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Los Franco recurren la sentencia que confirma la titularidad pública del Pazo de Meirás argumentando que la ocupación fue “pacífica”

Vista de la puerta principal del Pazo de Meirás. EFE/Archivo

elDiario.es Galicia

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La familia Franco ha presentado, como había avanzado, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma que el Pazo de Meirás es del Estado. Ese mismo fallo, del 12 de febrero, abre la puerta a indemnizar a los descendientes del dictador por los gastos de mantenimiento desde la muerte de este, en 1975. Sus nietos utilizan ahora como argumentos que la Justicia admitió en segunda instancia que la ocupación del inmueble fue “pacífica” y que actuaron de “buena fe”.

En el escrito, informa Europa Press, los descendientes de Franco alegan que el fallo les reconoce la ocupación del inmueble “pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños” y de manera “exclusiva” durante más de 30 años, desde la muerte del dictador. De esto se sirven para reclamar que el pazo siga en sus manos. Pasó a su propiedad, alegan, por “usucapión extraordinaria”. Agregan que Estado reconoció al dictador “la condición de propietario” y que la administración se “desentendió” de la propiedad después de 1975.

Esta misma semana, el Gobierno central anunció que recurrirá también ante el Tribunal Supremo esta sentencia, algo que había rechazado hacer en un primer momento. La Abogacía del Estado afirma ahora que ha realizado “un estudio detallado de la sentencia que ha permitido apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda”. Uno de los que señala el Gobierno es que la sentencia dice que el Estado “había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador”. “De ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad”, añade.

También ha anunciado su intención de recurrir el Ayuntamiento de Sada, en el que se encuentra el Pazo de Meirás. Su alcalde, Benito Portela, había considerado la sentencia de la Audiencia provincial “injusta” e “incoherente” y había advertido de la posibilidad de que los Franco terminasen ganando “el partido y la liga” en el Supremo.

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