El exconselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, que dimitió el pasado mes de junio tras ser denunciado por agresión sexual, ha prestado declaración como investigado en el juzgado de Ferrol que lleva el caso. Según adelantó La Voz de Galicia y confirmaron a elDiario.es fuentes judiciales, esa declaración se produjo hace unas semanas. La instrucción continúa ahora su curso con las diligencias correspondientes y en los tiempos ordinarios, según las mismas fuentes.
Villares dimitió entre los aplausos de su equipo la tarde del pasado día 5 de junio. Lo hizo por una situación que, en su comparecencia sin preguntas, trató de ceñir a la “esfera estrictamente personal”, pero cuyas causas no tardó en aclarar el propio Gobierno gallego, que también confirmó el nombre de la denunciante. En las horas siguientes a la despedida del ya exconselleiro, sus compañeros de gabinete se lanzaron las redes sociales para respaldar al que acababa de dejar de ser su compañero, pero seguía siendo su “amigo” —así lo afirmó, por ejemplo, el titular de Cultura, José López Campos, otro habitual en las rutas ciclistas con el presidente de la Xunta— y para el que sólo tenían “buenas palabras”, como afirmaron tanto Ángeles Vázquez, al frente de Medio Ambiente, como la responsable de las políticas de igualdad, Fabiola García. El único que no participó en esta campaña fue el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sin perfil en X ni Instagram.
Esa misma tarde llegó el primer respaldo público de Alfonso Rueda. En un acto en Pontevedra pidió rapidez a la Justicia y aseguró que confiaba en poder recuperarlo para la vida política, una forma de mostrar confianza en su inocencia. Al día siguiente, en la toma de posesión de la nueva conselleira de Mar —Marta Villaverde, hasta ese momento directora xeral y una de las que aplaudieron a Villares en su comparecencia—, Rueda dio las gracias a Villares por su trabajo y se fundió con él en un abrazo ante las cámaras. Un día después, justificaba el gesto: abrazar al conselleiro que acaba de salir del Gobierno por una acusación de agresión sexual pretendía ser “un agradecimiento a su labor”.
Como él mismo confirmó poco después, el presidente gallego conocía la acusación contra Villares desde cuatro meses antes, en febrero. La supuesta agresión —que incluye, según la denunciante, un presunto uso de sumisión química— tuvo lugar a finales de diciembre de 2024 y la denuncia se presentó a principios de enero. El juzgado que la recibió la pasó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la condición de aforado que tenía el conselleiro. En febrero, la policía lo llama para declarar y, tras acudir a hacerlo, es cuando le comunica la situación a Rueda. “Yo le dije: 'Muy bien, cualquier pronunciamiento a partir de ahora, cualquier nuevo movimiento, me informas'”.
Ese “nuevo movimiento” llegó el 30 de mayo, cuando una comunicación del TSXG preguntó a la Xunta por la situación de aforado de Villares. Cuatro días después, el alto tribunal le confirmaba su imputación. Al siguiente, dimitió como conselleiro, lo que le hizo perder la condición de aforado y devolvió el caso al Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol. Villares, que también se dio de baja “temporalmente” del PP, ejerce desde entonces como veterinario de la Xunta en Viveiro, en la Mariña lucense, a pocos kilómetros del municipio de Cervo, del que fue alcalde hasta su fichaje por Rueda para la Xunta.