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Feijóo ve “discriminación” a Galicia en traspasos de competencias mientras Casado proclama que “no se pueden transferir” más

Feijóo y Pablo Casado, durante un paseo preelectoral por Ferrol el pasado marzo

David Lombao

Los mensajes de precampaña del PP vuelven colidir en Galicia con los mensajes de precampaña del propio Partido Popular. El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante esta semana en la Diputación Permanente del Congreso algunos de sus decretos de contenido social y de inevitable aroma preelectoral, como el que garantiza la prolongación de los permisos de paternidad. Para hacerlo ha sido crucial el voto del PNV, que a su vez logró agilizar las negociaciones de cuatro traspasos de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979, entre ellas los relativos a los 77 kilómetros y medio de la autopista AP-68 que transcurren por Euskadi.

La próxima semana los gobiernos español y vasco se sentarán a la mesa de la Comisión Mixta para avanzar en las transferencias, un hecho que ha servido para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya vuelto a alertar sobre lo que considera un nuevo agravio del Ejecutivo del PSOE a Galicia. Entre referencias a Arnaldo Otegi y EH-Bildu, omnipresentes en sus intervenciones públicas desde hace semanas, Feijóo ha calificado los inminentes avances en el autogobierno vasco como una “discriminación injustificable” para Galicia que, ha recordado, sigue esperando por la transferencia de competencias sobre la AP-9. No en vano, la Xunta no recibe competencias nuevas desde hace más de diez años.

Las protestas de Feijóo han coincidido en el tiempo con otro discurso del presidente del PP, Pablo Casado, en clave nacionalista de manera más o menos genérica, pero también con aspectos más concretos. “España no puede transferir más competencias a las comunidades autónomas”, proclamó en un mensaje también incluido en las ideas fuerza de la jornada divulgadas desde el propio PP.

Y, ¿por qué “España” ya no “puede transferir” más? Porque “esto ya no se aguanta”, argumenta. “Somos el país más descentralizado de nuestra entorno”, dijo Casado sin más concreción y por eso “no hay que reforzar a las autonomías, sobre todo a las desleales”, sino que hay que “reforzar el Estado”, señaló estableciendo una diferencia entre este y las comunidades autónomas. Porque “hay que reforzar la nación”, zanjó.

La década en blanco del autogobierno gallego

La realización de las intenciones de Casado en el caso de llegar al Gobierno de España después del 28 de abril supondrían, a efectos prácticos, profundizar en la parálisis del avance del autogobierno que, en el caso gallego, dura ya una década. Concretamente, desde las últimas transferencias firmadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la Xunta de PSdeG y BNG en el verano de 2008.

Desde entonces poco más ha habido que gestos y acuerdos que, excepto excepciones, se han dado de bruces contra el muro del Congreso de los Diputados y del Gobierno central. Paradigma de esto es el traspaso de la autopista AP-9, solicitado tres veces unánimemente por el Parlamento gallego y bloqueado durante dos años por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante una utilización forzada del artículo 134.6 de la Constitución basada en estimaciones económicas que no se correspondían con la realidad.

El bloqueo a la ley del traspaso fue anulado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura que desalojó a Rajoy y a mediados del pasado diciembre el Congreso aprobó con una holgada mayoría -sólo Ciudadanos se opuso- el inicio del proceso para aprobarla. En el último pleno de la legislatura incluso fue aprobada, a instancias de En Marea, una tramitación urgente de la iniciativa, si bien poco después esta formación recibió una respuesta escrita del Ministerio de Fomento en la que se enfriaban las expectativas de que el traspaso llegara a concretarse -si es aprobada la ley del traspaso, que seguirá 'viva' en el Congreso en la próxima legislatura, después Xunta y Gobierno central tienen que negociar los términos concretos de la operación-.

Todas estas variables confluyen en el mapa político a las puertas de la campaña del 28A. El PP asegura en Galicia quieren tantos traspasos como consigan otras autonomías -ahora, la vasca- mientras Casado proclama que el tiempo de las transferencias ha tocado a su fin. El PSdeG replica a las prisas de Feijóo advirtiéndolo de que tuvo “siete años” para acelerar el proceso de la mano de Rajoy, En Marea y En Común-Podemos aseguran que defenderán la transferencia de la AP-9 si obtienen representación y el BNG advierte de que sólo su regreso al Congreso garantiza la vigencia de esa reivindicación. El período en blanco para el autogobierno gallego va camino de los once años.

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