La Audiencia Nacional confirma una sanción al ex fiscal jefe de Ourense que vivió 10 años en un piso que le pagaba la Xunta

La Audiencia Nacional ha confirmado en una sentencia la sanción impuesta por la Fiscalía del Estado al ex fiscal jefe de Ourense Florencio Delgado por “abusar” de su cargo para vivir en un piso que, durante más de 10 años, le pagó la Xunta. El Gobierno gallego asumía ese alquiler tras un acuerdo de 2004 -vigente por cinco años-. Con la medida argumentaba que se hacían más atractivas determinadas plazas y se evitaba que quedasen sin cubrir. La resolución la recoge el diario Praza, que informa de que había sido el propio Delgado el que había enviado al Gobierno gallego un escrito en el que le proponía alquilar el piso. En 2007, durante el bipartito de PSdeG y BNG, se tomó la decisión de cambiar esa política y se pidió al fiscal que dejase libre la vivienda al terminar ese mismo año, algo que no sucedió. El contrato no se rescindió finalmente hasta 2016. Además, el fiscal impulsó un proceso contra la alto cargo de la Xunta que firmaba los requerimientos para que saliese del piso, pese a que tendría que haberse abstenido “al estar comprometida su objetividad”.

Las sanciones impuestas fueron dos suspensiones de empleo y sueldo -una de ellas de un año y otra de seis meses- por dos faltas muy graves de abuso de la condición de fiscal para lograr un trato favorable y por incumplir el deber de abstenerse en un proceso dado que tenía un interés directo. La sentencia de la Audiencia Nacional, del 19 de enero, desestima el recurso de Florencio Delgado y confirma las sanciones.

El fiscal no atendió a las peticiones remitidas dede la Secretaría Xeral de Patrimonio de la Xunta, que insistió para que abandonase el piso. Florencio Delgado respondió inicialmente negándose y advirtiendo al Gobierno gallego de que “cualquier actuación/es por vías de hecho tendientes a presionar un desalojo (como cortes de suministro)... se entenderán coacciones en sentido estricto y originarán el ejericio de todas las acciones que legalmente correspondan frente a los presuntos responsables”. Cuando fue sancionado por la Fiscalía, la resolución consideraba que “hizo caso omiso” de los avisos y “continuó en el uso de la mencionada vivienda”. Tras nuevos requerimientos del Gobierno gallego -después de que en 2009 terminase el contrato de alquiler-, en 2016 Delgado contestó con un folio “con el sello oficial de la Fiscalía”. En aquella comunicación advertía a la persona responsable de Patrimonio de “acciones penales y civiles” en su contra.

La sentencia de la Audiencia Nacional señala que, en un principio, que Delgado disfrutase de la vivienda cedida gratuitamente por la Xunta era una situación “legítima”, pero que “pasa a ser abusiva desde el mismo momento en el que se le comunica oficial y reiteradamente que esa situación se da por terminada”. El texto indica que comparte “plenamente” la apreciación de la Fiscalúa cuando sancionó a Delgado: la de que su conducta “comprometió la imagen del Ministerio Fiscal en la provincia de Ourense.

Además de negarse a abandonar el piso, en 2018 impulsó una querella contra la secretaria xeral de Patrimonio de la Xunta -quien firmaba los requerimientos para que entregase las llaves- y otro alto cargo por el caso de una mujer que vivía en un piso propiedad de la Xunta y que denunciaba una falta de mantenimiento. Esta persona denunció ante la Fiscalía de Ourense al Gobierno gallego por un supuesto delito de coacciones inmobiliarias para que dejase la vivienda que tenía alquilada con un contrato de renta antigua. La sentencia de la Audiencia Nacional indica que las normas de reparto del trabajo de la Fiscalía de Ourense establecían que el caso le tendría que corresponder a otra fiscal, pero Delgado lo asumió “a pesar del claro conflicto de intereses que le afectaba” y “dirigiendo personalmente” las diligencias “en el interés de mantenerse en el uso de la vivienda”. Este caso de supuesto acoso inmobiliario terminó siendo archivado por la Justicia en la vía penal, pero la Xunta fue condenada en la contencioso-administrativa por la falta de mantenimiento del edificio.

La situación de la vivienda del fiscal se hizo pública en 2019 y la Fiscalía, tras abrir el procedimiento sancionador, lo apartó del cargo. En mayo de ese año abtuvo otra plaza en Madrid. Según informa Praza, Delgado fue también suspendido por entorpecer una denuncia urbanística contra Manuel Cabezas, exalcalde del PP en Ourense. El caso se juzgó este año y el exregidor resultó absuelto, aunque la decisión ha sido recurrida.