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Frente político del PP para defender la macrocelulosa de Altri: “Es la mayor inversión en Lugo en los últimos 50 años”

El alcalde de Palas de Rei y la presidenta provincial del PP en Lugo atienden a los medios entre pancartas contra la macrocelulosa

Luís Pardo

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Un mes después de las elecciones autonómicas en las que revalidó su mayoría absoluta, el PP gallego ha iniciado una ofensiva política con la que pretende frenar el rechazo de vecinos y ecologistas a la implantación en Palas de Rei (Lugo) de una macrocelulosa que había sido anunciada, inicialmente, como una fábrica de biofibras. El proyecto, en exposición pública, demuestra que la planta de Greenfiber producirá al año el doble de toneladas de celulosa que de lyocell, para lo que necesitará devorar ingentes recursos naturales. El movimiento de los populares coincide con la ronda de charlas informativas que la empresa celebrará por la comarca da Ulloa para tratar de apaciguar unos ánimos cada vez más encendidos.

La primera en mover ficha ha sido la presidenta provincial del partido. Este lunes, Elena Candia se volvía a caer de las quinielas y otra vez se quedaba fuera del gobierno de la Xunta. Tras ser reelegida vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia en la sesión de inicio de la legislatura, no tardó ni 24 horas en plantarse en la plaza del ayuntamiento de Palas de Rei, acompañada de alcaldes y portavoces de la zona, para romper una lanza en favor del plan que Altri ha bautizado como “Proyecto Gama”. Su comparecencia ante la prensa tuvo como telón de fondo las pancartas de los colectivos que se oponen a la creación de la megaplanta.

Lo que Candia llevaba bajo el brazo era el anuncio de una iniciativa de apoyo a la implantación de una instalación, a la que -pese a las evidencias- se sigue refiriendo como “fábrica de fibras textiles”. Una moción que el PP llevará a los plenos de la Deputación y de los ayuntamientos de la comarca para “exigir” a todas las fuerzas políticas que se posicionen sobre “la creación de puestos de trabajo” en una factoría en la que se garantice “el cumplimiento de toda a normativa medioambiental, técnica y demás que sea de aplicación”.

El de los puestos de trabajo ha sido un argumento que se ha ido desinflando con el paso de los meses. Si inicialmente se anunciaba que la megafábrica crearía 2.500 puestos de trabajo directos, no tardó demasiado en rebajarse a los 1.500. La cifra la ofreció el exministro socialista José Blanco, uno de los padrinos del proyecto. Los vecinos señalan que, en los documentos oficiales sometidos a exposición, se recogen servicios para 200 empleados.

“Lo extraño sería que no hubiese voces discordantes”

Tras la introducción de la presidenta provincial, el peso recayó en el alcalde de Palas de Rei. Pablo Taboada, regidor desde 2011, recordó pronunciamientos previos como el de la Cámara autonómica -en 2022, cuando todavía se pensaba que la biofibra sería la principal actividad de la planta- antes de insistir en que querían que volviese a pasar por los plenos municipales “para escuchar a todas las fuerzas y su adhesión o no a este proyecto que supondrá un antes y un después”.

Taboada no podía evitar el tono triunfalista de quien lleva la lección bien aprendida. “Con una inversión de más de mil millones de euros, un proyecto de economía circular que va a cambiar el ritmo de vida de nuestros ciudadanos”. Pronunció entonces una frase lapidaria que repetiría en cuestión de minutos: “es la mayor inversión en la provincia en los últimos 50 años”. Por eso, “cumpliendo todas las garantías medioambientales la apoyaremos, sin lugar a dudas”.

Fue Taboada quien tuvo que afrontar entonces las preguntas de los periodistas sobre los temores de los vecinos, los ecologistas y hasta los trabajadores del mar de la lejana ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla del que la celulosa beberá 46 millones de litros de agua al día -tanto como toda la provincia de Lugo- para luego devolverle, “tratadas”, dos terceras partes, 30 millones de litros. Fue entonces cuanto tocó de nuevo tirar de manual.

