Los concejales expulsados del PSOE de Santiago pasan al grupo de no adscritos mientras esperan la decisión de la justicia

El paso como ediles no adscritos de los cuatro concejales del PSOE de Santiago que fueron expulsados del partido —Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez— se ha hecho efectivo este viernes en un pleno extraordinario del Ayuntamiento, según recoge Europa Press.

Esto se ha reflejado también en un cambio en la distribución de los asientos en el Pleno: el nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sindo Guinarte, ocupa el lugar en el que se situaba Muíños y, a su lado, la otra concejala que permanece en el grupo socialista, Marta Abal. En esta fila superior también se ha situado el representante de Compostela Aberta Xan Duro y, a continuación, Marta Álvarez y Mila Castro.

Mientras, en los asientos de la fila inferior ya se han ubicado los concejales Gonzalo Muíños y Mercedes Rosón.

Así, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha iniciado el pleno con la lectura de los primeros puntos del orden del día: la toma de conocimiento del pase a la situación de no adscritos de los concejales de la Corporación y la modificación de la composición de las comisiones de informe, estudio y propuesta, permanentes y especiales.

En este punto, ha tomado la palabra el edil Gonzalo Muíños, que ha vuelto a insistir en que este pleno “no se tendría que haber celebrado” y debería haberse esperado “a que la justicia se pronunciara”.

“Supone la ejecución de unas resoluciones del PSOE que se encuentran judicializadas y, si me apuran, puede ser una intromisión a la labor judicial”, ha criticado después de afirmar que “es difícil de justificar ante la ciudadanía lo que hoy se está haciendo aquí”.

Asimismo, Muíños ha reprochado que se les “relegue” al “ostracismo político para limitar” su mandato representativo. “Se nos hace a cuatro concejales; más que el Grupo Municipal Socialista y que el de Compostela Aberta”, ha destacado.

“Mandato representativo”

Por todo ello, el concejal ha cuestionado “en qué lugar quedan las reglas de la democracia representativa”. “¿Qué representamos aquí las personas que formamos parte de la corporación, unas siglas o a nuestros vecinos? ¿Qué pesa mas?”, ha preguntado.

En todo caso, ha defendido que los cuatro seguirán “cumpliendo con las 10.000 personas” que depositaron su voto a favor del PSOE en las pasadas elecciones municipales, ya que, ha reiterado, el “mandato representativo” los sitúa “como representantes legítimos”.

En esta línea, ha avanzado que los cuatro votarían a favor de “seguir participando en cuatro comisiones”, puesto que “es lo mínimo”, ha añadido, que se les “debe garantizar”.

Tras esto, ha empleado el turno de palabra el nuevo portavoz socialista, Sindo Guinarte, quien, brevemente, ha cuestionado si “tiene sentido” abrir un debate sobre “cumplir o no cumplir las normas”. “El Grupo Municipal Socialista está por cumplir las normas y es lo que se está haciendo”, ha zanjado.

“Más de Santiago que de partido”

A continuación, Gonzalo Muíños ha pedido al gobierno local que “no se atreverán nunca más a decirle al portavoz del PP que es sumiso a su partido o un delegado del PP en Santiago”. “Son más partido que Santiago; nosotros somos más de Santiago que de partido”, ha concluido.

Por su parte, Goretti Sanmartín ha manifestado que lo que se somete a votación este viernes es “la modificación en las comisiones, tanto las permanentes como las especiales para garantizar la representatividad de todas las personas que forman parte de la Corporación, siguiendo la regulación y la normativa”.

Finalmente, tanto los partidos que forman parte del gobierno local —BNG y CA— como los dos concejales socialistas y los no adscritos han votado a favor de esta modificación, mientras que el Grupo Popular ha optado por la abstención.

El “día histórico” de la tasa turística

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde inicialmente a la ordenanza fiscal que regula tasa turística en la capital gallega con el voto favorable de los grupos que forman parte del gobierno local, BNG y Compostela Aberta, así como del PSOE y de los cuatro ediles no adscritos, mientras que el PP se abstuvo.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha recordado que este impuesto será de entre 1 a 2,5 euros por día dependiendo de la categoría de establecimiento y hasta un máximo de cinco días, que la gestión se hará con autoliquidaciones semestrales de los establecimientos y que se destinará a inversiones y gastos vinculados a promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo de un turismo sostenible.

