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GALICIA

La Xunta lleva una década prorrogando la gestión privada de sus barcos de Guardacostas por 6 millones al año

El Gobierno gallego los construyó y luego argumentó que carecía de personal para operarlos, pero nada ha hecho para formar funcionarios o convocar nuevas oposiciones

Remolcador 'Sebastián de Ocampo', propiedad de la Xunta pero privatizado a Remolcanosa y matriculado en Tenerife

Remolcador 'Sebastián de Ocampo', propiedad de la Xunta pero privatizado a Remolcanosa y matriculado en Tenerife GARDACOSTAS DE GALICIA

Los cuatro barcos que tiene en propiedad Gardacostas de Galicia, el cuerpo dependiente de la Consellería de Mar encargado de la vigilancia pesquera, el salvamento y la lucha contra la contaminación en aguas de la comunidad, son gestionados desde 2006 por la empresa privada Remolcanosa. El Gobierno gallego le ha venido prorrogando desde entonces sin convocar un nuevo concurso público un contrato con un coste para las arcas públicas de unos 6 millones de euros al año que la Xunta justificó en su momento argumentando que no disponía de funcionarios para operar sus propios barcos. Sin embargo, más de una década después de privatizar ese servicio, nada han hecho ninguno de los sucesivos gobiernos gallegos para formar personal propio o convocar oposiciones específicas y recuperar la operación directa de esos buques.

Tras la catástrofe del Prestige, en la que quedó en evidencia la escasez de recursos de la Xunta para afrontar una emergencia de ese calibre, el Gobierno gallego encargó la construcción de un remolcador de altura, el Sebastián de Ocampo, y de un buque de salvamento, el Irmáns García Nodal. Se botaron a principios de 2005 y, sumados al preexistente buque de enseñanza pesquera Valentín Paz Andrade y a la patrullera Paio Gómez Chariño, cedida por el Estado, los cuatro barcos pasaron a conformar la flota mayor de Gardacostas de Galicia, que cuenta también con una veintena de lanchas. Sin embargo, mientras las lanchas son tripuladas exclusivamente por personal de Gardacostas, que tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, los cuatro barcos mayores son operados por trabajadores de la empresa privada Remolcanosa, mientras que los guardacostas viajan en ellos como pasajeros, lo que limita su capacidad de libre disposición de los buques.

En 2005, al recibir los dos nuevos barcos, y a pesar de que su titularidad es pública, el entonces conselleiro, el popular Enrique López Veiga, decidió privatizar la gestión de los cuatro buques mayores y convocó un concurso. El bipartito PSdeG-BNG que comenzó a gobernar en la Xunta aquel verano modificó parcialmente las condiciones del concurso, pero mantuvo la privatización del servicio por, entonces, 5,3 millones al año. Los dos gobiernos argumentaron lo mismo en los expedientes de contratación: “La Administración no dispone de los medios necesarios para su mantenimiento y operatividad, además de que no existe en sus plantillas trabajadores cualificados para el desarrollo de las actuaciones”.

El concurso lo acabó ganando en 2006 la viguesa Remolcanosa, una de las principales empresas de remolcadores de Europa y origen del Grupo Nosa Terra XXI, presidido por José Silveira y propietario también de la naviera Elcano y del Hospital Povisa, también en Vigo, principal centro sanitario concertado de España. Aquel contrato tenía un plazo de validez de dos años, pero permitía que fuera ampliado por períodos similares por la Xunta sin convocar un nuevo concurso hasta un máximo de 25 años. Y así lo ha venido haciendo el Gobierno gallego desde entonces, con diversas prórrogas en las que también se han ido modificando ligeramente las condiciones del contrato, que asciende ahora a unos 6 millones de euros al año. La cantidad es similar a lo que cuestan los salarios de los aproximadamente doscientos miembros del departamento de Gardacostas.

