La Fiscalía pacta penas que no implican ingreso en prisión para una red que explotaba a inmigrantes en Lugo

La Fiscalía de Lugo ha alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones particulares y defensas de los acusados en la llamada 'Operación Pollo', de modo que la mayor de las penas será de dos años, una condena con la que el juez puede decidir que no haya ingreso en prisión. Dentro de la trama están acusadas 18 personas por traer ciudadanos de Marruecos para trabajar en granjas de pollos de la provincia de Lugo en condiciones de explotación laboral. Para los cabecillas el ministerio público pedía penas de 44 y casi 20 años de cárcel.

La vista está programada para el próximo 4 de mayo en la Audiencia Provincial de Lugo. Ahí deberá confirmarse el acuerdo que hará que los acusados sean condenados a penas que prisión que llegan, como máximo, a dos años. La Fiscalía considera que este acuerdo a la baja supone una condena “en términos razonables” de los responsables de la red, dado el tiempo transcurrido, la gravedad de sus comportamientos“ y que han consignado ”cantidades económicas relevantes para reparar el daño“. Las víctimas serán indemnizadas con cantidades ”que las acusaciones particulares han considerado adecuadas“ y que oscilan entre los 1.000 y los 3.100 euros.

El acuerdo se alcanzó tras meses de negociaciones y evita, argumenta el ministerio público, una vista oral que se prolongaría durante semanas porque hay 30 partes personadas y estaban llamadas a declarar más de 100 personas. El pacto no incluye al principal acusado de la denominada 'operación Pollo'', que es M.C., fugado tras salir de prisión. Si es localizado, se podrá celebrar el juicio contra él.

El escrito de acusación que la Fiscalía redactó en 2019 exponía que los hechos se produjeron entre 2006 y 2008. M.C. “se dedicó a organizar y facilitar” que ciudadanos marroquíes entrasen en España. Para ello, les cobraba entre 8.000 y 14.000 euros a cambio de obtener la documentación. El acusado prometía “a sabiendas de su falsedad”, que cobrarían un salario elevado y que podrían amortizar el pago inicial rápidamente.

La Fiscalía señala que para reunir el dinero, el trabajador y su familia “se veían obligados a realizar gravísimos esfuerzos económicos que incluían la venta de sus propiedades”. El acusado había contactado en Lugo con C.O.R., un empresario español del sector agropecuario que conocía a ganaderos de la zona de Castro de Rei. Ambos “se propusieron enriquecerse captando extranjeros dispuestos a pagar dinero a cambio de trabajar en España”. Cuando los inmigrantes llegaban a su destino, eran dados de alta a media jornada en la Seguridad Social, pero trabajaban hasta 14 horas diarias. Solo tenían un día a la semana de descanso y no se les daban vacaciones. El escrito añade que los acusados negaban a los inmigrantes los medios más básicos para desarrollar su trabajo en condiciones de higiene y salubridad, “ya que incluso ejercían descalzos”.

En mayo de 2008, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo autorizó la entrada y registro de un domicilio de la capital provincial donde, según los indicios, estaban alojados algunos de los trabajadores. A raíz de esto fueron detenidos varios de los acusados, entre ellos M.C., que permaneció en prisión hasta octubre de 2009, aunque actualmente se encuentra en paradero desconocido.