También ha asegurado que el foro de turismo sostenible, que tiene previsto ponerse en marcha en los próximos meses, mantendrá una “participación amplia del sector y de la sociedad” para tratar de lograr “el modelo turístico que Compostela demanda y necesita”.

Además, ha criticado que la ley autonómica que crea el impuesto “no se resolvió” de la forma que demandaban desde el gobierno de la capital gallega, ya que consideraba que “lo más adecuado era que fuera la Xunta, a través de la Atriga, quien recaudara este impuesto, por ser un impuesto autonómico”.

En todo caso, ha reivindicado que esta tasa tiene como objetivo “equilibrar algunos de los desajustes provocados entre unos presupuestos municipales que se calculan en función del número de personas residentes y tiene un nivel de gasto mucho más elevado por el número de habitantes”.

Por parte de los ediles no adscritos ha tomado la palabra Mercedes Rosón, que ha defendido una tasa que, en su opinión, “sirve para mejorar” la oferta turística de Santiago y que “no busca castigar a los visitantes, sino proteger” la ciudad como un destino “totalmente único”.

Por otro lado, la concejal de Compostela Aberta María Rozas ha reivindicado el papel de su organización, “que puso sobre la mesa esta tasa en el 2015” y abrió un debate “valiente”. “Era una cuestión solo de abrir los ojos y mirar para Europa”, ha manifestado.

Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sindo Guinarte, que también ha insistido en que lo “adecuado” para la gestión de la tasa sería que estuviese en manos de la Atriga. Aunque ha valorado positivamente este impuesto, ha lamentado “falta de diálogo con el sector”.

“Chapuza improvisada”

Mientras, el portavoz popular, Borja Verea, ha asegurado que seguirán defendiendo una tasa “dialogada, consensuada y participada por el sector”, pero ha cuestionado “a dónde se van a dedicar todos esos fondos”.

En este sentido, ha preguntado si el consistorio municipal está “organizado internamente” para gestionar este impuesto. En esta línea, ha afirmado que en el expediente de tesorería se recoge que el nuevo ingreso exige “más personal”, así como que la comprobación del mismo es “una quimera”. “Todo parece indicar que hay muchas prisas para tener aquí lo que parece una chapuza improvisada para intentar tapar el circo habitual al que nos tienen acostumbrados”, ha aseverado.

A continuación, el edil de Facenda, Manuel César Vila, ha recordado que la ley ya prevé que “el 80% de la recaudación, descontando los costes de gestión, tiene que dedicarse a cosas concretas”. También ha apuntado que “desde hace tiempo” han mantenido reuniones con las organizaciones del sector para ver “cómo se puede gestionar de la mejor forma esta tasa” y cómo se destinarán los recursos.

En cuanto a la gestión por parte del Ayuntamiento, Manuel César ha señalado que lleva “meses trabajando en lo que va a ser el cobro” y ya existen “trabajos hechos para que desde el ayuntamiento, las organizaciones y establecimientos turísticos puedan hacer las autoliquidaciones que tienen que hacer anualmente”.

“Se facilita agrupar varios establecimientos si son del mismo propietario y se va a facilitar todo lo posible la gestión de la recarga que ustedes abdicaron en su gestión”, ha insistido.

Sin embargo, Borja Verea ha vuelto a pedir al ejecutivo local que responda “si era conocedor del informe de Tesorería que dice que a día de hoy la tasa es una quimera que se pueda gestionar con los recursos y la organización interna que tiene”.

Antes de la votación, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha reivindicado que es “un día histórico para Galicia” en el que Santiago “hace una demostración en la práctica de lo que significa ser capital”, un interés, ha añadido, “que va más allá de lo local”.

Se trata, ha dicho, de una ordenanza “pionera”, un impuesto que “pagarán las personas visitantes que usan los alojamientos por motivos turísticos para equilibrar los costes”.

Del mismo modo, Sanmartín ha defendido que ha habido diálogo con el sector y ha apuntado que lo que “le fastidiaba” a Unión Hotelera es que “no sea la Atriga quien lo gestione y que la Xunta asumiese sus responsabilidades”. Además, ha afirmado que si se estableció una liquidación semestral fue “para facilitar su labor”.

Por último, la regidora compostelana ha aprovechado para señalar que esta ordenanza también tiene como objetivo “una toma de conciencia colectiva”, para ser “responsables de la huella ambiental, económica y humana” que se deja en los sitios que se visitan.