'Bienvenido, Mr. Pemex': los planes industriales que nunca llegaron a Galicia
El pasado martes el presidente de la Xunta en funciones iniciaba un viaje oficial a Brasil, centrado esencialmente, según la información oficial, en la busca de “nuevas oportunidades para el sector naval gallego”. Tras la primera reunión del periplo, que sentó a Alberto Núñez Feijóo a la mesa con el gobernador del Río de Janeiro, Sérgio Cabral, el Gobierno gallego aseguró a través de un comunicado que su titular “evaluó” con el político brasileño “las posibilidades de que astilleros gallegos puedan participar en el proceso de renovación de la flota de Petrobras”. Ante la compañía de Brasil “Galicia cuenta con el aval de que la cuarta petrolera del mundo, Pemex, confió en ella para sus proyectos de futuro”, señalaba la nota oficial.
La referencia de la Xunta sobre esa reunión en Río -que, según la prensa brasileña, se celebró “a puerta cerrada” y “no fueron divulgados detalles del encuentro”, remite a la que ha sido una de las grandes apuestas de Feijóo en los tiempos previos a la pasada campaña electoral autonómica: los contratos de Pemex. La empresa mexicana apareció por primera vez en la actualidad gallega el pasado mayo, cuando en un acto solemne en el Pazo de Raxoi el propio presidente aseguró que la multinacional había decidido la construcción de siete remolcadores en Galicia y la participación de empresas gallegas en el montaje de otros siete. Pero la promesa de los remolcadores fue desapareciendo y en su lugar aparecieron los ya célebres buques hoteles, inversiones anunciadas como seguros para Barreras y Navantia pocos días antes del inicio de la carrera electoral pero que Pemex mantiene que no decidirá hasta 2013.
El naval es, posiblemente, el sector más afectado por las promesas de proyectos industrales que en la actualidad tienen un futuro aún por concretar o que, simplemente, desaparecieron sin dejar en Galicia ninguno de los cientos de puestos de trabajo comprometidos. Así y todo, no sólo los astilleros observaron con esperanza planes de inversión apadrinados por el poder político autonómico que, al poco tiempo, terminaron por desaparecer. Este es el caso, por ejemplo, de la fábrica de coches eléctricos que en vísperas de las elecciones municipales de 2011 llegó en forma de promesa para la provincia de Ourense.
Coches eléctricos en vísperas de las municipales
Fue el 23 de marzo de 2011 cuando el consejero de Industria, Javier Guerra, compareció ante los medios junto al entonces presidente de la Diputación ourensana, José Luis Baltar, y varios ejecutivos de la compañía británica Xero para anunciar el “firme compromiso” de aportar “apoyos públicos por casi 11 millones de euros” para que la factoría llegara a la provincia, en concreto al ayuntamiento de Melón, trayendo consigo 26 millones de euros en inversiones y 1.000 puestos de trabajo. Xero, afirmaba Guerra, iba “a situar a Galicia en primera línea de un cambio de modelo industrial”.
El tiempo fue pasando e incluso llegaron a recogerse currículos del personal interesado en trabajar en la fábrica. Mientras, salían a la luz detalles como que las parcelas que se le habían ofrecido a la empresa británica para instalarse tenían hasta 200 propietarios distintos y desde la propia Xunta se enfriaba el entusiasmo. Concretamente, a través de sendas respuestas parlamentarias a PSdeG y BNG Industria alegaba que, “como es habitual en estos casos”, la consellería se limitó “a hacer públicas las previsiones de ayudas públicas” que el proyecto podría recibir. “Como es natural, una inversión de tan importantes dimensiones precisa contar con socios capitalistas locales para poder ser abordado con mayores garantías de éxito”, explicaba el Ejecutivo, al tiempo que le deseaba un buen destino“ al plan industrial, que nunca llegó a realizarse.
Las baterías de Mitsubishi
Aun más inversión, hasta 500 millones, era la prevista para el otro gran proyecto industrial anunciado en los últimos años: la construcción de una planta de baterías de litio impulsada por la automovilística Mitsubishi en colaboración con otras empresas. Avalada públicamente tanto por la Xunta como por el Gobierno de España -aún con el PSOE al frente- la fábrica estaba llamada a ocupar 200.000 metros cuadrados de la plataforma logística Salvaterra-As Neves, superficie que llegó a ser solicitada formalmente por la empresa. Pero en el año 2010 comenzaron a surgir dudas después de que el Tribunal Supremo advirtiese ilegalidades en el proyecto sectorial de este parque empresarial, aunque la Xunta ofreció “garantías” de que no afectaría a los terrenos en los que se instalaría la fábrica.
Ya a comienzos de 2011 desde Japón llegaban noticias aun más desalentadoras. El proyecto no estaba “descartado”, pero sí “en pausa”, porque “habían surgido circunstancias” diversas en el seno de la empresa ante las que “sólo cabe esperar”. Los inversores japoneses, que se habían entrevistado con Feijóo y con representantes de Citroën, entre otros agentes económicos de las comarcas del sur, no volvieron por Galicia desde 2010. Y del proyecto, por el momento, no se sabe nada nuevo.