Hasta cuatro veces recordó que la declaración de impacto ambiental está en período de exposición pública y que éste es el momento para presentar las alegaciones. En otras tantas ocasiones repitió que no les “molesta” la existencia de “voces discordantes”. “Lo extraño sería que no las hubiese”, afirmó, recordando la entidad del proyecto y recordó que la “restrictiva” legislación europea no le permitirá acceder a fondos Next Generation si no cumple estrictamente la legislación.

Pese a que, cuando funcione a pleno rendimiento, la factoría de Greenfiber producirá el doble de celulosa que de lyocell -400.000 frente a 200.000 toneladas al año, para los que necesitará 1,2 millones de toneladas de eucalipto-, el regidor también se refirió a la instalación en todo momento como una “planta de biofibras”. “Va a ser la primera de España y la segunda de Europa; la otra está en Austria y le diría a la gente que tenga dudas que se informe un poco de cómo está funcionando allí para después poder juzgar”.

Esa fue su vía de escape: como para él no es una celulosa, no tienen por qué preocuparse por las investigaciones que Altri -matriz de Greenfiber junto a la gallega Greenalia- está sufriendo en Portugal, su país de origen, por vertidos como el que llenó de espuma el río Tejo en 2018. “Desconozco si está investigada; esta va a ser la primera planta de biofibras en la Península”. Y ante la constatación de que va a producir más pasta de papel que tejido, de nuevo el mantra: “El proyecto está expuesto y es el más importante de la provincia de Lugo en los últimos 50 años”.

Ulloa Viva celebra las dudas

Además de por los periodistas, las palabras del alcalde eran seguidas con especial interés por los miembros de la plataforma Ulloa Viva que acudieron al acto político a mostrar su rechazo al proyecto. Tras la comparecencia, “celebraban” las “dudas” que por primera vez detectaron en los populares, al tiempo que agradecían que el regidor reconociese “por fin” la normalidad de que existan lo que él mismo definió como “voces discordantes”.

Ante este “cambio de actitud”, la plataforma volvió a reclamar a la Xunta que paralice la tramitación administrativa del proyecto Gama, ya que “desde el propio PP de Lugo aseguran que aún se están analizando los impactos en la zona y el mismo alcalde de Palas explicaba que estamos hablando de la primera fábrica de fibras textiles de España y la segunda de Europa”. Ante eso, recuerdan que el Diario Oficial de Galicia (DOG) “dice que Altri va a fabricar el doble de celulosa que de lyocell, por lo que estamos en realidad hablando de instalar la macrocelulosa más grande de Europa en el corazón de Galicia”.

Si realmente Candia quiere la “unanimidad”, la invitan a que paralice la tramitación administrativa para buscarla, tal y como señalan en un comunicado en el que recuerdan que, hasta ahora, los representantes de la Xunta se referían al proyecto como “estratégico, tractor, redondo y supersostenible”.

Y apuntan que, aunque los populares insistan en que el de Greenfiber es un “proyecto de economía circular” y que por eso pretendió captar 250 millones de euros de fondos europeos de ese Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), el propio ministro de Industria, Jordi Hereu, respondió en el Senado al lucense Xosé Manuel Barreiro que al que concurre ahora la planta es al PERTE de descarbonización industrial“.

Cinturón de árboles autóctonas

La ubicación de la macrocelulosa es otro de los caballos de batalla de la plataforma. Está previsto levantarla al lado del Camino Francés a Santiago -la principal de las rutas de peregrinación rumbo a Compostela- y a las puertas de la Serra do Careón, una Zona de Especial Conservación (ZEC) integrada en la Red Natura donde sobreviven varias especies vegetales únicas.

Taboada recordó que a lo largo de la Ruta Xacobea “hay estructuras industriales más grandes o pequeñas” y señaló la existencia de medidas correctoras, en realidad, un perímetro de árboles autóctonas. “Vamos a estudiarlas y, si se pueden mejorar, no nos negamos a ello”, admitió el regidor. Para Ulloa Viva, esto supone el reconocimiento de una afectación “desastrosa” para la actividad socioeconómica alrededor del Camino. Otro argumento, aseguran, para paralizar la tramitación del proyecto.

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