La Fiscalía del Estado aparta al fiscal jefe de Ourense e investiga el caso de su vivienda sin pagar
La Fiscalía General del Estado ha suspendido de funciones de manera cautelar al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en el marco de un expediente disciplinario que le abrió para aclarar la situación de su vivienda, cuyo alquiler asumió la Xunta desde 2004 hasta 2016 y que éste no abandonó ni pagó cuando el Gobierno gallego dejó de hacerlo. El propietario denunció ante la justicia el impago del alquiler por parte de la Xunta, pero ésta siguió abonando los gastos de los servicios del piso. Delgado tiene también abierto otro expediente disciplinario, junto con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, por abuso de autoridad en perjuicio de la exconcejal socialista Áurea Soto que había denunciado una supuesta ilegalidad urbanística del exalcalde popular Manuel Cabezas.
A pesar de contar con esos dos expedientes disciplinarios abiertos, la medida cautelar de su suspensión provisional de funciones por parte de la Fiscalía General del Estado se debe sólo, según fuentes fiscales, al caso de su vivienda, que explotó cuando un particular dueño del inmueble denunció ante la justicia a la Xunta por el impago desde 2016 del alquiler que venía asumiendo desde finales de 2004, cuando Delgado llegó a la fiscalía de Ourense. Tras dejar de pagar la Xunta el alquiler, que ascendía a unos 900 euros al mes, Delgado siguió ocupando el piso sin abonarlo él y al tiempo que el Gobierno gallego sí seguía pagando los gastos de servicios del mismo, y mientras el dueño no denunciaba su deuda hasta comienzos de 2018.
El Gobierno gallego justificó al tiempo dejar de pagar el alquiler porque ya no se daban las condiciones de 2004 -cuando se consideró como un incentivo para ocupar la fiscalía- y seguir pagando los gastos para que el fiscal no la pudiese acusar de coacciones. La Xunta también insinuó un acuerdo entre propietario y fiscal para seguir ocupando el piso a costa de la administración autonómica.
La situación del piso saltó a la luz pública después de que el fiscal se querellase contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una anciana que ocupaba otro inmueble de propiedad autonómica. A comienzos de este mes de abril el juez que instruía ese caso acordó su archivo porque consideró que la dejadez de la Xunta en el mantenimiento del inmueble no podía considerarse un delito de coacciones contra la inquilina.
Junto con el expediente disciplinario para aclarar la situación del piso que ahora lo aparta cautelarmente del cargo, Delgado también tiene abierto otro expediente que también afecta al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. Éste analiza el supuesto abuso de autoridad y dejación de funciones en su actuación en una denuncia presentada por la exconcejal socialista Áurea Soto contra el exalcalde popular Manuel Cabezas por supuestamente no reclamar para la administración local las cesiones urbanísticas a que estaban obligadas algunas promociones inmobiliarias. Los abogados de la exconcejal se quejaron tanto de la inacción del fiscal en el caso como de la actuación de Delgado contra ellos, lo que acabó implicando al fiscal superior, que encargó al propio Delgado la investigación de las denuncias presentadas por la actuación de la fiscalía en el caso.
