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La interminable guerra civil de la patronal gallega: los empresarios siguen sin encontrar un presidente para todos

Los dos candidatos a las últimas elecciones de la CEG, José Manuel Díaz y Pedro Rey, en el centro, y los cuatro presidentes de las confederaciones provinciales

Tras años de luchas internas, una sucesión de presidentes incapaces de acabar su mandato y con el bastón de mando sin dueño desde enero de 2018, el pasado martes, 24 de noviembre, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) anunciaba la paz en el seno de la organización. La patronal gallega informó aquel día en un comunicado de que José Manuel Díaz Barreiros había salido elegido por aclamación para liderar a los empresarios gallegos. Cinco minutos antes de que empezase la asamblea general electoral en su versión presencial, y con la votación telemática ya casi cerrada, anunció un acuerdo con el otro candidato, Pedro Rey, quien se retiró de la lid.

La tranquilidad duró 48 horas. Díaz Barreiros desayunó al día siguiente de su elección con informaciones sobre su empresa -una gestoría en Ourense, de donde es originario- que no fueron plato de gusto y conoció a lo largo del día que cuatro asociaciones integradas en la CEG habían presentado escritos para pedir aclaraciones sobre el proceso electoral. El jueves presentó su dimisión, en un giro de guion que causó sorpresa en el norte y el sur de la patronal y que vuelve a tensar su vida interna.

La organización deberá ahora convocar unas nuevas elecciones. Serán las séptimas en ocho años y pocos de los protagonistas ven alcanzable una candidatura de consenso que venga a poner fin al conflicto. Algunos van más allá. Jorge Cebreiros, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra -una de las asociaciones que pidió el acta electoral del día 24 de noviembre-, considera que es "una utopía": "¿Quién va a querer dar el paso?". Cree que "el daño" generado en este proceso deja a la CEG en una situación "mucho peor" de la que tenían.

Las diferencias dentro de la patronal empezaron a salir a la superficie en 2013. Ese año abandonó la presidencia, tras 12 años en el cargo, Antonio Fontenla, un empresario coruñés del sector de la construcción. En las elecciones de julio salió elegido José Manuel Fernández Alvariño, hasta entonces presidente de la patronal pontevedresa y propietario, entre otras empresas, de concesionarios de automóviles. Fue el único candidato, pero 53 de los 165 votos que se emitieron mostraron una disconformidad que se tradujo en dificultades en su mandato y un bloqueo de las cuentas. Alvariño convocó elecciones anticipadas para enero de 2016, a las que no se presentó.

En esa cita se enfrentaron el entonces presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal, y otro ourensano, de una asociación sectorial de empresas de enseñanza, Antonio Dieter Moure. Con el crucial apoyo de la confederación coruñesa, dirigida hasta la actualidad por Fontenla sin interrupciones desde el año 2000, salió elegido este último. Su mandato estuvo lejos de agotarse y dimitió en octubre de ese mismo año. En enero de 2017 le dio el relevo Antón Arias, un candidato que se presentó cuando se daba por hecho que no habría aspirantes. Era el vicepresidente de la patronal coruñesa y los empresarios del sur recibieron mal a un líder que interpretaron que venía de la mano de Fontenla.

Críticas a Fontenla

Entre quienes atacan frontalmente el papel del expresidente de la patronal gallega y máximo responsable de la confederación coruñesa está otro expresidente, Antonio Dieter Moure: "Fontenla tiene que irse". Opina que "la CEG es una república bananera" y que "la democracia es contraria" a su forma de funcionar actual. Acusa a Fontenla y sus afines de querer dejar la confederación gallega "en la mínima expresión" y llevar los proyectos a las provinciales, que "están muy ahogadas, salvo la de Pontevedra". Pide "dejar paso a los jóvenes". Moure firma otro de los escritos que piden aclaraciones sobre las elecciones del 24 de noviembre. El tercero está rubricado por el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, y el cuarto es de Cegasal, una asociación de centros especiales de empleo.

El mandato de Antón Arias duró un año y, desde que él renunció, en enero de 2018, la presidencia de la CEG está vacante. Hubo dos convocatorias de elecciones fallidas, a las que no se presentaron candidatos, y Fontenla comenzó a actuar como portavoz interino de la patronal gallega. Fuentes próximas a él señalan que aspiraba a descansar a partir de ahora y que también le sorprendió la dimisión de Díaz Barreiros. Interpretan la actitud de las asociaciones que han trasladado sus dudas sobre el proceso electoral como una incapacidad para permitir que otros asuman la dirección de la organización.

El alejamiento de Pontevedra

Estos conflictos internos enquistados han tenido derivadas en los últimos años. La "dinámica de autodestrucción" que Jorge Cebreiros ve en la CEG llevó a la patronal de Pontevedra a dejar de participar en los órganos directivos gallegos en 2019. El lunes un comité directivo hará "una primera reflexión" sobre la situación actual. Por el momento, destaca que la Xunta ya ha identificado proyectos tractores para solicitar las ayudas europeas para la reconstrucción y que los trabajos para aspirar a estos fondos encuentran a la patronal sumida en otro capítulo de su guerra civil.

El presidente de la confederación de Pontevedra es pesimista respecto al futuro, pero otras voces, como la del responsable de la patronal en Lugo, Jaime López, animan a "estar a la altura del empresariado gallego". Considera que la dimisión de Díaz Barreiros deja una situación "compleja", pero que "demuestra que la organización está viva". "Hay que abandonar las batallas internas que no conducen a nada", reclama. Como representante de los empresarios de Ourense, Marisol Nóvoa, se limita a trasladar su respeto por la decisión "personal" del recién dimitido presidente y a esperar al resultado de un nuevo proceso electoral.

Una vez se reúna la junta directiva, la nueva cita tendrá que fijarse en un plazo de no menos de 40 días, pero pueden acordar la fecha que consideren oportuna.

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Publicado el
27 de noviembre de 2020 - 22:48 h

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