El Consello de Contas de Galicia detecta “importantes deficiencias” en contratos municipales en pandemia

El Consello de Contas de Galicia asegura que los contratos menores de las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y entidades menores- durante la pandemia presentan “importantes deficiencias”. Es una de las conclusiones de este órgano fiscalizado tras revisar los procedimientos de los ejercicios de 2019 y 2020, en el que incluye un apartado concreto sobrela contratación de emergencia derivada de la crisis sanitaria.

El informe incluye a 360 entidades locales de Galicia. Las críticas de Contas se centran en que no se cumplió con la obligación legal de publicar los contratos, que el uso de la vía de emergencia no está justificada en todos los casos y que en ocho de cada diez ocasiones no fueron invitadas más empresas a participar en el proceso para la contratación, en el que solo hubo contacto con las adjudicatarias.

En la plataforma de rendición de cuentas figuran de 33.454 expedientes relacionados con contratos menores del sector público local en 2020. El importe conjunto es de 11 millones de euros. Pero se han seleccionado las que Contas entiende que, por el objeto descrito, están relacionadas con la COVID-19. Son 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones.

Todos ellos cumplieron, según el órgano fiscalizador, el umbral establecido para los contratos menores. Sin embargo, se incumplen otras obligaciones legales: solo el 58,1% se publican en el perfil del contratante. El mismo porcentaje recoge con qué objeto se formalizó el contrato. Menos del 60% indicaron el precio de adjudicación y solo el 56,49% identificaron al contratista.

Contas añade que solo en el 20,51% de los expedientes se invitó a varias empresas. La conformidad de la prestación se manifiesta en menos del 75% de los contratos. En unos ocho de cada diez no consta la declaración responsable.

El órgano fiscalizador detecta numerosos expedientes en los que la relación entre el objeto del contrato y la actividad de la empresa adjudicataria es “dudosa”. La finalidad de esos contratos era fundamentalmente adquirir mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes y EPI. Entre los objetos sociales de las empresas destacan la elaboración y distribución publicitaria, las instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra venta de valores mobiliarios, educación secundaria técnica y profesional y actividades de administración pública.