto y se remite a las disposiciones del convenio de 2004, que preveía unos ingresos de casi 200 millones de euros por su privatización. Sólo añade la posibilidad de que la Xunta entregue más dinero público para la adquisición de una parte del espacio.

Además, el protocolo especifica en su cláusula 6.3 el deber de Ayuntamiento y Xunta de indemnizar millonariamente a la Autoridad Portuaria en caso de que intentasen bloquear el proyecto inmobiliario. “Las partes reconocen la vigencia y aplicabilidad de lo establecido en los convenios de 2 de febrero y de 4 de octubre de 2004 y particularmente de lo previsto en su cláusula Sexta, relativa a la regulación del supuesto de que no se produzca la ordenación urbanística acordada en dichos convenios, respecto de los terrenos portuarios a desafectar a los que se refiere”, se detalla.

El Ayuntamiento ha reaccionado ante lo que califica de “hipoteca para la ciudad”. El alcalde, Xulio Ferreiro, denunció “la deslealtad institucional que muestra el PP”. “Parece que el único interés del presidente Feijóo sea el de pactar con el gobierno de Mariano Rajoy de espaldas a la ciudadanía para repartirse nuestro litoral y asegurar una mayoría de bloqueo (un 51%) en la futura transformación de los terrenos portuarios”, dijo. “Que traten de repartirse la fachada marítima es una mala noticia, pero aun más mala es que pretendan tomarnos el pelo y salvar la pieza mayor de la operación especulativa, que es la de los muelles de San Diego”, afirmó, añadiendo que “reculan en el centro para hacer caja con los barrios”.

Ferreiro destacó además que “el protocolo firmado por Xunta y Estado sigue sin dar soluciones ni aclarar los usos de los muelles que se irán desafectando”, un debate que será el núcleo del foro Tecendo Litoral, que tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de abril en Palexco, en el que participarán expertos y expertas en este tipo de procesos (procedentes de Bilbao, Valencia, Barcelona o Francia) y representantes de entidades sociales de la ciudad.

“Ya sabíamos que el Partido Popular no confía en esta ciudad. Ahora sabemos también que no la conoce. Ni Feijóo ni Rajoy ni el ministro de Fomento conocen A Coruña. No saben de lo que A Coruña es capaz, de lo que las coruñesas y los coruñeses somos capaces de hacer para defender lo que es el nuestro”, advirtió Ferreiro. El regidor pidió “unidad” en la ciudad para “poder articular un frente contra la exclusión de la ciudadanía de A Coruña de las decisiones sobre su patrimonio y futuro”. “Tanto el Ayuntamiento como la ciudadanía harán todo lo necesario para defender su patrimonio”, concluyó.