A pesar de que el argumento que permitió la privatización del servicio fue que la Xunta no disponía de personal preparado para operar los barcos, en este tiempo los sucesivos gobiernos gallegos nada han hecho para dotarse de él. Ni convocaron oposiciones con las cualificaciones necesarias, ni formaron al personal del que ya dispone Gardacostas para que pudiera asumir la operación de los barcos. Por otra parte, trabajadores consultados por este diario aseguran que entre las alrededor de doscientas personas que forman el cuerpo de Gardacostas ya existe personal con la titulación necesaria para operar los barcos. Y destacan que buena parte del coste del contrato de gestión de los buques va destinado al pago de salarios de los trabajadores de Remolcanosa, ya que los barcos navegan poco. En ausencia de emergencias, Gardacostas centra su actividad en la inspección pesquera. En esas tareas, los barcos mayores permanecen amarrados durante varias semanas a un mismo puerto y los agentes desarrollan sus funciones en sus cercanías desplazándose a bordo de las embarcaciones auxiliares de menor tamaño de esos buques en vez de hacerlo en la veintena de lanchas de gestión directa de Gardacostas, que no siempre tienen personal suficiente para operar.

El Gobierno gallego argumenta que “durante los años de crisis la prioridad de la Xunta fue la de mantener estable el empleo público, por eso en la actualidad el número de empleados públicos de la Xunta es prácticamente el mismo que había a comienzos de 2008”. En materia de Gardacostas, la Consellería de Mar destaca que acaba de convocar oposiciones “con 20 nuevas plazas de agentes” y que es “la única comunidad autónoma que convoca oposición de este tipo, dado que es también la única comunidad con este servicio [de guardacostas]?. Sin embargo, ninguna de esas 20 plazas irá destinada a operar los buques privatizados del servicio sino a otras tareas. De hecho, segundo señalan fuentes sindicales, son plazas ya ocupadas por interinos, por lo que las oposiciones no supondrán incrementar el cuadro del personal de Gardacostas. Sobre las plazas concretas precisas para operar los barcos ahora privatizados, la Consellería argumenta que “se trata de unos puestos que requieren de una especialización de difícil cobertura a través del sistema de contratación pública en el caso de vacantes por enfermedad, por ejemplo”, argumento que extiende también al caso de los pilotos de los helicópteros del mismo servicio de Gardacostas.

Buques rematriculados en Canarias con ventajas fiscales

A pesar de que en más de una década la Xunta no ha sido capaz de recuperar la gestión pública de sus cuatro mayores barcos de Gardacostas, algo sí ha cambiado en estos diez años. Tanto el Sebastián de Ocampo, botado el 26 de enero de 2005, como el Irmáns García Nodal, botado el 19 de mayo de ese mismo año, nacieron matriculados en Galicia. Sin embargo, los barcos están ahora rematriculados en Tenerife, donde la Xunta y los trabajadores privados que los operan se benefician de ventajas fiscales. Frente a la matriculación de estos buques con gestión privatizada en Canarias, el resto de embarcaciones de Gardacostas de gestión directa pública están matriculadas en puertos gallegos.

La Xunta dice que el “traspaso de los barcos” al registro de Tenerife “supone en la actualidad un ahorro anual de cerca de 281.000 euros para las arcas públicas”. Ese registro en Canarias, admite la Xunta, permite que los trabajadores de Remolcanosa se encuentren “entre los más beneficiados, ya que tienen ventajas fiscales como reducciones en la declaración de IRPF”. La Consellería justifica que “en ese registro están dadas de alta las embarcaciones de Sasemar (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) del Ministerio de Fomento, porque cumplen las características legales para poder estar inscritas en él”.

El servicio de Gardacostas de Galicia no sólo tiene privatizada la gestión de sus cuatro mayores buques sino también de sus helicópteros. En 2005 el último gobierno de Fraga compró dos helicópteros en propiedad por 27 millones de euros y adjudicó su gestión a Inaer por 7,5 millones de euros al año. En 2012, después de prorrogar varias veces su gestión también sin concurso, y argumentando que los aparatos estaban envejeciendo, la Xunta se los vendió a Inaer, ahora perteneciente a la británica Babcock, a cambio de que rebajase el coste de su gestión a 6,1 millones al año hasta este 2017. El Consello de Contas, equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas estatal, criticó que la Xunta hiciera esas operaciones con un “trámite excepcional”, “omitiendo los procedimientos legalmente establecidos” y sin “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros sobre el precio de las futuras contrataciones”.

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