El Ministerio de Consumo ha enviado este lunes a la Xunta de Galicia el prometido archivo digital con los datos de las 9.647 viviendas de uso turístico (VUTS) que se anuncian de forma ilegal en la comunidad, ya que non incluyen su número de registro, tal y como obliga la Ley de Turismo de Galicia. En su visita del pasado 25 de abril al Ayuntamiento de Santiago, el ministro Pablo Bustinduy —que habló entonces de “más de 9.000 viviendas”— anunció que remitiría el listado completo al Gobierno gallego, al que ofreció entonces “toda la colaboración de su departamento” para intervenir en una “proliferación” de establecimientos que “está interfiriendo en el derecho de vivienda”. Los pisos que incumplen la normativa suponen el 61% de los 15.740 que se publicitan en Galicia.
Los datos han sido recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo del ministerio en las diferentes plataformas online. El hecho de que no cuenten en su anuncio con el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) o, en su defecto, con el código acreditativo de la presentación de la declaración responsable supone, según el departamento de Bustinduy, una infracción grave de la normativa. A ella se podrían sumar, además, otras irregularidades, por “la obligación de que las VUTs y su publicidad cumplan también lo estipulado en las normativas municipales”.
En su paso por la capital de Galicia, Bustinduy destacó que, frente a los 406 anuncios de pisos turísticos, el consistorio sólo había concedido 66 licencias, lo que supone que habría “más de 300 VUTs operando y anunciándose de manera irregular”.
Pontevedra, la que más
Pese al caso puntual de Santiago, Pontevedra es la provincia donde Consumo ha detectado “más pisos turísticos ilegales”. El archivo remitido a la Xunta incluye un desglose por provincias. En Pontevedra se han recopilado 7.138 anuncios de los que 4.560 no incluyen el número de licencia. En A Coruña son 3.538 de 5.921 los que incumplen. En Lugo hay 1.941 anuncios (1.135 sin licencia) y en Ourense 740 (414).
Junto al archivo recopilado por la Unidad de Análisis, el ministerio ha enviado una carta a la Xunta en la que le reitera el ofrecimiento de “toda la colaboración” y lo insta —como ya hizo, con escaso éxito, el propio Bustinduy en la capital gallega— a que colabore tanto con el Gobierno como con los ayuntamientos gallegos “en la lucha contra esta publicidad ilícita”. Según Consumo, la información trasladada al ejecutivo autonómico en ese archivo digital “puede facilitar la apertura de procedimientos por parte de la Xunta de Galicia para retirar estos anuncios, solicitar el cese de su actividad e, incluso, abrir posibles expedientes sancionadores”.