La ley gallega de universidades, ¿un 'copia y pega' de la andaluza?

El Gobierno andaluz es un invitado habitual en el Parlamento de Galicia. Así como en la pasada legislatura era muy frecuente que las peticiones de explicaciones por parte de la oposición terminaran en alusiones a José Luis Rodríguez Zapatero, en la actualidad es extraño el debate en el que los conservadores, ya sea por boca del presidente o a través de otro diputado o diputada, no terminan por censurar la política del Ejecutivo que preside el socialista José Antonio Griñán con el apoyo de Izquierda Unida. Así, por ejemplo, una crítica en materia de empleo formulada por Pachi Vázquez culmina en una alusión sobre los datos del paro en Andalucía, una propuesta presentada por AGE suele ser también rebatida desde el PP con una pregunta: “¿su modelo es Andalucía, donde gobiernan ustedes?”, suelen afirmar. Esas referencias a Andalucía no llegaron este martes al debate de totalidad de la Ley de Universidades. ¿Por que?

Una de las posibles causas la sugirió, precisamente, el portavoz de AGE en el debate, quien como sus compañeros de grupo suele aclarar que Alternativa no tiene asiento alguno en el Parlamento andaluz. Ramón Vázquez advirtió a los presentes que el texto remitido a la Cámara por el Gobierno gallego es, en buena medida, “un plagio a la baja” de la Ley Andaluza de Universidades. ¿Esto es cierto? Al menos en parte, sí. Una lectura de ambos textos legislativos permite comprobar que tienen redacciones muy parecidas en muchas partes y que en casi una decena de artículos existen párrafos exactamente iguales, en los que lo único que cambia es el orden en el que están situados o, simplemente, el idioma.

Así, por ejemplo, el artículo 14 de la ley gallega es idéntico al 7 de la andaluza. En ambos se estipulan los “requisitos específicos para las universidades privadas” y en los dos se explica, entre otros aspectos, que estos centros tienen que “asegurar que las normas de organización y funcionamiento por las que tiene que regirse la actividad y autonomía de la Universidad sean conformes con los principios constitucionales y respeten y garanticen, de forma plena y efectiva, el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio”.

Esto mismo sucede en el artículo 20, lo que regula la publicidad que pueden realizar las instituciones académicas. Como la Junta de Andalucía, la Xunta señala que “no podrán ser objeto de publicidad, comunicación comercial o promoción de las universidades, centros, enseñanzas o titulaciones universitarias que no cuenten con los requisitos necesarios para su creación y efectiva puesta en funcionamiento o impartición, o que perdieran su eficacia por revocación, falta de renovación o extinción.

Un poco más adelante, en el artículo 65.2, la ley andaluza señala que “los institutos universitarios de investigación podrán ser constituidos por una o más universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos de las Universidades”. Ese mismo precepto es posible encontrarlo en gallego en el artículo 24.3 de la ley que este martes se debatió en el Pazo del Hórreo. Lo mismo sucede entre el artículo 65.5 de Andalucía y el 25 de Galicia, el 59.3 y el 67-3, o entre el 87.2 y el 112.2, entre otros.