El plan del Gobierno para la Memoria Histórica incluye la ilegalización de asociaciones franquistas y exhumar fosas en toda España

Carmen Calvo urge a identificar a los represaliados del franquismo

El Gobierno de España encara la Memoria Histórica con una hoja de ruta que parte de renovar la ley de 2007 y culmina en un plan nacional de exhumaciones de fosas comunes. Para asumir el reto, el Ejecutivo acaba de activar una convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 750.000 euros. Las ayudas atienden desde la búsqueda de desaparecidos forzados –un 60% del total– a proyectos de investigación, con cuantías desde 5.000 euros a un máximo de 30.000. Lo ha hecho después del último Consejo de Ministros previo al parón veraniego, al que finalmente no se ha elevado el borrador de la nueva ley de Memoria Democrática, como había anunciado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Queda por ver cómo afecta el retraso a la tramitación parlamentaria prevista para el próximo otoño, pero el nuevo texto legal activará cuestiones como la ilegalización de las fundaciones fascistas, la penalización de la apología del franquismo o el conocimiento en las escuelas de la represión golpista. También busca facilitar la búsqueda de desaparecidos forzados o crear un banco estatal de ADN, además de crear un régimen sancionador, facilitar el acceso a los archivos o resignificar el Valle de los Caídos.

"La Memoria Democrática es una política obligatoria de Estado, una acción pública que entronca con los Derechos Humanos", declaró la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, durante una visita institucional a la excavación arqueológica en la fosa de Pico Reja en Sevilla. El Gobierno anunció que va a colaborar en el trabajo con "algo más de un cuarto de millón de euros" para rescatar e identificar a las víctimas.

La nueva norma

Las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el franquismo, y todavía por resolver, convierten a España en una anomalía señalada por organismos como Naciones Unidas. Resolver el asunto es una prioridad para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que dormita, de algún modo, bajo cuestiones como la crisis del coronavirus o la inexistencia de una dotación económica acorde, que depende de la aprobación del próximo presupuesto estatal.

En el Congreso de los Diputados ya hay una propuesta del propio Partido Socialista para mejorar la legislación. Pero el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso más y trabaja en el borrador de una nueva ley de Memoria Democrática.

España asumirá las recomendaciones de la ONU y una de las novedades será la entrada del contenido memorialista en la Educación, para que el estudio de la represión franquista sirva como fomento de la cultura de paz y la pedagogía de los Derechos Humanos, como adelantó El País.

La futura normativa no dejará de lado reclamaciones de las víctimas como la anulación de las sentencias de tribunales franquistas, penar la apología del fascismo o declarar ilegales las asociaciones ligadas a la dictadura, caso de la Fundación Franco. O retirar 'post mortem' las condecoraciones al expolicía franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', que falleció con coronavirus el pasado mes de mayo. El texto regulará de un modo más efectivo los derechos y obligaciones que promueve y establecerá además un régimen sancionador ante eventuales incumplimientos.

Abrir las fosas comunes

Un paso crucial será activar los trabajos en fosas franquistas en todo el país. La convocatoria de ayudas destinadas "a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura" que ha publicado el BOE este miércoles ponen el foco en la búsqueda de desapariciones forzadas. Una de las líneas de subvenciones apunta a proyectos de "investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas". Estos trabajos contarán con 16.000 euros, un importe que sube hasta 30.000 cuando "exista constancia fehaciente de que los restos que se pretenden recuperar pertenecen a un número superior a diez personas".

También recoge la "dignificación" de estos enterramientos ilegales y "de las sepulturas de las personas que murieron en el exilio". España "es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras, algunas personas muy mayores, esperando no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia", como declaró la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Gobierno de España, asesorado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, encargó un informe para conocer el estado de las fosas a nivel estatal, al que tuvo acceso elDiario.es. El estudio calcula que el país está en disposición de rescatar los restos óseos de la cuarta parte de las al menos 114.226 víctimas del franquismo e identificar a unas 7.000 personas como máximo.

Para afrontar esta realidad, el Ejecutivo pretende además que todas las administraciones públicas asuman la búsqueda de los desaparecidos forzados. La Memoria entendida así como un deber del Estado, al hilo del criterio exigido por Naciones Unidas. Abrir las fosas franquistas irá atado a la creación de un censo nacional de víctimas y de un banco de ADN.

Recuperar las subvenciones públicas

La convocatoria de ayudas que recupera el Gobierno de España está dirigida a asociaciones memorialistas y de Derechos Humanos, universidades, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro. Las bases reguladoras del plan de subvenciones señalan "estudios e investigaciones" relativas a la recuperación de la Memoria Democrática y al "reconocimiento moral de las víctimas", con un importe máximo de 12.000 euros.

Podrán acogerse además publicaciones y la organización de cursos, jornadas, conferencias o exposiciones, con una cuantía de hasta 5.000 euros. También la "recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental", desde fotografías, carteles y grabaciones sonoras a películas o manifestaciones artísticas, musicales y literarias. Estas actividades serán subvencionables hasta 10.000 euros.

El Gobierno de España saca pecho con la iniciativa, porque "esas políticas sufrieron un brusco parón a partir de 2011". La falta "de consignación económica en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado" alcanzó el año 2018, cuando "se retomaron las políticas públicas" encabezadas por la creación de una Dirección General para la Memoria Histórica "por primera vez en nuestra historia democrática".

"El Gobierno trabajará de manera intensa para recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo", según la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática. Porque la principal deuda del país es con los familiares "que durante tantos años, en silencio, han estado esperando que el Estado respondiera a un derecho principal, humano, que es el de poder identificar a sus seres queridos para restituirles el honor y poder tener la memoria de su propia familia en paz", en palabras de Carmen Calvo.

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Publicado el
29 de julio de 2020 - 21:55 h

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