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Daniel Salgado

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La caída de Gijón a finales de octubre de 1937 provocó un éxodo. Antifascistas de toda condición huyeron de una Asturias definitivamente tomada por las tropas franquistas, alzadas contra la legalidad democrática de la II República. Siete de ellos, hombres de entre 19 y 36 años, lo hicieron en dirección Galicia. No estaban a salvo. Capturados y, ante la saturación de los presidios asturianos, enviados al campo de concentración de Camposancos, en la desembocadura del Miño, acabaron sus días fusilados contra la tapia del cementerio parroquial de San Rosendo, en Celanova (Ourense), el 22 de septiembre de 1939. Un equipo de arqueólogos ha localizado, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, lo que presumiblemente son sus restos bajo una zona ajardinada del camposanto.

“Estamos en una de las últimas fases de un largo proyecto”, explica a elDiario.es Julián Bustelo, arqueólogo encargado de la excavación. Desde que los activistas del Comité de Memoria Histórica de Celanova documentaron lo sucedido hasta que Bustelo -al frente de cinco colegas de la empresa Tempos Arqueólogos- abrió la tierra en San Rosendo ha transcurrido año y medio. Ese fue el período necesario para conocer la historia y el destino de Abelardo Suárez del Busco (28 años), Alfonso Moreno Gayol (26 años), Baldomero Vigil Escalera Vallejo (19 años), Belarmino Álvarez García (29 años), Guillermo de Diego Álvarez (25 años), Marcelino Fernández García (21 años) y Mariano Blanco González (36 años), procedentes de Gijón, Mieres y Sama de Langreo, en Asturias.

“Sabíamos de los hechos por testimonios orales”, relata a este periódico Hixinio Araúxo, del Comité de Memoria de Celanova, “de hecho, creemos que hay más fosas, pero esta no estaba alterada por la zona en la que se encuentra”. Se trataba, además, de los únicos fusilamientos ocurridos en la comarca de los que había rastro en los archivos. En el Archivo Militar de Ferrol, concretamente. “Otra cosa son los paseados, claro”, añade Araúxo. Pero los siete asesinados asturianos lo fueron en base a lo decidido por un tribunal militar. La burocracia fascista lo registró y a partir de esos papeles el comité reconstruyó los últimos años de estos hombres, en su mayoría afiliados a la CNT y a la UGT. Solo uno, Blanco González, el mayor, era conocido por su militancia: dirigente anarquista en Gijón, exiliado en el 34 tras el octubre asturiano.

“La información de los archivos militares hay que cogerla con pinzas. En las causas los acusaban de todo, de ser de la CNT y marxistas”, puntualiza. No obstante, otros datos sí se compadecían con la realidad. Su paso por Camposancos (A Guarda, Pontevedra). O la ubicación de los enterramientos, que coincidía con la información que manejaba el Comité en base a fuentes orales. Y fue con ese mapa con el que Bustelo y su grupo de científicos iniciaron las prospecciones el pasado 23 de noviembre. En una parcela del cementerio situada enfrente a la tumba de un falangista que incluso tuvo calle en Celanova. “Es un cementerio viejo. La ocupación es total y donde hay nichos no se puede recuperar nada. Y eso es todo salvo una zona de jardín. Era el mismo lugar que había señalado el enterrador”, afirma Bustelo.

Empezaron a excavar, en principio a la procura de tumbas individuales. Las encontraron. Pero por el desgaste de los dientes o el cráneo, se dieron cuenta de que no era lo que buscaban. “Al lado había una gavia. La levantamos. A poca profundidad aparecieron dos féretros, uno frente a otro. En el interior de cada uno, dos cadáveres. Y en uno de los cráneos, un disparo. Debajo de los féretros apareció otro esqueleto”, relata Bustelo. Cinco de los siete fusilados. Los trabajos continúan, pero una vez explorada la gavia, los arqueólogos indagarán debajo de uno de los pasillos del cementerio. “Siempre hay que actuar con cierta prudencia en estos casos, pero todos los indicios apuntan a quen son ellos: la edad, la talla...”, dice. Los restos, que ya ha supervisado el forense Fernando Serrulla, serán analizados en el Instituto de Medicina Legal de Verín.

Una hija y una nieta

Dos familiares directas de los muertos conocen toda la operación. La hija de Marcelino Fernández García, que tenía dos años cuando fusilaron a su padre, contactó a través del Gobierno de Asturias, después de que el Comité de Celanova difundiese lo que sabía de los siete hombres. Y una nieta de Abelardo Suárez escribió a un blog sobre memoria histórica que se había hecho eco de los trabajos de los activistas. Sabía que su abuelo había muerto encarcelado en Celanova, pero pensaba que de una enfermedad del estómago.

La exhumación fue finalmente posible, indica Bustelo, gracias a los fondos aportados por el Plan Cuatrienal derivado de la Ley de Memoria Democrática. La norma incluye fondos para la excavación de fosas -el Estado español es uno de los lugares del mundo con más muertos en sus cunetas- y los reparte a las comunidades autónomas. La Xunta, que bajo los sucesivos gobiernos de Núñez Feijóo y su sustituto Alfonso Rueda prácticamente eliminó las políticas propias de memoria, gestiona ahora esa partida y ha encargado a dos grupos de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela los trabajos: Histagra la parte de investigación histórica y Síncrisis la arqueológica, que ha contratado a Tempos Arqueólogos. Las intervenciones solo comienzan a petición de las familias. Fue el caso de la hija de Fernández García y de la nieta de Suárez. La de Celanova es la cuarta apertura de una fosa en Galicia al amparo del mencionado Plan Cuatrienal.

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